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    La nueva ley de Educación busca restituir la calidad de la enseñanza en los centros públicos, venidos a menos tras la aplicación de políticas que favorecieron al modelo de escuela concertada. Los expertos denuncian la segregación de facto de alumnos por nivel socioeconómico y no tienen claro que la nueva ley sea la panacea a todos los males.

    Semana movida para el sector de la enseñanza en España. Apenas iniciada la tramitación de la nueva ley de Educación ―la octava en los últimos 45 años―, la comunidad educativa de Andalucía secundó el día 4 de marzo una protesta en forma de huelga y manifestaciones.

    Según las organizaciones convocantes, el seguimiento alcanzó hasta el 70% del profesorado y personal laboral de los centros. La Junta de Andalucía rebaja la cifra de participación a un 15%.

    El sector mostraba así su total oposición a una medida del Gobierno autonómico andaluz, el llamado decreto de escolarización. Porque tal y como explica Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), "la anterior ley establecía la demanda social como un criterio para organizar la ley de centros y también permitía la cesión de suelo público para instalar colegios privados".

    En su opinión, la LOMLOE, que es la Ley Orgánica para la Modificación de la LOE (que a su vez es la Ley Orgánica de Enseñanza aprobada por el Gobierno socialista en 2006 y vigente hasta 2013) "trata de poner freno a la privatización del sistema educativo que los sucesivos gobiernos del PP han estimulado".

    Sin embargo, la peculiaridad territorial de España, un Estado descentralizado cuyas regiones disfrutan de amplios poderes y competencias para con sus territorios, auspicia situaciones como las que están aconteciendo en la región de Murcia, cuyas autoridades han aprobado el llamado pin parental.

    "Es una interpretación del artículo 27 de la Constitución. Pero no puede haber vetos y objeciones a los contenidos. Un padre no puede vetar que a su niño le hablen de igualdad de género o de cambio climático, estamos privando al alumno del derecho a educarse en valores democráticos", explica Maestra Enfurecida al respecto, una docente muy popular en la red Twitter que prefiere mantener aquí su anonimato.

    "Si tú tienes unos valores que van en contra de nuestra sociedad democrática, el problema lo tienes tú, no la escuela", subraya.

    Esta profesora de la escuela pública murciana piensa que es inadmisible educar a los niños en el racismo o la homofobia, hay que educarlos en valores transversales. "Por eso decimos que la educación de los niños corresponde a la escuela antes que a los padres", indica.

    "Me pasó con una niña: no trajo la autorización firmada por los padres para una actividad, nos dijo que su padre la había roto y que había dicho 'estar harto de maricones'. No sólo es el mensaje de que estamos haciendo algo malo, sino que además esa niña se lleva algún mensaje extra que refuerza la posición del padre. El pin parental no hay por donde cogerlo", afirma. 

    También, las competencias en materia de Educación de las Comunidades Autónomas obran coyunturas en las que las iniciativas del poder central chocan con las del poder autonómico. Tal es el caso de Andalucía, región gobernada por una coalición entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's), que aplica reformas educativas en su territorio en consonancia a la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), texto legal ahora derogado por la LOMLOE.

    Tras este combate de siglas subyace en realidad la cuestión de la financiación de la educación pública en España, sector que ha sufrido especialmente los recortes que el PP aplicó durante los años de crisis económica más aguda. El sistema público se vio privado de muchos recursos, resultando en una merma de docentes y medios de dotación para los centros educativos, que vieron su proliferación frenada en seco.

    Un modelo en cuestión

    España propició la financiación pública de centros educativos privados con el fin de escolarizar de manera gratuita al alumnado que no tuviera cabida en la red estatal de colegios, pues el artículo 27 de la Constitución española garantiza una educación de calidad universal y gratuita para todo el mundo. 

    Es el denominado concierto educativo, medida que palió en los años ochenta el número insuficiente de plazas en los colegios públicos. Pero más de tres décadas después, la situación ha cambiado. Por un lado, la red pública ha crecido, pero por otro se cobran cuotas a los alumnos en forma de actividades o material. Y no todo el mundo tiene la capacidad de abonarlas.

    "La ley dice que la escuela concertada no puede cobrar cuotas ni servicios", dice Maestra Enfurecida. "Pero no se les sanciona. Puede que se les aperciba, pero nada más, no pierden el concierto. Conozco el caso de un colegio de educación especial concertado donde tramitaban el dinero de las becas de los alumnos y se quedaban el dinero. Becas de comedor y transporte", destaca, explicando acto seguido que hay una parte del sistema que alimenta esta degeneración del modelo:

    "Hay padres que están contentos. Porque ese pago extra hace que en la clase de sus niños no haya inmigrantes o gente con pocos recursos. Las cuotas ejercen de filtro", dice la docente.

    "Es una de las pretensiones de la ley, que todos los centros sostenidos con fondos públicos escolaricen a todo tipo de alumnos, que no haya selección, que no haya segregación y que no haya centros gueto. Es un objetivo imprescindible para cualquier sistema educativo que se precie. Evitar la segmentación de los alumnos en unos centros y otros, más aún si son públicos o sostenidos con fondos públicos", explica Francisco García.

    Las ratios, el otro gran problema

    Uno de los objetivos de la LOMLOE es repartir por todos los centros a todo tipo de alumnado.

    En el momento actual, las ratios ―el número de alumnos por clase en cada etapa educativa― están sobrepasadas, por lo que resulta casi imposible asegurar la calidad de la enseñanza y satisfacer las necesidades de cada alumno. "Por eso muchos padres que no son clasistas ni racistas ante una clase en la que el 80% no habla castellano y presenta necesidades educativas especiales puede pensar que las dinámicas de la clase quizá no sean las más apropiadas para el mejor desarrollo de sus hijos. Si esa diversidad se reparte no condiciona el funcionamiento de la clase tanto y se pueden llevar a cabo otro tipo de actividades para todos los niveles", señala Maestra Enfurecida.

