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    Rebrotes y la 'nueva normalidad' en España (119)
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    Cádiz pretende limitar la proliferación de pisos turísticos con una medida pionera, moratoria de un año a nuevas licencias. Aunque las competencias corresponden a la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos), el gobierno municipal afirma actuar en defensa de la ciudadanía, limitando la principal actividad empresarial de la ciudad.

    Cádiz es una de las joyas paisajísticas y culturales de España y esta veta la ha explotado siempre el turismo. Pero ahora, los apartamentos turísticos han creado nuevas condiciones de convivencia.

    La Catedral de Cádiz
    La Catedral de Cádiz

    Al igual que muchas otras ciudades de España, la tacita de plata viene batiendo desde 2013 récords de visitas turísticas. Ahora, pretende cambiar las reglas del juego y dar voz a los Ayuntamientos, por encima de los gobiernos autonómicos, y quiere hacerlo mirándose en el espejo de Ámsterdam. La capital holandesa desde el 1 de julio ha prohibido los alquileres vacacionales y Airbnb en sus barrios emblemáticos. En el resto de la ciudad, solo se podrá arrendar a viajeros 30 días por año.  

    Cádiz celebrará un Pleno Extraordinario el 21 de julio para reformar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para regular el uso turístico en suelo residencial a través de unos índices de saturación. El PGOU contemplará, si la propuesta sale adelante, la presencia de viviendas con fines turísticos, algo que hasta ahora no se registraba y cuya competencia era exclusivamente de las comunidades autónomas.

    Fuentes municipales confirman a Sputnik que, en las próximas semanas, dependiendo de tempos administrativos —en cualquier caso, en este verano— convocarán un Pleno Extraordinario para modificar la única herramienta con la que cuentan los Ayuntamientos para actuar en este ámbito: modificar el PGOU [Plan General de Ordenación Urbana]. Cádiz sería así la primera ciudad andaluza en conseguir una moratoria de un año, paralizando las licencias de apartamentos turísticos en suelo residencial.

    La iniciativa cuenta con el rechazo de la oposición, desde el PSOE hasta el PP, que acusa al gobierno de criminalizar a los gaditanos por los problemas que no sabe solucionar, "su responsabilidad es crear viviendas públicas", declara el popular Juancho Ortiz al respecto.

    Los techos de Cádiz
    Los techos de Cádiz

    Pero a la postura de la oposición política hay que sumar otro escollo para los del alcalde José María González Santos, Kichi de la confluencia por Cádiz: un informe de la Secretaría alerta sobre la suspensión de las licencias, ya que implicará altos costes a las arcas municipales por las indemnizaciones a promotores. Por otro lado, hay dudas sobre si el Gobierno municipal tiene competencias legales en la materia.

    La impotencia de los Ayuntamientos ante la proliferación de viviendas con fines turísticos y gentrificación en los barrios históricos la viven ciudades como Sevilla, Málaga y Granada. Legalmente, precisan de declarar las zonas como saturadas para que la Junta de Andalucía regule el mercado y la actividad.

    Sputnik ha contactado con Airbnb sobre esta situación, la empresa asegura estar creando nuevas vías de colaboración y transparencia, "a partir de 2020 se establecerá una línea de comunicación para que alcaldes y autoridades públicas de las ciudades puedan ponerse en contacto directo con Airbnb". La plataforma destaca acuerdos, como los vigentes con Barcelona, que "han ayudado a las autoridades a eliminar más de 5.000 anuncios", pero más allá de las viviendas ofertadas en su web sin licencia, el problema es la cantidad existente con licencia.

    En Cádiz, el trabajo de estudio para diagnosticar la saturación de los barrios ya ha sido realizado, aunque también, viene siendo objeto de críticas por sectores empresariales.

    El estudio municipal afirma que hay 1.224 viviendas oficialmente explotadas con fines turísticos, aunque a esto hay que añadir otras 285 que operan sin estar dadas de alta.

    "En Cádiz tenemos falta de suelo y mucho alquiler de temporada, además de viviendas vacías, y esto unido a la irrupción del fenómeno de las viviendas de alquiler con fines turísticos agrava las dificultades que encuentran algunos habitantes de la ciudad para acceder a una vivienda", afirma la concejala de Vivienda, Eva Tubío, en la presentación del informe.

    En todo momento, el gobierno defiende el interés vecinal y el derecho a la vivienda de los gaditanos, pero en estos momentos, en una ciudad eminentemente turísticas como es Cádiz, la medida encuentra detractores en las calles. "Yo no soy ninguna multinacional, soy una propietaria que compagina el alquiler del piso con su uso, precisamente porque mantener una vivienda en esta ciudad es caro", narra al teléfono Rosa María, propietaria que, a través de Airbnb, alquila su piso en vacaciones.

    "Yo entiendo que si hay saturación hay que regular el mercado, pero el problema habitacional de esta ciudad no se soluciona así. Si quitan los pisos turísticos, mañana habrá menos gente visitando Cádiz y habrá menos trabajo aún y la gente seguirá sin viviendas", opina Rosa, que lamenta que el gobierno enmascara con el turismo el verdadero problema de la ciudad, "que no es otro que la infravivienda, puede que el día de mañana tengamos una ciudad estupenda, pero puede que no haya de donde comer".

