Tras cerca de un mes de negociaciones, los partidos dieron el visto bueno a la mayoría de propuestas de la Comisión para la Reconstrucción con el objetivo de diseñar la España poscoronavirus.
El texto con medidas sociales ha sido el único de los cuatro que no han salido adelante. Concretamente ha sido rechazado por 175 votos en contra, 172 a favor y una abstención.
❌ El #Pleno rechaza el Dictamen del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la #Reconstrucción Social y Económica. pic.twitter.com/Vf5XxFGKJB
— Congreso (@Congreso_Es) July 22, 2020
Sí que se han aprobado las medidas de sanidad, de reactivación económica y la Unión Europea. El paquete económico ha salido adelante tan solo por un voto, 169 votos a favor frente a 168 en contra y once abstenciones.
✅ El #Pleno aprueba el Dictamen del Grupo de Trabajo de Reactivación Económica de la Comisión para la #Reconstrucción Social y Económica.
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Las propuestas de sanidad y la Unión Europea han conseguido una mayoría más holgada. El PP ha votado a favor de las primeras después de que el Gobierno incluyera en la propuesta crear una Agencia Nacional de Salud con una unidad de seguimiento de pandemias y se nombre un representante en cada comunidad autónoma. El texto ha salido adelante con 156 votos a favor, 88 en contra y tres abstenciones. El bloque europeo es el que ha contado con un respaldo más amplio, 276 síes, 59 votos en contra y trece abstenciones.
Unos de los principales escollos en las negociaciones fueron los independentistas del País Vasco, EH Bildu, cuyos cinco diputados votaron en contra de todos los textos, así como la ultraderecha de Vox.
También fueron muy críticos y votaron en sentido negativo a las propuestas sociales algunos de los socios parlamentarios del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
Entre las más de 500 recomendaciones para salir de la crisis del coronavirus propuestas por la Comisión se encuentran planes de prevención, reservas estratégicas y planes de inversión en servicios públicos, además de ayudas económicas y nuevas leyes para fomentar el teletrabajo y la flexibilidad del horario laboral.