    En opinión de esta docente, no habría ningún problema si los centros concertados respetaran la ley. "Pero la mayoría no lo hace. Eso sí, ponen de ejemplo a los cuatro o cinco que la respetan y luego se acusa de adoctrinamiento a la escuela pública, cuando en muchos concertados se cuentan barbaridades sobre la homosexualidad o el aborto. Se están haciendo de oro y tienen incluso a políticos bajo su cuerda. Es un despiporre", concluye. A la segregación de facto socioeconómica en las aulas colabora también el hecho de que si un colegio concertado recibe más solicitudes de escolarización, las autoridades cierran líneas de otro público (se queda con una clase menos por curso). En consecuencia, "la pública cada vez recibe menos fondos y se convierte en un gueto".

    Y la escuela concertada se alimenta también de un hecho sociológico muy frecuente en España. "Esa idea extendida de que no es tan importante lo que sepas hacer, como a quien conozcas. Se trata de hacer contactos desde la infancia, llevo a mi niño adonde los lleva la gente influyente. El colegio El Pilar en Madrid es un ejemplo. Se puede concertar un colegio en un barrio nuevo para paliar una emergencia, pero esto de que se concierten colegios con piscinas e hipódromos… Es un absoluto despiporre", concluye Maestra Enfurecida. 

    ¿Es la LOMLOE la solución?

    Ante esta situación, las esperanzas depositadas en la nueva ley tampoco son grandes. "Es una ley insuficiente, igual que la movilización en Andalucía; no sólo hay que denunciar el decreto de escolarización, se debería también señalar a la propia existencia de la escuela concertada. Si no fuera por ella, el decreto andaluz no tendría ningún efecto negativo sobre la escuela pública", afirma Ainhoa Murcia, secretaria general del Sindicato de Estudiantes en Sevilla, quien añade que la LOMLOE "ni siquiera se plantea eliminar los conciertos con los colegios que segregan por sexos".

    En este sentido, Maestra Enfurecida declara estar satisfecha "porque la LOMLOE sustituye a la LOMCE, pero hay que ver cómo se desarrolla", dice con reservas. "Por ejemplo, me creeré lo de que acabará con la segregación por sexos cuando lo vea con mis propios ojos. En Murcia hay colegios del Opus Dei concertados que segregan por sexos y nunca les ha pasado nada". "Han prometido que el presupuesto para Educación alcanzará el 5% del PIB", recuerda esta profesora, que explica que la tecnología no puede paliar las elevadas ratios:

    " Yo no quiero una clase llena de tecnología, lo que quiero es una ratio mejor. Una pizarra digital te cuesta 1.500 euros, un profesor unos 27.000. Me da igual que una clase de Infantil tenga una pizarra digital si hay 27 niños en ella".
    Leyes sin consenso unitario

    Por otra parte, el PP y C's denuncian que la LOMLOE es una ley nacida sin consenso, y que las medidas que la anterior ley ampara actualmente en Andalucía, Murcia o Madrid (comunidades todas gobernadas por estos partidos) son fruto de la aplicación del artículo 27 de la Constitución, que garantiza la libertad de elección del centro educativo.

    Y la interpretación que de este artículo ha hecho en los últimos años el PP, es lo que ha llevado a favorecer el modelo de enseñanza concertada, según las fuentes consultadas. "De momento, la ley educativa que ha disfrutado de menor consenso en la historia democrática de nuestro país es la LOMCE del PP", argumenta al respecto Francisco García, de CCOO. En su opinión, este partido "tendría que mirarse mucho a sí mismo y reclamar menos, porque la LOMCE sólo fue apoyada por el grupo político que apoyaba al Gobierno, es decir, por el PP. No tuvo ningún apoyo más, ninguno. En cambio, durante la tramitación parlamentaria de la LOMLOE vamos a ver que el Gobierno no va a estar tan solo como lo estuvo el Gobierno del PP con la LOMCE", explica.

    Siempre con controversia

    Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva ley son las medidas para atajar la alta tasa de repetidores entre el alumnado (casi un tercio en franjas de edad de 15 años). Se va a poder pasar de curso con más de dos asignaturas suspendidas e incluso recibir el título de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) con una asignatura suspendida. "Puede parecer chocante, pero hay que contemplar el conjunto. La OCDE, que no es una organización que se caracterice precisamente por su progresismo, ya ha dicho que la repetición de curso es cara e ineficaz. Y ha llamado la atención a España, porque nuestro país es campeón en la repetición de curso", señala Francisco García, quien agrega:

    "La OCDE dice que en España se abusa de la repetición de curso. Así que todo lo que tenga que ver con medidas educativas para evitar que los alumnos tengan que repetir curso (porque suele ser para hacer lo mismo que te llevó a repetir curso, es decir, a fracasar), pues yo creo que está bien traído".

    Para este experto, se trata de una medida excepcional. Y recuerda que será consensuada por el equipo docente en cada caso. "Además, ya existe en la universidad, donde se puede aprobar la carrera con una asignatura suspendida, por compensación", explica. Para él, "si un joven que quiere ser ingeniero suspende las matemáticas de 2º de Bachillerato, pues a lo mejor no se la aprueban. Pero si esa persona va a estudiar filología semítica, pues igual es razonable que le aprueban las matemáticas para que pueda marchar a la universidad a estudiar Semíticas", zanja. 

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    alumnos, sindicatos, Comisiones Obreras, manifestaciones de protesta, huelga, escuela, enseñanza, reforma, ley
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