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    España activa el estado de alarma por el coronavirus (163)
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    El Gobierno de España comparece para explicar nuevas medidas contra el coronavirus

    La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que "el esfuerzo de todos está siendo titánico, especialmente de nuestros sanitarios".

    Además la ministra reitera: "Se va a distribuir los 300 millones del fondo extraordinario entre las comunidades autónomas para reforzar las políticas sociales. Es para dependientes, familias monoparentales y situaciones similares".

    Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó: "Esta semana es muy dura, muy dura. Es una fase en la que vamos a llegar al pico de la epidemia, y se hace muy duro mantener las medidas drásticas que vamos a pedir prolongar hasta el 12 de abril".

    Pedro Sánchez formaliza la petición para ampliar el estado de alarma

    El Gobierno de España formalizó una petición al Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma por la crisis del coronavirus, tal y como avanzó el 22 de marzo el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

    "El Gobierno ha acordado solicitar autorización al Congreso de los Diputados para ampliar el estado de alarma hasta las 00.00 horas del día 12 de abril", anunció en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

    España contabiliza ya con 39.673 contagios y 2.696 fallecidos por la enfermedad del coronavirus, tras sumar 6.584 nuevos casos y 514 fallecidos en las últimas 24 horas.

    Para hacer frente a esta crisis sanitaria, el Gobierno de España decretó el estado de alarma el sábado 14 de marzo, una medida que está prevista en el artículo 116 de la Constitución, pero sólo por un periodo máximo de 15 días.

    Para poder ampliar el alcance temporal del estado de alarma el Gobierno necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados, que salvo sorpresas de última hora dará un apoyo mayoritario a la prórroga en una sesión plenaria que se celebrará este miércoles 25 de marzo.

    Al amparo de la declaración de alarma el Gobierno dictó en los últimos días medidas como limitar la libertad de movimiento de la población en todo el territorio, clausurar la actividad educativa, reducir la actividad laboral, desplegar unidades militares en las calles, restringir la llegada de aviones a España o cerrar las fronteras terrestres.

    El Gobierno dijo ser consciente de las incomodidades generadas por estas restricciones, pero insistió en señalar que son "absolutamente necesarias".

    "Somos conscientes de las incomodidades, inquietudes y desazón que genera esta situación de confinamiento para las familias españolas, pero las autoridades sanitarias coinciden en que es una medida efectiva de lucha contra el coronavirus", señaló María Jesús Montero.

    Hasta la fecha todas estas medidas fueron implementadas sin grandes incidentes gracias a la colaboración ciudadana.

    No obstante, en el plano político estas medidas sí suscitaron episodios de polémica, protagonizados sobre todo por algunos dirigentes regionales que pidieron su endurecimiento.

    Por ejemplo, el presidente de Cataluña, Quim Torra, solicitó el aislamiento completo de su territorio.

    Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pidió la paralización absoluta de la actividad económica para facilitar el confinamiento del mayor número de personas posibles.

    Esta nueva vuelta de tuerca a las medidas restrictivas fue abiertamente rechazada por el Gobierno, que utilizó la declaración de alarma para dotarse de poderes para imponer su voluntad sobre las distintas comunidades autónomas, lo que resta capacidad de estos líderes regionales discordantes para actuar al margen del Ejecutivo.

    Sin embargo, la petición para que el Congreso amplíe el estado de alarma permite una ventana de oportunidad para debatir estas peticiones, ya que los grupos parlamentarios podrán proponer enmiendas con sus propuestas antes de proceder a la votación de la solicitud.

    España activa una primera línea de avales para empresas por COVID-19

    Ademá, el Gobierno de España activó una primera línea de avales para dar liquidez a las empresas afectadas por la crisis del COVID-19 por valor de 20.000 millones de euros (21.570 millones de dólares estadounidenses), la mitad de los cuales irán a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.

    "Hoy se han aprobado las condiciones para poner en marcha la primera línea de avales de 20.000 millones de euros, lo que será un sistema de liquidez", informó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

    Se trata de un primer tramo de la línea de crédito de 100.000 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció en el marco de las medidas económicas para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.

    El Consejo de Ministros de este 24 de marzo dio luz verde a los primeros 20.000 millones, de los cuales 10.000 irán destinados a garantizar los préstamos a pymes y autónomos, explicó Montero.

    La ministra precisó que el Estado avalará el 80% del préstamo en los casos de pymes y trabajadores autónomos, mientras que para el resto de empresas cubrirá entre el 60 y el 70%.

    Ese porcentaje permitirá a los bancos conceder con "más facilidad" este tipo de operaciones, lo que facilitará "conservar el nivel de actividad económica" y "que no se destruya el empleo", señaló la ministra.

