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    Toda España avanza en el proceso de desconfinamiento (185)
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    Una jueza investiga si existe un delito de prevaricación por permitir la manifestación del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo obviando las advertencias de riesgo por contagio de coronavirus.

    La jueza Rodríguez-Medel ha citado como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas las del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo por contagio de coronavirus.

    La magistrada acordó el pasado 23 de marzo incoar diligencias previas para investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa para esclarecer si obvió las recomendaciones de urbanizaciones sanitarias como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), organismo que emitió el 2 de marzo un informe en el que alertaba del riesgo de contagio, tal y como sostiene la denuncia interpuesta por un abogado particular. 

    En concreto la jueza se asienta en dos documentos para la investigación: Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19 y el Comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de la epidemia de Covid-19. En ambos escritos, que datan del 3 y del 6 de marzo respectivamente, el Gobierno alertó de los riesgos que existía de transmitir el virus en aglomeraciones y han sido requeridos a la Secretaría General. Asimismo, en el comunicado del 6 de marzo se especifica que "los eventos multitudinarios de cualquier tipo, con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado procedente la transmisión del virus SARS-Cov-2 se considera evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población".

    Además de dichos documentos, la Delegación del Gobierno en Madrid ya advirtió a sus trabajadores el 28 de febrero sobre el riesgo que existía por contagio de coronavirus. Es decir, más de una semana antes de que dicha Delegación permitiera celebrar la manifestación multitudinaria del 8-M en la capital, según constata el informe que la Policía Judicial de Madrid le ha entregado a la jueza y que publica el diario ABC en su edición del martes 26 de mayo. 

    No es la primera vez que la magistrada trabaja en asuntos políticos. Es hija, nieta y hermana de guardias civiles y el pasado mes de enero las quinielas la situaban al frente de la Benemérita (Guardia Civil), aunque finalmente el ministro Grande-Marlaska nombró directora general a María Gámez. Estuvo detrás de la investigación del máster del líder de la oposición Pablo Casado, la tesis de la exministra Carmen Montón y la supuesta falsificación documental de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Antes de aquello, trabajó un año como asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, cuando el popular Rafael Catalá era titular del departamento.

    De momento Franco ha sido citado por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid el próximo 5 de junio. También están citados ese mismo día como testigos el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz, y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

    Según informa Cadena Ser, las diligencias, se consideran no urgentes por lo que su realización podría prolongarse hasta bastante después de la suspensión del estado de alarma que condiciona casi la totalidad de la actividad judicial de nuestro país.

    Por su parte, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha dimitido de sus funciones un día después de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien había facilitado recientemente informes a la juez Rodríguez-Medel sobre cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen del coronavirus.

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