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    MADRID (Sputnik) — La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, rechazó archivar la causa en la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación al autorizar las manifestaciones feministas del 8 de marzo ignorando presuntamente criterios sanitarios.

    Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la magistrada emitió este 9 de junio un auto en el que decide "desestimar los recursos de reforma formulados por la Abogacía del Estado y a los que se ha adherido parcialmente el Ministerio Fiscal en el marco del denominado como caso 8-M".

    La investigación intenta dilucidar si el Gobierno autorizó las marchas —en las que participaron más de 120.000 personas— por intereses políticos pese a ser conocedor de que suponían un riesgo sanitario en un momento en que España ya contaba con 600 casos de COVID-19 y una veintena de fallecidos.

    En su recurso, la Fiscalía pidió el archivo de la causa recordando la delegación del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria, por lo que no resulta razonable pedirle suspender una manifestación por ese motivo.

    Por su parte, la Abogacía del Estado se mostró más dura y llegó a afirmar que la investigación intenta crear una "causa general" con una "búsqueda voraz de indicios de delito" contra el Gobierno.

    Además, la Abogacía del Estado criticó duramente los informes elaborados por la Guardia Civil durante la instrucción, en los que se usan recortes de prensa e incluso bulos aparecidos en redes sociales para concluir que el Gobierno ignoró deliberadamente los indicios sobre la crisis sanitaria.

    En adición, este martes se conoció que un forense adjunto al juzgado de instrucción, que carece de conocimientos epidemiológicos, también elaboró un informe en el que se afirma que la crisis sanitaria "se veía venir".

    De hecho, el informe llega a afirmar que personas no imputadas en la causa como el ministro de Sanidad o el director del centro de alertas sanitarias eran conscientes del "gran riesgo de contagio" pero no alertaron de ello.

    "No hubo ninguna mano negra por más esfuerzo que se haga en encontrarla", dice el escrito de la Abogacía del Estado antes de concluir que Franco no puede ser culpable de prevaricación porque "lo que sería prevaricador sería haber prohibido el ejercicio de un derecho fundamental en esas circunstancias" ya que "en el entorno descrito no había nada que hiciera pensar que debía prohibirse una manifestación".

    Pese a la posición contraria de Fiscalía y Abogacía del Estado, la jueza instructora decidió este martes seguir adelante con la causa, por lo que Franco tendrá que ir a declarar a sede judicial este 10 de junio en calidad de imputado.

    Etiquetas:
    juicio, manifestaciones de protesta, manifestación, España
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