    Según el diagnóstico del Plan Municipal de Vivienda de Cádiz, en el casco histórico de la ciudad un 41% de las viviendas estaban en mal estado o en condiciones de infravivienda, en datos de 2011. Muchas de ellas han sido rehabilitadas y acondicionadas merced a la nueva oportunidad de mercado que ofrecen las viviendas con fines turísticos.

    "La vivienda turística ha ayudado mucho a regenerar todo el casco histórico, algo destacable porque aquí no tenemos grandes inversores, muchos rehabilitan su vivienda pagando con el alquiler, otros compran segundas viviendas y también hay extranjeros que invierten para tener la casa de su jubilación, pero en cualquier caso, dejarán un casco urbano rehabilitado", valora en una entrevista a Sputnik Luis López, Delegado de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA).

    El turismo o la nada

    Según el Urban Audit de 2018, Cádiz tenía un desempleo del 25,98% y entre los empleados, el sector servicio es esencial, los últimos datos de 2017 revelan que más del 74,69% trabajaba en este sector. Para más inri, hablamos de una población decreciente. La capital, merced a su insularidad, no crece y a la par, no deja de perder población por la migración y la baja natalidad. En este contexto, la ocupación turística es creciente y genera un desarrollo económico insustituible.

    "Teniendo en cuenta como es nuestra ciudad y la crisis por la que estamos pasando, no es el momento de tomar medidas de este tipo, cuando hablamos de que van a frenar la vivienda turística hablamos también de frenar el desarrollo turístico en general", reflexiona López, de AVVA.

    No obstante, desde el equipo de gobierno enfatizan la importancia de intervenir el mercado justo ahora que "estamos a las puertas de una nueva crisis social y económica. Cada semana llegan hasta PROCASA[la empresa de vivienda pública] familias que a día de hoy no les renuevan los contratos o intentan expulsarlos de sus fincas para convertirlas en apartamentos".

    Jesús Ruiz atiende a Sputnik en su descanso de tarde como camarero. Natural del barrio de San Juan, decidió conformar junto a otros 20 gaditanos la asociación Calle Viva para reclamar una ciudad sin gentrificación. "La propuesta del Ayuntamiento la vemos como un pequeño pasito, llevamos años presionando a las administraciones y años viendo cómo se degrada la ciudad. Perdemos 10.000 habitantes por década, principalmente por falta de acceso a la vivienda".

    Calle Viva denuncia la existencia de 1.600 viviendas turísticas (VFN) y una presión de 10 de ellas por cada 100 hogares en algunos barrios, "por un lado eso anula el uso social de la vivienda como tal, que pasa a ser objeto de mercado y por otro, lleva a una degradación de la convivencia vecinal".

    El alquiler, el nuevo campo de batalla

    Si en la de 2008 las ejecuciones por impago de hipoteca y los desahucios fueron uno de los síntomas más violentos, ahora, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), concentra gran parte del conflicto. Los juzgados gaditanos confirmaban el año pasado la tendencia, hay ya más desahucios por impagos de alquiler que por hipotecas, de los 1.427 lanzamientos ejecutados en 2019, 801 eran alquileres y la presión del sector turístico es un factor clave.

    "No es que estemos en contra del turismo, estamos en contra de este modelo depredador que nos priva del derecho a la ciudad", resume Jesús Ruiz; pero en cambio, "sin VFN no habría habido reactivación de la economía en la ciudad, es absurdo que es este gobierno quiera aplicar un plan y unos análisis de enero de 2020 a julio de 2020, la pandemia ha reconfigurado todo y en estos momentos somos esenciales", nos dice Luis López, cuya entidad, AVVA, agrupa al 30 % de la oferta turística de la capital y a 45.000 plazas de alojamiento en Andalucía.

    La encrucijada en la que se encuentra Cádiz, una ciudad insular con una de las mayores densidades de población (9.597 habitantes por kilómetro cuadrado) y una vivienda escasa y cara, a la par que las oportunidades de empleo son cada vez menores, es referente para muchas ciudades de España.

    Cádiz
    Cádiz

    ¿Cambiar de modelo, aferrarse al salvavidas económico a expensas del propio modo de vida, o simplemente adaptación a los tiempos y a los nuevos modelos de convivencia?

    Los apartamentos turísticos han invadido nuestras ciudades y eso, obviamente cambió las reglas del juego. Como no podía ser de otra manera, en Cádiz, esto lo cuentan los comparsistas del Carnaval, la mejor crónica y retrato de la región: "Brota un imperio De pisos vacacionales Que especulan en silencio Tras las multinacionales", canta el pasodoble de Germán Rendón, concluyendo con un "Sea bienvenido a Cádiz la ciudad Sin gaditanos". Esta musiquilla, debe sonar en la cabeza del alcalde José María González Kichi, mientras planea cambiar las reglas del turismo del siglo XXI.

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