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    La Junta de Andalucía aprueba en plena pandemia y por urgencia un Decreto para facilitar el emprendimiento y la entrada de capital en diversos sectores. Presentado como una simplificación administrativa, para muchos en cambio es una venta de servicios públicos por la ley del más fuerte.

    Hay dos fotografías que dan idea del contraste que protagoniza este Decreto. Una es la del 9 de marzo: en una atestada presentación con todas las consejerías implicadas en la reforma hubo que hacer hueco en la mesa para que entraran todos.

    El Parlamento de Andalucía y la presentación del Decreto-ley 2/2020
    © Foto : Parlamento Andalucía/Junta de Andalucía
    El Parlamento de Andalucía y la presentación del Decreto-ley 2/2020

    La otra es de este jueves 2 de abril, con el Parlamento bajo mínimos, aprobando con solo 18 parlamentarios la ley de más peso adoptada hasta ahora por el Gobierno de la Junta de Andalucía con el Partido Popular (PP) y Ciudadanos al frente, contando con el empuje de Vox, que posibilitó el primer conglomerado de gobierno de derechas en España.

    El decreto de simplificación fue aprobado definitivamente contra viento y marea. Sobre el papel, la medida viene a modificar 26 leyes, seis decretos y elimina 100 permisos burocráticos. A partir de ahora cambian las reglas de juego.

    Permisos ambientales necesarios para el inicio de una actividad económica desaparecen, en urbanismo se reducen los plazos de tramitación y tasas para nueva construcción.

    También a efectos comerciales se reproduce el sistema de Madrid. En las Zonas de Gran Afluencia Turística los comerciantes y empresarios tienen total libertad de horarios. Las grandes superficies comerciales podrán operar en festivos, lo que según la Junta permitirá hacer frente a Amazon y Google, aunque no aclaran que efecto puede tener en el pequeño comercio, la base del sector en Andalucía.

    Otro nicho de explotación económica que concreta el documento son los campos de golf, pierden la calificación de "interés turístico", lo que alivia el ingente trabajo de planificación urbanística que tenían que realizar los consistorios que quisieran crear un campo de golf. Hasta ahora debía cumplir las exigencias de la Junta en medio ambiente, deporte y turismo, lo que a efectos reales ha frenado la llegada a Andalucía de 44 proyectos desde 2008.   

    En un Parlamento desértico, el Decreto Ley fue de hecho aprobado con poco ruido, a la sombra de la tormenta perfecta con la que COVID–19 solapa todo. El paso está dado y Andalucía, la comunidad más poblada de España, va a cambiar.

    Esta ambiciosa reforma se produce asombrosamente rápido, en mitad de la lucha contra la pandemia. La oposición presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional junto a 21 entidades sociales y sindicatos. Argumentan que no tiene sentido tramitar esta ley por vía de urgencia y denuncian la ocultación de los informes jurídicos, técnicos o económicos que deberían sustentar una reforma de tal calado.

    La Junta estima que con esta nueva "revolucionaria reforma" el PIB per cápita crecerá un 2,5% de cinco a diez años. El Gobierno justifica que ahora es 13 veces más costoso que una pyme industrial se instale en Andalucía que en otra comunidad autónoma.

    "La urgencia existe, este decreto es tan válido antes de la crisis como ahora", explicaba desde el Parlamento el responsable de la Hacienda andaluza Rogelio Velasco.

    "La economía andaluza crecerá, ganará en competitividad y enfocarán sus energías no en cumplir normas, en muchos casos reiterativas e inútiles, sino en enfocarse en la actividad productiva", afirma Velasco. Eso sí, aclara que "las normas sean más fáciles de cumplir no es un menoscabo de la seguridad jurídica".

