"Es un honor como vicepresidente de España presentar el anteproyecto de Ley integral a la Infancia y la Adolescencia frente a todo tipo de violencias", anunció en rueda de prensa el vicepresidente segundo de España y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Se trata de una ley cuyo anteproyecto fue aprobado en 2018, pero el resto de su tramitación quedó paralizada por las elecciones generales de 2019 y la pandemia del COVID-19.
Uno de los cambios que introduce es el deber de todos los ciudadanos de comunicar a las autoridades cualquier indicio de violencia contra niños, una obligación que incumbirá especialmente a los colectivos profesionales que trabajan con ellos.
En este sentido, todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura denominada "coordinador de bienestar y protección" que velará para prevenir y proteger a los menores de situaciones como el acoso escolar, las agresiones sexuales, la discriminación o el suicidio.
Además, la ley elimina una excepción que hasta ahora contemplaba la legislación española y obliga a los familiares cercanos a un agresor a denunciar cuando el delito sea contra un menor de 18 años.
Con estas modificaciones, el Gobierno quiere enfatizar que la violencia contra la infancia "no es un problema privado, sino un problema social", explicó Iglesias.
La normativa contempla todo tipo de actos violentos y se extiende al acoso por internet, con nuevos tipos delictivos que tienen el objetivo de impedir la impunidad.
Otra de las modificaciones importantes será el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, que comenzará a contar cuando la víctima haya cumplido los 30 años de edad.
El plazo actual en España se inicia cuando la persona supera la mayoría de edad a los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años más tarde, por lo que surgen situaciones en que las víctimas ya no pueden denunciar su caso.
Asimismo, se privará a los progenitores que hayan cometido asesinato del cónyuge de contar con la patria potestad de sus hijos, una decisión que hasta ahora estaba en manos de cada juez.
En el ámbito judicial, todos los niños contarán con asistencia jurídica gratuita y podrán acogerse a una única narración de los hechos, para no tener que declarar en varias ocasiones sobre el delito sufrido.
"Quiero pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia para los que hemos llegado tarde. Ojalá sus historias sirvan para que aquello que les pasó no vuelva a suceder a otros niños en España. Les manifiesto el compromiso de este Gobierno para que no pase", concluyó el vicepresidente Iglesias.
Además, un 9,3 de los alumnos españoles, según Save The Children, manifiestan haber sufrido algún tipo de acoso en el ámbito de la educación escolar.
Esta ley, que fue demandada durante años por las organizaciones de protección a la infancia, constituye un nuevo paradigma en España ya que por primera vez se interviene de forma integral en todos los ámbitos de la vida del niño.
