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    España concreta el plan para iniciar la desescalada gradual del confinamiento (206)
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    MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España implementará a finales de mayo un ingreso mínimo vital con el que se pretende crear una red de seguridad para contener la galopante crisis social causada por la pandemia de COVID-19, que en las últimas semanas se cobró cientos de miles de empleos y disparó la asistencia a los centros de beneficencia.

    "Se ha multiplicado por cinco el número de nuevas personas que vienen buscando comida", explica a Sputnik Ángel Franco, director de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

    En su mayoría estas peticiones son de personas que dicen no tener ingresos, pero por el momento los Bancos de Alimentos no se vieron en disposición de atenderlas todas porque para acceder al reparto se deben cumplir ciertos requisitos formales que acrediten una situación de vulnerabilidad.

    Según explica Ángel Franco "no es automático que una persona acuda a una ONG y salga cargado de alimentos", y pese a ello los más de 50 centros que componen la federación aumentaron la cantidad de comida repartida "en torno a un 30%" en los últimos dos meses.

    Ante este escenario, la previsión de los Bancos de Alimentos es que el número de personas atendidas siga creciendo, llegando hasta las cuotas registradas tras la crisis de 2008.

    "El año pasado atendimos a 1,1 millones de personas, y este año nos tememos volver a cifras de la crisis anterior, de 1,5 millones o más", apunta Franco.

    El problema no es nuevo

    España ya arrastraba antes de la pandemia un problema serio de exclusión social, con 600.000 hogares sin ingresos de ningún tipo y 2,5 millones de personas en situación de pobreza severa (subsistiendo con menos de 370 euros al mes).

    Un hombre cerca de la oficina de empleo en Madrid, España
    © REUTERS / Sergio Perez
    De acuerdo con datos de la oficina estadística de la Unión Europea, el 26,1% de la población española —es decir, más de 10 millones de personas— están en riesgo de exclusión social, lo que supera ampliamente la media europea (21,7%).

    El relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, visitó España el pasado mes de febrero, quedando alarmado sobre los niveles de desigualdad en lo que se presupone una economía avanzada.

    "He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país", afirmó Alston al término de su visita, en la que vio "barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados".

    La pandemia viene a agravar esos viejos problemas. Pese a los múltiples programas habilitados por el Gobierno para evitar despidos, el confinamiento por el COVID-19 provocó entre marzo y abril un aumento de casi 600.000 parados.

    A esta destrucción de empleo (focalizada en trabajadores temporales de sectores muy precarizados como el turismo o la hostelería) se unen otros problemas que pasan por debajo del radar de las instituciones, como la paralización de la economía sumergida.

    Además, una vez se retiren las medidas de confinamiento, la pandemia dejará una herida especialmente profunda en la economía española, muy dependiente del turismo y los visitantes extranjeros.

    Ingreso mínimo vital

    Ante este cúmulo de nuevos y viejos problemas, la medida estrella del Gobierno para contener la crisis social es la implantación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que pretende llegar a más de un millón de hogares, 100.000 de ellos de forma inmediata tras su aprobación.

    Por el momento solo se conoce el borrador del proyecto del Gobierno, que se comprometió públicamente a aprobar esta prestación el próximo martes 26 de mayo.

    La idea es que las personas en riesgo de exclusión social puedan disponer de un ingreso estable y de fácil acceso, compatible con otras prestaciones sociales e incluso con determinados trabajos.

    La información filtrada a los medios apunta a que la cuantía de las prestaciones se moverá entre los 500 y los 950 euros mensuales en función de las circunstancias del reclamante, teniendo en cuenta factores como los miembros de la unidad familiar o situaciones de monoparentalidad, entre otros.

    Esta prestación no estará vinculada al estado de alarma, tendrá carácter permanente, y conllevará un gasto aproximado a las arcas del estado de 3.000 millones de euros anuales.

    El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se mostró este miércoles 20 de mayo "muy satisfecho" por la inminente aprobación de esta medida para atender a quienes "perdieron la posibilidad de meter unos euros en su casa para llegar a fin mes y tienen que pasar la vergüenza de ir a repartos de comida".

    Viabilidad

    Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 83,4% de los españoles está a favor de la implementación de este ingreso.

    No obstante, la medida también tiene sus detractores. Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox —tercera fuerza política del país— afirmó que no hay dinero para financiar la prestación y señaló que el ingreso "arruinará a España" y la convertirá en un "paraíso comunista".

    En cambio, los expertos sobre renta básica apuntan que pese a la carga de gasto estas medidas son perfectamente viables porque ayudan a reactivar la economía.

    "No hay que evaluar únicamente el gasto, sino también lo que representa esta prestación para fomentar el consumo, mantener el tejido económico y aumentar la recaudación", señala en conversación con esta agencia Graciela Malgesini, portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

    Según explica Malgesini, el comportamiento de los hogares con ingresos bajos habitualmente responde a lo que se conoce como la ley de Engel, consistente en que "cuanto más pobre eres más gastas en supervivencia", lo que revierte en un "importante retorno fiscal" porque el dinero de las prestaciones no queda estancado sino que se destina "a servicios gravados con impuestos de valor añadido".

    Además, Malgesini asegura que no hay ninguna evidencia empírica de que los proyectos de renta básica tengan un efecto negativo sobre el empleo, ya que los destinatarios de la prestación siguen buscando trabajo para prosperar, eso sí, desde una posición de mayor seguridad para evitar empleos basura.

    En líneas generales, la portavoz de EAPN se muestra satisfecha por la puesta en marcha del IMV porque "sin medidas de protección amplias y generosas los niveles de pobreza se van a disparar en esta crisis".

    Pese a ello, destaca que desde la EAPN vigilarán la letra pequeña de la propuesta, con una especial atención a que los niveles de cobertura sean adecuados, ya que a la hora de implementar estas medidas sociales "muchas veces las personas que más lo necesitan se quedan fuera".

    "Por ejemplo, las personas sin hogar habitualmente no pueden demostrar el empadronamiento y se quedan fuera de estas medidas (…) La cuantía es importante, pero sobre todo hay que vigilar de cerca los niveles de cobertura", concluye. 
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    España concreta el plan para iniciar la desescalada gradual del confinamiento (206)
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    economía, desempleo, paro, COVID-19, pandemia de coronavirus, coronavirus en España, coronavirus
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