"El tribunal adopta una medida cautelar propia que consiste en requerir al Ministerio de Sanidad para que adopte todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario", informó en un comunicado el alto tribunal español.
Además de velar por la eficaz distribución del material sanitario requerido por el personal médico, el Gobierno de Pedro Sánchez deberá informar cada quince días al Supremo de todas las medidas adoptadas al respecto.
También deberá detallar quincenalmente al alto tribunal todos los medios de protección puestos a disposición de profesionales y su reparto entre las regiones españolas.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo denegó la solicitud de los sindicatos pero considera "interés público esencial y común" que el Gobierno deba "preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios".
El Supremo rechazó analizar la actuación de la Administración española con respecto a la protección de los sanitarios pero reconoció la "insuficiencia" de estos materiales en los centros hospitalarios.
Por eso, y "pese a las actuaciones desplegadas" en el marco de la crisis por el Gobierno, procede a exigir al Ministerio de Sanidad la adopción "de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución" de estos productos.