    Pero la urgencia y la falta de diálogo con la que el Decreto ha sido aprobado empaña sus beneficios futuros. Desde la bancada del PSOE, en la oposición tras regir Andalucía durante toda la democracia: "no se cumplen los mínimos parámetros legales para la aprobación de este decreto por la vía urgente. ¿Es urgente abrir campos de golf ahora?" se preguntaba Jiménez Barrios.

    No era un juego retórico. El Decreto allana el camino, facilitando la maraña burocrática para constructoras, inversores, promotores —de campos de golf, por ejemplo— desescala en definitiva las medidas contra la fiebre del ladrillo y de protección ambiental. A la vez, la reforma está llamada a ayudar a pymes y autónomos, medidas consensuadas con "el sector privado", avalan desde el Gobierno.

    La ley de la jungla acabará con el periodismo local

    Y entre tantas reformas, se cuela la de la explotación de las emisoras de televisión y radio municipales, se abren las puertas a la privatización. Más que agilizar negocio, muchos creen que se busca mayor control político matando al mensajero.

    "La repercusión más inmediata es que esto nos mete en la ley de la jungla de un sistema clientelar, se trata de una privatización absoluta que solo busca generar beneficio empresarial", nos cuenta uno de los referentes periodísticos del sur, Rafael Rodríguez, Presidente de la APS.

    Hasta ahora eran los ayuntamientos los que gestionaban las licencias de radios o teles locales. Ahora será la Junta la que conceda la licencia a entidades privadas sin plazo de tiempo. "Esto es alarmante. Los empleados públicos trabajan para el Ayuntamiento, pero no se deben al Alcalde que es un cargo temporal y no les ha escogido", explica Paco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía.

    "Pero si la gestión se la das a la empresa privada, ya tienes el control político de la información, porque esa empresa jamás irá en contra del Gobierno que le dio la explotación”, concluye.

    Por otro lado, esta nueva norma de juego mediático habilita a las empresas para que no tengan estudios de producción ni redacción operativos en la ciudad o pueblo. Para Rafael Rodríguez esto implica que "desaparecerá el periodista local en detrimento de una información centralizada que sé sea más rentable, todas estas televisiones y radios pasarán a ser un mero poster repetidor de contenidos".

    "Estas emisiones centralizadas y repetidas localmente vienen de Madrid", lamenta Paco Terrón que alerta de que el espectro local será invadido por contenidos monetarizados.

    "Ahora el ciudadano tendrá radios musicales, pero también radios de tarot, curanderos, radios religiosas, telepredicadores sin ningún control de calidad o veracidad, es la jungla", dice Terrón.

    Esta dinámica de influencia empresarial en medios públicos tiene una larga tradición en los gobiernos del PP, como ya sucedió en la comunidad de Madrid. La Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) está siendo objeto también de una degradación técnica y profesional considerable. 

    "Estamos en un momento de congelación, desde 2012 hemos perdido 300 trabajadores y no se cubren bajas de personal", comenta Paco Terrón, miembro también de RTVA.

    Desde plataformas de los trabajadores denuncian que el Gobierno ha interpuesto en la dirección a periodistas afines ideológicamente en la dirección y subdirección de informativos, lo que se refleja en la presente cobertura de la pandemia. 

    Sindicatos, colegios, u organizaciones profesional denuncian que este nuevo marco legal rompe con el concepto de medio de comunicación como servicio público, para pasar ser un mero negocio cuyo funcionamiento depende del gobierno del PP.

    Por lo pronto, más allá del ámbito mediático el apoyo al Decreto viene de empresarios y autónomos que esperaban una urgente necesidad de cambio. Pero no está claro cómo esto afectará al ciudadano medio que pendiente de la lucha contra la pandemia, acaba de ver suspendido su derecho a una información de calidad y cercana. En Andalucía según un estudio de la Universidad de Málaga hay cerca de 500 entes locales de radio y televisión cuyo futuro, y no solo por culpa de COVID–19, no está nada claro.

    Etiquetas:
    economía, periodismo, reformas, Andalucía, España
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