    "Las entidades financieras han trasladado su voluntad de poner líneas de crédito que permitan sostener todo aquello que se ha visto sometido a la presión del cierre, y el Gobierno ha adoptado toda una batería de medidas para ello", afirmó la portavoz española.

    En el momento en que se agote esta primera línea, el resto (80.000 millones de euros) se irán activando en cantidades fraccionadas.

    El plazo de los créditos será de un máximo de cinco años y estos se activarán con carácter retroactivo para préstamos concedidos antes del 18 de marzo.

    Se trata de una medida destinada a que el tejido productivo español resista el impacto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que acumula casi 40.000 enfermos y cerca de 2.700 fallecidos en España.

    Montero recordó que anteriormente se impulsaron otro tipo de medidas para proteger a los trabajadores, como el aplazamiento de los compromisos tributarios para pymes y autónomos durante un plazo de seis meses y sin intereses.

    "Este Gobierno va a tomar las medidas necesarias para que nadie se queda atrás en esta crisis", afirmó la portavoz del Gobierno de España.

    La redistribución del material sanitario

    El Gobierno de España aprobó este 24 de marzo un plan de contingencia para que el material sanitario al que no se le de uso en otros territorios del país se ponga a disposición de la Comunidad de Madrid, que es el territorio más afectado por el avance del covid-19.

    "Hemos empezado a detectar tensión en algunas partes del sistema nacional de salud (…) En estos momentos esto se concentra en la Comunidad de Madrid", dijo en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

    Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid concentra 12.353 de los 39.673 casos de coronavirus confirmados en toda España.

    Madrid lamenta ya la pérdida de 1.535 vidas por el coronavirus, más de la mitad de los 2.696 fallecimientos registrados en todo el país.

    Más de 1.000 personas se encuentran ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales públicos madrileños, cuya red únicamente tenía unas 600 de estas unidades antes de la crisis.

    La magnitud de la emergencia sanitaria en Madrid obligó a las autoridades a desplegar a contrarreloj un hospital de campaña en el recinto ferial de Ifema, que antes del final de semana espera tener 4.500 camas operativas, lo que le convertirá en el mayor centro sanitario del país.

    Al problema de la saturación en los hospitales se suma el de la falta de material sanitario, algo que el personal médico lleva denunciando desde el principio de la crisis: faltan mascarillas y faltan Equipos de Protección Individual (EPI).

    En ocasiones no es sólo que falte material, sino que el equipo distribuido es de muy baja calidad, tal y como alerta la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), que el 23 de marzo denunció el reparto de batas de plástico entre el personal de ambulancia en sustitución de los equipos de protección.

    "Se arrancan tan fácilmente que en el mismo momento de abrir la bolsa protectora ya se rompen. Por no decir el sistema de cierre, delantero, con corchetes que dejan espacios abiertos en la bata fácilmente contaminables", denuncia AMYS, que califica la situación de "vergonzosa e inadmisible".

    Para intentar paliar la situación, el Ministerio de Sanidad acordó este 24 de marzo "desplegar aquellos recursos sanitarios necesarios en la Comunidad de Madrid desde otras partes del territorio nacional donde afortunadamente hoy no son necesarios", según anunció Salvador Illa.

    Del mismo modo, Illa también anunció un refuerzo de los esfuerzos para la elaboración y adquisición de los materiales, con especial atención al abastecimiento de equipos de respiración asistida.

    En su comparecencia ante los medios, el ministro se anticipó ante las previsibles críticas por parte de otros territorios hacia el desvío de sus recursos con destino a Madrid.

    Ya existen antecedentes de este tipo de tensiones territoriales a costa del material sanitario.

    Por ejemplo, la semana pasada la Guardia Civil requisó 150.000 mascarillas en una fábrica de la provincia andaluza de Jaén para ser enviadas a Madrid, algo que despertó quejas por parte de la Junta de Andalucía (el gobierno regional), que acusó al Gobierno central de dejar a su territorio desabastecido.

    "El Gobierno no confisca nada", advirtió este 24 de marzo el ministro de Sanidad antes de añadir que "es el momento de la solidaridad con Madrid".

    A la espera de conocer el alcance del plan de apoyo del Gobierno, los profesionales sanitarios de Madrid aumentaron la presión sobre las autoridades con acciones como la impulsada por el sindicato AMYTS, que este 24 de marzo presentó una demanda ante un juzgado de la capital española pidiendo medidas cautelarísimas para que la justicia obligue la distribución del material necesario en 24 horas.

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    Etiquetas:
    Pedro Sánchez, coronavirus, COVID-19, María Jesús Montero, España
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