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    Las familias de un edificio del barrio de Vallecas, en Madrid, se libran de ser expulsadas y esperan negociar un alquiler social en septiembre.

    Volvió a sonar después de la pandemia. El "¡Sí se puede!" que ha retumbado en España a lo largo de la década fue de nuevo el grito de guerra contra los desahucios. Esta vez, en un inmueble situado en la Calle de Callejo número 13 de Vallecas, barrio situado al sureste de Madrid.

    © Sputnik . Ruptly
    Activistas paralizan un desahucio en medio de la crisis de covid-19 en Madrid

    Hasta allí se habían trasladado decenas de personas el 21 de julio para evitar que las siete residentes fueran expulsadas. Algunos, incluso desde la noche previa. Aunque la mayoría fue arremolinándose en esta estrecha vía urbana a partir de las ocho de la mañana. A las 10, supuestamente, se produciría el llamado lanzamiento. Al final, se paralizó hasta el 4 de septiembre, con posibilidad de negociar entonces un alquiler social.

    "Muchas gracias a todo el mundo. No nos habríamos quedado si no fuera por vosotros", relataba conmocionada Lotta Tenttunen, inquilina de 31 años. A su lado, Angélica Nivar, de 18 e hija de Victoria Ogando, una mujer enferma que mandaba "besos" desde el hospital, incidía en el mensaje: "Estoy muy contenta. Tenía los pelos de punta. Me iba a dar un infarto", contaba a los asistentes, que la jaleaban con aplausos y ánimos. "No tengo palabras. Han sido días muy malos, insoportables. Solo queremos un alquiler social, y nos han dado un mes para poder negociarlo", confesaba a Sputnik.

    ​​La notificación les había llegado el día 10 de julio a través del juzgado de primera instancia número 100 de Madrid. Después de cinco años en este edificio, propiedad de la Sociedad de Gestión de los Activos Procedentes de la Restauración Bancaria (conocida como Sareb, una sociedad creada en 2012 con el crédito inmobiliario de cuatro entidades bancarias), las inquilinas se enfrentaban al posible desahucio. Uno de los primeros después del estado de alarma por el COVID-19, que se suma a la larga lista de ejecuciones en el país: en 2019, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, ascendieron a 54.006, un 9,5% menos que en 2018 y lejos de los más de 75.000 que se produjeron en 2012, el año más duro de la crisis económica. Para evitarlo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había convocado la concentración bajo el lema #CallejoSeQueda.

    • Una asistente al desahucio de Vallecas, en Madrid, esperando con la policía al fondo
      Una asistente al desahucio de Vallecas, en Madrid, esperando con la policía al fondo
      © Sputnik / Alberto García Palomo
    • Asunción Carbonell, de 65 años, asistente a la paralización del desahucio en Vallecas, un barrio del sureste de Madrid
      Asunción Carbonell, de 65 años, asistente a la paralización del desahucio en Vallecas, un barrio del sureste de Madrid
      © Sputnik / Alberto García Palomo
    • Protesta ante el desahucio de un piso en Vallecas, barrio del sur de Madrid
      Protesta ante el desahucio de un piso en Vallecas, barrio del sur de Madrid
      © Sputnik / Alberto García Palomo
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    © Sputnik / Alberto García Palomo
    Una asistente al desahucio de Vallecas, en Madrid, esperando con la policía al fondo

    "Una de las mujeres que vive aquí [la mencionada Victoria, de 45 años] está convaleciente de cinco operaciones del corazón", explicaba Diego Sanz, "las realojamos en 2014 porque estaba vacía y hemos intentado negociar desde entonces". "La Sareb no solo no ha atendido nuestra petición sino que ha pedido la intervención de la policía para facilitar el desalojo", añadía José Luís de la Flor, otro portavoz de PAH Vallecas.

    "Llevamos años diciendo que los desahucios sin una vivienda alternativa ponen en riesgo nuestras vidas, y este es solo el caso más reciente y más extremo por la gravedad de las operaciones que ha sufrido Victoria y por la situación sanitaria y social producto de la pandemia del COVID-19", reseñaba.

