"Este Gobierno cree firmemente en el estado de las autonomías y a diferencia de lo ocurrido en otras crisis estamos ofreciendo recursos con los que el Gobierno se endeuda para ponerlos a disposición de las comunidades autónomas", explicó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Se trata de transferencias directas de dinero que no deben ser devueltas y que en su mayoría deberán destinarse a sufragar la sanidad pública, gestionada por las administraciones autonómicas.
En concreto, 9.000 millones de euros del fondo se destinarán a sufragar el gasto sanitario, mientras que 2.000 millones irán al sistema educativo y otros 5.000 se dedicarán a compensar la caída de impuestos propios de las comunidades autónomas.
Las transferencias se harán a través de cuatro pagos diferenciados entre julio y diciembre.
Según explicó María Jesús Montero, este fondo es "un balón de oxígeno" para las administraciones regionales ya que se trata de "la mayor transferencia de recursos aprobada por el Gobierno para las comunidades autónomas al margen de sistema de financiación".
Por el momento el Gobierno no ofreció el detalle de cómo se repartirá el dinero entre los distintos territorios, aunque sí adelantó que los fondos se distribuirán teniendo en cuenta tanto la población de las comunidades autónomas como el impacto de la crisis sanitaria.
Por ejemplo, los presidentes de algunas de las autonomías más afectadas por la epidemia como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón consideran injusto que un fondo dedicado a paliar los efectos del COVID-19 tenga en cuenta criterios de población en vez de limitarse a analizar el impacto sanitario.
"Me parece injusto y desacertado", dijo el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.
Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía —la comunidad más poblada de España— afirmó que no incluir criterios de población supondría "discriminar" a su territorio.
A la espera de que se hagan públicos los criterios definitivos de reparto, parece imposible que todos los territorios queden contentos, algo de lo que el Gobierno es consciente.
"La distribución de recursos en una España que es plural y diversa siempre entraña una gran complejidad", dijo María Jesús Montero tras ser preguntada por esta cuestión en rueda de prensa.
Además de la aprobación de estas transferencias a las comunidades autónomas, el Gobierno de España aprobó este 16 de junio el quinto y último tramo de las líneas de créditos extraordinarios a empresas y autónomos con motivo de la crisis del COVID-19.
En concreto, este último tramo es de 15.500 millones de euros, con lo que las líneas de crédito habilitadas ya supera los 52.000 millones de euros, la mayoría dirigida a pymes y autónomos.