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    MADRID (Sputnik) — El torturador franquista Billy el Niño falleció el 7 de mayo en Madrid a los 73 años a causa del COVID-19, un fallecimiento que infringe un nuevo castigo sobre sus víctimas, obligadas a ver cómo uno de los verdugos más celebres de la dictadura se va sin rendir cuentas por sus crímenes.

    "Yo no lamento su muerte, lamento su vida. Y que se haya muerto sin que hayamos podido sentarle en el banquillo de los acusados es una pena", cuenta a Sputnik Pablo Mayoral, uno de los muchos represaliados que en los años 70 sufrió torturas a manos de la Brigada Político-Social del franquismo.

    Antonio González Pacheco —que es como se llamaba Billy el Niño— ingresó en la Policía secreta de la dictadura en 1971, donde no tardó en hacerse conocido por su crueldad durante los interrogatorios que conducía en la Dirección General de Seguridad (DGS), su cortijo particular.

    La dependencias de DGS, situadas en la emblemática Plaza del Sol de Madrid, sirven a día de hoy como sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde no hay ni si quiera una placa que recuerde lo ocurrido entre sus paredes.

    "Era un lugar sórdido y terrible. Cuando entrabas allí se te ponían los pelos de punta porque sabías que allí había muerto gente y porque sabías que allí te iban a torturar", señala Mayoral.

    Este antiguo militante comunista pasó ocho días en esos calabozos en 1975, cuando tenía 24 años, acusado de ser el coautor del asesinato de un policía. A pesar de que no coincidió directamente con Billy el Niño, sus secuaces le aplicaron los métodos que para entonces González Pacheco ya había sistematizado.

    Hasta la fecha, Mayoral niega su participación en los hechos que se le imputaban, pero en aquel momento, tras ocho días de tortura y amenazas de muerte, se declaró culpable.

    "Era una cosa siniestra y salvaje. Palizas y amenazas de todo tipo, a todas horas", recuerda, evitando detenerse en detalles, antes de concluir que los golpes no cesaban "hasta que firmabas lo que ellos tenían escrito".

    Por ello, al final decidió aceptar la declaración de culpabilidad "para salir de aquellas paredes".

    Mayoral firmó su sentencia de muerte. No es una forma de hablar: tras admitir los hechos un Consejo de Guerra le condenó a morir en un proceso sin garantía judicial alguna.

    Sin embargo, ese movimiento le ayudó a ganar tiempo.

    Para entonces Franco ya estaba muerto, y tras sobrevivir a las torturas de la DGS, la Ley de Amnistía de 1977 llegó antes que su ejecución, una suerte que no corrieron otros cinco jóvenes condenados por ese mismo asesinato, que a la postre se convertirían en los últimos fusilados de la dictadura.

    La querella argentina

    La Ley de Amnistía instauró el olvido institucional. Mayoral pudo salir de la cárcel y su condena nunca fue ejecutada, pero gracias a ese borrón y cuenta nueva, su culpabilidad tampoco fue rebatida.

    Al tiempo que los presos políticos abandonaban sus celdas, sus captores seguían adelante con sus vidas, mientras el país daba sus primeros pasos hacia la democracia.

    "Es simplemente un olvido. Una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos", dijo el diputado nacionalista vasco Xabier Arzalluz en el Congreso de los Diputados el día en que se votó la ley, unas palabras que años más tarde siguen resonando en la cabeza de las víctimas.

    El problema es que las víctimas, aunque quieran, no pueden olvidar.

    En el año 2010, ante la imposibilidad de sortear el muro de la ley de amnistía en los juzgados españoles, un grupo de víctimas del franquismo buscaron refugio en la justicia universal y presentaron en Argentina una querella contra los crímenes de la dictadura.

    Billy el Niño se convirtió uno de los protagonistas de esa querella porque su figura era una de las que mejor reflejaba que la represión no era algo aislado, sino que se produjo una brutalidad sistemática, susceptible de ser calificada como delito de lesa humanidad, lo que habilitaría a Argentina para investigarlo.

