El Consejo de Ministros aprueba el 7 de julio la extensión por dos meses más de las medidas del denominado "escudo social".
"Este Gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable y seguramente limitado pero sin precedentes en nuestro país", dijo en rueda de prensa el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Entre las medidas prorrogadas –extendidas ahora hasta el 30 de septiembre– se encuentran la prohibición de cortar los suministros de luz, gas o agua a familias vulnerables por impago o la capacidad de acogerse a una moratoria de la deuda hipotecaria.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha aprobado que los inquilinos en situación de vulnerabilidad puedan solicitar hasta el 30 de septiembre una moratoria, un aplazamiento o incluso la condonación del pago de la renta cuando el dueño sea un gran tenedor de la vivienda.
Otra de las medidas prorrogadas es la ampliación por seis meses de los contratos de alquiler que estén cerca de finalizar, una medida que busca evitar en estos momentos de crisis subidas de precios y los perjuicios derivados de tener que emprender una mudanza forzada.
En opinión del vicepresidente Iglesias, la extensión de estas medidas permitirán aliviar la presión sobre las familias, pero también actuarán como una forma de estimular la economía.
"Las medidas que aprobamos hoy no solamente responden a criterios de justicia social sino que también responden a una necesidad de eficacia económica que requiere sostener la demanda en nuestro país", afirmó.
"Cuando hablamos de no dejar a nadie atrás no solamente hablamos de justicia social, hablamos también de justicia económica", añadió.
La extensión de este "escudo social" contra las consecuencias de la crisis llega después de que el Gobierno anunciase ya una prórroga de las ayudas por cese de actividad, una figura a la que ya se acogieron más de tres millones de trabajadores, actuando como principal pilar de la protección social ante la crisis económica.
El pasado 24 de junio el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, puso como ejemplo a sus pares latinoamericanos el "escudo social" impulsado por su gabinete para frenar la desigualdad social.