    A la cita se trasladaron varios miembros de las fuerzas de seguridad, dos mediadoras del Samur Social, algunos vigilantes de una empresa privada y el procurador. Durante las tres horas de estancia, con el tránsito cortado y un ambiente que pasaba de la tensión a lo lúdico, muchos de los congregados contaban sus impresiones. Asunción Carbonell, de 65 años, lleva nueve años de okupa en un piso de Orcasitas, otro distrito de Madrid. Le dieron una casa de protección oficial, pero en 2011 la compró un fondo de inversión, los denominados fondos buitre.

    "Por circunstancias de falta de trabajo, ya que no podíamos pagar, nos avisaron del desalojo. Mis hijos tenían entonces 3, 5 y 7 años. Me quedé en la calle con mis cosas dentro y tuve que meterme en otro sitio. Han llegado nueve órdenes de desahucio, pero estamos resistiendo. Lo que vale es la unión y la fuerza", advertía.

    Richard Rodríguez, de 48 años, repetía la consigna: "Luchamos por nuestros derechos. Por una nueva normalidad sin desahucios", apuntaba. Él y su mujer se quedaron en 2014 sin el piso que tenían. "Pagamos 550 euros desde 2007. Nos quedamos sin trabajo y no pudimos seguir. Vimos que había muchos pisos vacíos y nos decidimos a okupar, aunque sea muy difícil", rememora. Ahora, solo desea una mensualidad ajustada a sus recursos y abogar por una oferta habitacional asequible. Rodríguez cree que han conseguido mucho gracias a la colaboración ciudadana y se pregunta: "Si se desahucian las casas, ¿qué hacemos con la gente?".

    "Queremos un alquiler justo", coincide Mercedes López, de 28 años, vecina del barrio y trabajadora en "comercio exterior". Vive con su pareja y un hijo, luce un vientre de embarazada y le aceptaron un pago de 280 euros al mes en una vivienda del Sareb. Sin embargo, la cláusula se les acaba: "Si nos quitan esa cantidad, no sé qué vamos a hacer. Porque hay que comer y pagar el piso y cuando no tienes nada, vas a lo primero. Las cosas siguen muy mal", afirma. La observa Bárbara Molina, de 36 años: "Soy fija discontinua en hostelería y nunca he tenido una ayuda. Me arreglaron una vivienda vacía y no sé qué va a pasar", comenta.

    Kiko, un chico de 20 años, sigue desgañitándose a viva voz: "¡Vallecas, despierta, desahucian en tu puerta!", "¡Hay niños en la calle y no le importa a nadie!", repite frente al cerca de centenar de personas que dialogan, esperan con impaciencia o relajan la angustia con música.

    "Tenemos en Vallecas un problema histórico con la vivienda", apuntaba después de haber sido expulsado de un piso público por la venta a un fondo buitre. "Hemos padecido mucho la burbuja. Y se ha pasado de muchos propietarios a un oligopolio", reseñaba Paco Pérez, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento y anterior responsable de la Junta de Distrito.

    Gracias a él, asiente Kiko, se ha dotado de una alternativa a las familias sin casa. "Cuando estaba en el barrio nos proporcionó una casa", señala. Susana Jiménez, una de las tres "salvadas" del inmueble, de 40 años, destacaba que el esfuerzo por esta paralización era "mutuo". "El apoyo es colectivo. De gente que conoces o no y viene para que no te quiten la casa. No sé qué decir", expresaba antes de fundirse en un abrazo con el resto de las inquilinas: ni el COVID-19 ni una epidemia sanitaria que amenaza con regresar evitaron el contacto. Tampoco cesaron los alaridos de "¡Sí se puede!" que parecían olvidados, de otros tiempos.

    Dos inquilinas se abrazan tras paralizar el desahucio de su piso en Vallecas, al sur de Madrid
    © Sputnik / Alberto García Palomo
    Dos inquilinas se abrazan tras paralizar el desahucio de su piso en Vallecas, al sur de Madrid
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    Madrid, España, alquileres, pandemia de coronavirus, pandemia, derecho a la vivienda, precio de la vivienda, ley de vivienda, viviendas, desahucios
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