Además, desaparecerán de bares y restaurantes los recipientes y vasos para alimentos y bebidas, incluidos sus tapas y tapones y habrá que pagar por los envases de comida para llevar, pero esta última medida se estima para 2023. Sin embargo, el documento va más allá e incluso estudia introducir sanciones por meter residuos en España o abandonarlos en el campo que pueden llegar a los dos millones de euros si son peligrosos.
De tal modo, el Gobierno plantea instalar fuentes de agua para garantizar su consumo a la ciudadanía. Se busca la mayor eficacia en la gestión de residuos para conseguir en 2030 una reducción de 10 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. La industria del reciclaje podría atraer inversiones de cerca de 2.500 millones de euros de aquí a 2035 y generar hasta 70.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, se prohibirá a partir de 2021 la destrucción de excedentes textiles, juguetes, aparatos eléctricos. Asimismo, el mismo 2 de junio se aprobará previsiblemente, la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) con el objetivo de reducir un 30% el consumo nacional de materiales para 2030 y rebajar un 50% la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria per cápita a nivel de hogar y consumo minorista. También se pretende reducir un 20% las cadenas de producción y suministro a partir de 2020.
Además, este anteproyecto de ley llega en el contexto oportuno, donde la llegada de la pandemia por coronavirus ha incrementado la producción y el consumo de material de plástico, sobre todo de usar y tirar. Este aumento se da tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico y probablemente irá en aumento a medida que avance el desconfinamiento de los ciudadanos.
No debemos olvidar que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 2019.