    El 10 de abril de 2014 fue el día en que Billy el Niño estuvo más cerca de rendir cuentas ante la Justicia. En esa jornada, un González Pacheco que se negó a mostrar su cara ante los medios de comunicación y las víctimas, declaró ante la Audiencia Nacional, encargada de decidir sobre su posible extradición.

    Apenas 20 días más tarde, la Audiencia Nacional concluyó que los delitos habían prescrito y que no podían ser calificados como crímenes de lesa humanidad, denegando el envío de Pacheco a Argentina.

    En los años posteriores los tribunales españoles archivarían hasta 18 denuncias individuales para intentar sentar a Billy el Niño en el banquillo de los acusados, algo que ya no pasará nunca.

    De hecho, tras más de cuatro décadas de democracia, España no solo fue incapaz de juzgar al torturador, sino que se pasó años otorgándole una paga extra en su pensión por las medallas que recibió durante sus años al servicio de la dictadura.

    A falta de castigo, Billy el Niño fue premiado durante décadas por sus crímenes, y así siguió siendo hasta su muerte.

    Señalado pese a todo

    Ana Messuti, abogada de la causa argentina, lamenta que el torturador haya muerto impune, aunque subraya que no todo el trabajo fue en vano, ya que el proceso sirvió para señalarle públicamente.

    "Mi consuelo es que le llevamos a una vista de extradición en la Audiencia Nacional, y al menos una vez compareció como imputado", señala en conversación con esta agencia.

    Tras conocer el fallecimiento, Messuti se pasó la tarde del 7 de mayo recibiendo mensajes de los querellantes, las víctimas, que le escribían "con una amargura terrible".

    "La gente está muy amargada, y eso demuestra su madurez, porque no querían venganza, no querían el mal para esta persona, no le deseaban la muerte, solo querían llevarlo a la justicia. Es muy triste que no haya podido ser", apunta.

    La lucha por la memoria histórica en España tiene como principal obstáculo el olvido institucional, pero la segunda —y esta sí que es imposible de frenar— es el paso del tiempo, que se cobra por igual la vida de las víctimas y los verdugos, apagando sus testimonios.

    "Yo siempre digo que el enemigo más grande que tenemos es el tiempo y la muerte, que se va llevando a los abogados, a los querellantes y a los presuntos verdugos", dijo Messuti.

    En 2017 falleció Carlos Slepoy, uno de los juristas que más lucharon por ofrecer reparación a las víctimas.

    En 2019 falleció Ascensión Mendieta, la mujer que forzó a la justicia a abrir una fosa común de asesinados por el franquismo, un hecho inédito que le permitió recuperar los restos de su padre ejecutado en 1939.

    Este 2020, hace apenas unos días y también por causa del coronavirus, falleció Chato Galante, uno de los torturados por Billy el Niño, que vivía en Madrid, exactamente en la misma calle que su torturador, conviviendo día a día con la impunidad.

    "Me esposaron las manos a la espalda y me golpearon la cabeza contra el borde de la mesa (…) luego llegaba un punto en el que estabas desnudo y te golpeaban hasta en los glúteos, la plantas de los pies y los genitales (…) para ellos, a mis 22 años, yo no era ni una persona ni un animal, era una cosa", contaba Chato Galante para la película documental "El silencio de otros" (2018).

    Messuti, que en este día se acuerda especialmente de casos como el Galante —al que no puede evitar mencionar cada dos frases— recuerda que la muerte de Billy el Niño no es excusa para que la Justicia siga mirando hacia otro lado sobre sus crímenes.

    "La impunidad no es solo la falta de punición, eso es una visión muy reduccionista del sistema penal, la impunidad significa también la no respuesta a las víctimas de los delitos", argumenta antes de concluir que "a veces las cosas sirven de llamada de atención", por lo que espera que le muerte de Pacheco sirva para crear conciencia sobre la necesidad de tener justicia y reparación de una vez por todas.

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    coronavirus en España, pandemia de coronavirus, crímenes de lesa humanidad, coronavirus, franquismo, torturas policiales
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