Los votos de los residentes se habrían encontrado con varias "dificultades", tal y como señala el informe remitido por el presidente de la Sociedad Estatal de Correos, Juan Manuel Serrano, a la Junta Electoral Central, al que ha tenido acceso la Agencia EFE. De este informe se deduce que los gallegos y vascos residentes en Cuba y Venezuela no pudieron ejercer su derecho al sufragio porque no se pudieron completar los envíos debido a problemas en los servicios postales de estos países, derivados de la pandemia del coronavirus.
En Cuba, según señala Correos en su documentación, "las dificultades derivadas de la ausencia de transportes y de la falta de distribución en destino", así como "las trabas continuas expresadas por el correo postal cubano y sus exigencias de comunicación por vías diplomáticas", hicieron imposible la entrega de la documentación. Se sopesó recurrir a terceros países, pero se descartó y se optó por hablar "al más alto nivel" con operadores privados, que acabaron confirmando que era imposible llevar a cabo la distribución.
Por lo que respecta a Venezuela los envíos ni siquiera salieron del aeropuerto de Madrid – Barajas. La admisión de paquetería y correspondencia se cerró en el país el 19 de marzo. Tal y como apunta el informe, Correos intentó recurrir a terceros países e incluso usar "vuelos humanitarios" entre La Habana y Caracas, opción que acabó desestimando.
Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, más de 75.000 ciudadanos se habrían visto afectados por estos problemas. En Cuba viven 41.772 gallegos y 1.041 vascos, mientras que en Venezuela residen 28.898 gallegos y 4.026 vascos.
El voto por correo es un servicio más que necesario para los españoles que residen en el extranjero. En total más de 460.000 gallegos y cerca de 76.000 vascos viven fuera de España.Correos afirma que pese a las dificultades acaecidas por la pandemia se han podido exportar 13.750 envíos a electores en países extranjeros, de los que 13.668 consiguieron llegar a sus destinatarios, recurriendo en varios casos a operadores privados, "aun cuando ello implicase un relevante incremento del coste económico y de gestión". Algo que no se consiguió con los residentes en Cuba y Venezuela.
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