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    Toda España avanza en el proceso de desconfinamiento (185)
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    Padres y madres de algunos colegios concertados en Madrid denuncian que en los centros educativos donde estudian sus hijos les han cobrado la mensualidad durante los meses de confinamiento y que ahora les exigen pagar una Tasa Covid y comprar un iPad para el curso que viene.

    Las denuncias han llegado a la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Su presidente, Camilo Jené, detalla las irregularidades que más han denunciado los padres.

    "Están pidiendo que las familias compren una iPad para realizar una enseñanza habitual con esa herramienta. El detalle es que obligan a los padres a comprarlo a un proveedor que ha elegido el propio centro, buscado por ellos y que tiene un acuerdo con ellos. Es algo totalmente ilegal porque la enseñanza básica en España es gratuita. Ningún centro educativo puede obligar a las familias a comprar un determinado producto y mucho menos que sea de una marca determinada. Es algo completamente ilegal que no se debe hacer, pero que se está haciendo y la administración lo está permitiendo", denuncia Jené.

    Además, Jené indica que, desde marzo, cuando se suspendieron las clases en todo el país, algunas escuelas concertadas han seguido cobrando la mensualidad sin darle ningún tipo de prestación a los alumnos.

    "Hay centros educativos que no solo han cobrado la cuota habitual de unos 180 euros, sino que la han incrementado y, en algunos casos, la han multiplicado por tres. Esas cuotas extras no son para la docencia, porque eso se paga con los fondos públicos de la nación, sino que las cobran por comedor, actividades extraescolares y por transporte, pero si no estás recibiendo ninguna de esas prestaciones ¿por qué las tienen que cobrar?", señala Jené.

    El Gobierno de coalición, que defiende y da prioridad a la enseñanza pública, detalló que de los 16.000 millones de euros no reembolsables que se le dará a las Comunidades Autónomas se debe dar prioridad a la inversión en sanidad y educación con unos 2.000 millones de euros para esta última.

    La presidenta de la Comunidad de Madrid pidió que haya "eficacia" de esos recursos, "contando con la concertada".

    "Entendemos que ese dinero público se le debería dar a aquellos centros que más lo necesiten y, nosotros vemos, que los que más lo necesitan son los públicos. El detalle es ¿en qué manos va a caer ese dinero que se va a repartir? Aquí, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid, sabemos que se está fomentando la privatización de la educación y nos da cierto miedo lo que podría ocurrir con ese dinero que dará el Gobierno de la nación. Lógicamente, si tuviésemos confianza en nuestros gobernantes educativos no nos preocuparíamos con lo que se haría con ese dinero, el problema es que esos gobernantes que apuestan por la privatización van a usa los recursos para eso", sostiene Jené.

    ¿Libertad de enseñanza o negocio?

    Los colegios concertados se establecieron en España desde 1985, durante el Gobierno de Felipe González, ante la necesidad de universalizar y alargar hasta los 16 años la enseñanza obligatoria y gratuita.

    Se sostiene que como no disponía de suficientes colegios públicos para realizarlo, ni los fondos suficientes para construir centros nuevos, optó por contar con los centros privados existentes, a los que pagó ciertos gastos, a cambio de que se integraran en el sistema público. Actualmente existen en el país unos 3.500 centros concertados, aproximadamente seis de cada diez pertenecen a la Iglesia católica o a fundaciones asociadas a ellas. El País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid concentran la mayor cantidad de estas escuelas semiprivadas.

    Los defensores del modelo concertado argumentan que para garantizar la libertad de enseñanza debe haber pluralidad de ofertas para que sean los padres los que decidan en qué centro educativo apuntar a su hijo. Otros, rechazan estos argumentos.

    "No hay libertad de elección de los padres. Lo que están haciendo las concertadas es elegir a las propias familias, porque al poner unas cuotas determinadas lo que están exigiéndole a las familias es que tengan un nivel económico determinado porque si hay alguna familia que no tenga ese dinero no podrá acceder a ese centro. Es falso que haya libertad de elección cuando solo las familias que tienen el dinero pueden elegir los centros educativos para sus hijos", sostiene Jené.

    Desde la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos solicitan a las autoridades se haga una controlaría sobre el dinero que ingresa a los colegios concertados desde el Estado y desde las familias para así garantizarle a todos los niños de España un derecho básico: la educación.

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