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    MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España se reunió para declarar el estado de alarma por el coronavirus, una acción que ya fue anunciada el 13 de marzo pero cuya redacción final generó serias discrepancias en el seno del Ejecutivo, obligando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a retrasar por más de seis horas su comparecencia ante el país.

    "La comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, se producirá a partir de las 20.00 horas (GMT+1)", informan desde la Secretaría de Estado de Comunicación.

    En un principio la comparecencia de Sánchez estaba prevista para las 14.00 horas, pero a esa hora el Gobierno –que estuvo reunido durante más de siete horas, desde las 10.30 horas– todavía no se había puesto de acuerdo para aprobar el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.

    Terraza cerrada en el centro de Madrid
    © AFP 2020 / Gabriel Bouys
    Según reportan medios locales citando a un borrador del decreto filtrado por el Palacio de la Moncloa, la declaración del estado de alarma introducirá limitaciones de movimiento para la población, obligando al confinamiento de los ciudadanos siempre que no incurran una serie de motivos de fuerza mayor.

    Pese a que durante todo el día los medios locales informaron de las medidas citando a esos borradores oficiales, desde el Palacio de la Moncloa se negaron a dar validez a esas informaciones, subrayando que el decreto será "el que finalmente presente ante la opinión pública".

    Uno de los motivos por los que se retrasó la activación del estado de alarma –siempre según la información filtrada a la prensa– tiene que ver con las discrepancias del Gobierno sobre la adopción de medidas de carácter social.

    Esas discrepancias se deberían a que ministros de la coalición izquierdista Unidas Podemos, con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias a la cabeza –presente en la reunión saltándose su cuarentena tras el positivo de su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero–, abogaron por la adopción de medidas de choque para apoyar a los trabajadores ante la crisis.

    Sin embargo, esta propuesta encontró la oposición de algunos miembros del PSOE, encabezados por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño –encargada del área económica–, que defendió la búsqueda de medidas más cautas para no elevar el gasto.

    Por el momento se desconoce cuál de estas posiciones se impuso y cómo consiguió Pedro Sánchez equilibrar las diferentes voces dentro de su gabinete, si es que lo consiguió.

    Además, hay un segundo factor que dificultó al Gobierno la activación del estado de alerta.

    Los borradores filtrados apuntan a que la activación del estado de alerta podría ser utilizada por el Gobierno para dotar a algunos ministerios (como el de Sanidad o el de Interior) de la capacidad para imponer sus políticas sobre los distintos gobiernos regionales que tienen transferidas las competencias en materias de salud o seguridad.

    Esta información despertó una reacción de rechazo por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y del presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu.

    "He llamado al lehendakari Urkullu para valorar el avance de la pandemia del coronavirus y la respuesta que hay que darle. Coincidimos en que no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte", afirmó Torra en un mensaje publicado en Twitter.

    El caos gubernamental en torno al decreto del estado de alarma fue criticado por el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), que el viernes apoyó públicamente el anuncio del Gobierno sobre su activación.

    "El Gobierno de coalición no estaba pensado para gobernar: incapaces ante una crisis gravísima", escribió en redes sociales Teodoro García Egea, número dos del PP.

    Mientras el país sigue pendiente de la comparecencia de Sánchez, el Ministerio de Sanidad publicó a mediodía un nuevo balance en el que se muestra que ya se contabilizan 5.753 casos de afectados por el coronavirus en todo el territorio (1.519 más que el viernes), dejando un balance de 136 fallecidos.

    Estos datos, según admitió el propio Ministerio de Sanidad, se encuentran desfasados respecto a los distintos reportes ofrecidos por las comunidades autónomas, cuyos datos reflejan que el número de contagios ya supera los 6.000, con una cifra de al menos 190 fallecidos.

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