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    Toda España avanza en el proceso de desconfinamiento (185)
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    Este decreto regulará durante los próximos meses la "nueva normalidad" en la que ha entrado España desde el pasado 21 de junio cuando finalizó el estado de alarma.

    El decreto contó con el apoyo de una amplia mayoría, tras lograrse el apoyo del Partido Popular. 265 diputados votaron a favor, 77 en contra y 5 se abstuvieron. Vox, ERC, JxCat y EH Bildu votaron en contra. Estos últimos cuatro argumentaron que rechazaron el decreto porque se habría pactado con el PP y Ciudadanos, y no con ellos.

    El decreto de la "nueva normalidad" será tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia. En esta normativa se insiste en mantener las medidas de higiene, las distancias interpersonales y en el uso de mascarillas, además de reforzar la atención sanitaria en todo el país.

    Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España
    © AFP 2020 / José María Cuadrado Jiménez / La Moncloa
    El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó en sede parlamentaria que se trata de un conjunto de medidas "necesarias para hacer frente a cualquier brote que pudiera producirse" y que estas permanecerán vigentes "hasta que el Gobierno decrete el final de la emergencia sanitaria".

    Entre ellas se encuentra la obligación para las personas mayores de seis años de utilizar mascarilla en todos los espacios al aire libre o en cualquier espacio cerrado que sea de uso público.

    Así deberán proceder los ciudadanos españoles si quieren enfrentarse a sanciones económicas, y siempre que no resulte posible garantizar una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

    También será obligatorio utilizar mascarilla en los medios de transporte como aviones, trenes, metro y autobús, y también en vehículos privados si los ocupantes no viven en un mismo domicilio.

    Otra de las medidas aprobadas por el Congreso obliga a fabricantes y titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos "considerados esenciales en la gestión de la crisis" a comunicar sus existencias a la Agencia Española de Medicamentos.

    Deberán informar de la cantidad de fármacos que suministran cada semana, y de su previsión de liberación y recepción de lotes, para garantizar el abastecimiento en caso de que se produzca una nueva ola de COVID-19.

    El decreto obliga a trasladar a las autoridades de salud pública todos los datos que sean necesarios para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad, y establece que cada región deberá garantizar los profesionales sanitarios suficientes para hacer frente a nuevos brotes.

    Finalmente, el texto indica que "a todo caso sospechoso de COVID-19 "se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas",

    El decreto presentado por las formaciones del Gobierno español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, contó con el respaldo de la principal fuerza de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), además de la mayoría de partidos en la Cámara.

    Los populares apoyaron el proyecto pese a mantener un discurso con duras críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusaron de ocultar las cifras reales de fallecidos en España por la pandemia.

    Solo se pronunciaron en contra de la propuesta la ultraderecha de Vox, así como los independentistas de Cataluña y uno de los partidos nacionalistas del País Vasco.

    Por el contrario, votaron en sentido positivo los liberales de Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, además de otras formaciones regionales minoritarias.

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