"Nos vemos obligados a dar un paso atrás para evitar volver en las próximas semanas a una situación de confinamiento total de la población. Pedimos máxima consciencia ante el riesgo y también que termine esta relajación que se dio entre los ciudadanos estas últimas semanas", afirmó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Cataluña, Meritxell Budó.
El gobierno regional no llegó a imponer un confinamiento perimetral de la segunda ciudad más grande de España, aunque advirtió que será el siguiente paso si el ritmo de nuevos contagios sigue acelerándose.
Estas se extenderán a una decena de municipios que rodean la capital catalana, entre ellos la vecina Hospitalet de Llobregat, Prat de Llobregat —donde se encuentra el aeropuerto de Barcelona—, Badalona o Sant Adrià del Besòs.
Las autoridades buscan reducir toda actividad social
Entre las restricciones que entrarán en vigor tras el aval judicial se encuentra:
- la prohibición de reuniones de más de 10 personas en lugares públicos y privados;
- el cierre de teatros, cines, discotecas y gimnasios.
También quedará limitado el aforo de todos los bares y restaurantes al 50% del habitual, mientras que se cancelarán o reducirán los espectáculos culturales y eventos deportivos.
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Aunque los comercios seguirán abiertos, todos aquellos que no presten servicios básicos como la alimentación o la farmacia deberán operar mediante un sistema de cita previa, un escenario que no se vivía en la ciudad desde que España estaba bajo estado de alarma.
El Gobierno catalán no tiene competencia para obligar a los ciudadanos a un confinamiento domiciliario pero buscan limitar al máximo el contacto social, tras constatar que es el origen de la mayoría de los contagios detectados recientemente.
"Recomendamos firmemente que la gente no se mueva si no es imprescindible", sostuvo la consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergès.
Las autoridades pidieron a los barceloneses que procedan a un confinamiento voluntario y que salgan solo para actividades esenciales como ir a trabajar, ir a comprar o desplazarse a un centro sanitario.
Vergés precisó que "la mayoría de personas se están contagiando en reuniones con familiares y amigos" y explicó que estas normas se prolongarán como mínimo durante dos semanas.
"Tenemos que ser conscientes de que el virus está entre nosotros, y es nuestra responsabilidad pararlo con las medidas que sean necesarias", afirmó por su parte la portavoz del Gobierno catalán.
Un nuevo golpe económico para Barcelona
La vuelta a restricciones que afectan especialmente al comercio, restauración y entorno cultural encendió las alarmas de los agentes sociales y económicos de Cataluña, cuya actividad se sostiene principalmente gracias al sector de los servicios.
"No son conscientes de lo que están haciendo, la economía no puede aguantar un nuevo rebrote", afirmó Canadell, tras reclamar un impulso de la detección de contagios frente a medidas "desastrosas" para la actividad económica.
El anuncio del Gobierno generó incertidumbre sobre la celebración de eventos culturales como conciertos, festivales u obras teatrales.
Una de las primeras víctimas de las restricciones fue la celebración del Día del Libro en Barcelona, festival que se celebra anualmente el 23 de junio y ya había quedado aplazado a julio por la pandemia, y que quedó definitivamente cancelado.
Se espera que todo tipo de eventos y espectáculos sigan el mismo camino en los próximos días, una situación que fue denunciada rápidamente por entidades culturales.
En un comunicado, la asociación de salas de Cataluña (ASACC) subrayó que "las salas de conciertos no son el origen de los rebrotes" e instó a las administraciones a hacer un seguimiento, en su lugar, de los encuentros para beber entre los jóvenes —conocidos en España como 'botellones'— así como las 'raves' o fiestas privadas ilegales.
Según apuntaron medios catalanes como La Vanguardia, el Ayuntamiento de Barcelona estaba en contra de algunas de las restricciones anunciadas por el Gobierno catalán y no se mostraba partidario de proponer el aislamiento de los ciudadanos.
En cambio, proponía medidas como prohibir las fiestas mayores de pueblos y ciudades, muy habituales en el periodo de verano, hasta finales del mes agosto.
"Hay una situación económica muy complicada en Barcelona y la ciudadanía nos pide coherencia en las medidas que adoptemos", afirmó en rueda de prensa la alcaldesa Colau poco después del anuncio del Gobierno.
La edil de la capital catalana constató que la mayoría de contagios se producen "en la vida de proximidad" en "encuentros, comidas y situaciones de ocio con amigos y familiares donde no se utiliza la mascarilla ni se respeta la distancia".
"Este es el elemento más clave de las recomendaciones: hagas lo que hagas, que sea con tu círculo más íntimo y las personas con las que convives cada día", afirmó Colau.
En el ámbito del comercio y los servicios, la alcaldesa pidió al Ejecutivo catalán "extremar el diálogo y proximidad" con sus representantes, de los que destacó el buen cumplimiento de las normas de higiene y distanciamiento hasta ahora.
Más de la mitad de los catalanes afectados
Cataluña y la vecina comunidad autónoma de Aragón son actualmente el principal foco de preocupación de las autoridades españolas, que contabilizan más de 150 rebrotes de COVID-19 desde que España salió del estado de alarma a finales de junio.
En el límite entre ambas regiones, al oeste de Barcelona, más de 160.000 habitantes de gran parte de la comarca de El Segrià, en la provincia de Lleida, viven en un confinamiento perimetral desde hace dos semanas.
Con la ampliación de medidas en estas zonas y los municipios del área Barcelona, hay alrededor de 4 millones de ciudadanos llamados a quedarse en casa para contener el virus.
Cataluña cuenta con 7,5 millones de habitantes y acumula 66.500 de los 258.000 contagios por coronavirus que se dieron en España en el transcurso de la pandemia.
Un total de 28.420 personas fallecieron a causa de la enfermedad COVID-19 a nivel nacional, casi 5.700 en la región catalana, según los datos del Gobierno español.
Sin embargo, los servicios funerarios de Cataluña llevan un recuento propio que eleva al doble, más de 12.600, las víctimas mortales del virus en esta comunidad autónoma.
