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    El peligro de que la educación pública, cada vez con menos recursos y calidad, quede relegada a una estructura subsidiaria de la educación concertada aúna las reivindicaciones de docentes, sindicatos, asociaciones de padres y organizaciones estudiantiles. Los convocantes de la huelga denuncian la privatización encubierta de la enseñanza.

    El reciente decreto de escolarización, puesto en marcha por la Junta de Andalucía el 2 de marzo con motivo de la apertura del proceso de admisión de alumnos para el curso 2020/2021, se ha encontrado con la oposición frontal de los distintos actores de la comunidad educativa de esa región, que alberga la mayor plantilla docente de España, con más de 102.000 profesores.

    La "falta de diálogo" con el gobierno andaluz del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) ha propiciado que todos los sindicatos de profesores representados en la mesa sectorial de Educación, más la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (CODAPA) y el Frente de Estudiantes hayan acordado parar las clases en los centros de enseñanza públicos y salir a las calles en manifestación como protesta a una situación de deterioro de la educación pública frente al favor que se dispensa a la privada concertada, receptora de financiación autonómica.

    El seguimiento de la huelga ha sido dispar, según sea la fuente consultada. Así, la Consejería de Educación de Andalucía cifra su seguimiento medio entre el profesorado de Primaria y Secundaria en un 8,3%, mientras que el sindicato Comisiones Obreras ―uno de los convocantes― data su participación en un 80%. 

    El decreto de la discordia

    Las autoridades educativas, con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía al frente, Javier Imbroda, han dispuesto de un sistema de escolarización que, en opinión de la comunidad educativa, favorece la creación de guetos, pues los centros públicos asumen una carga de alumnado fruto de una segregación socioeconómica. 

    A diferencia de antes, cuando no era posible optar a matricular a los menores en un centro educativo determinado si este no estaba situado dentro del distrito de escolarización correspondiente al domicilio, ahora es posible escolarizar a los niños en centros privados concertados, aunque no se cumpla ese factor de demarcación escolar por proximidad. De resultas, los padres pueden elegir para sus hijos un colegio concertado aun cuando se halle lejos de su casa, porque el colegio público cercano se encuentra en peores condiciones.

    "Y ese colegio concertado supuestamente es gratuito, pero en la práctica no, porque realizan cobros de manera encubierta. Ofrecen unas condiciones que ahora no puede garantizar la escuela pública, pero los alumnos de padres con menos recursos igualmente se quedarán en la pública, pues no se pueden permitir los gastos de la concertada. Es decir, en la pública se están formando guetos", explica Ainhoa Murcia, secretaria general del Sindicato de Estudiantes en Sevilla.

    "Y aún hay más", continúa esta representante estudiantil, "con este modelo la escuela pública se queda sin financiación, porque los mismos que han sacado este decreto de escolarización en Andalucía plantean que la financiación irá acorde con la excelencia de los centros, y en muchos de ellos hay peores resultados académicos. Así se deriva cada vez más alumnos a la concertada y, en consecuencia, cada vez habrá un mayor gasto público para financiar este tipo de escuela, que en realidad es privada".

    La Junta de Andalucía ha calificado la huelga de "ideológica", por cuanto que los partidos de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, han secundado los paros. Por otra parte, el impacto del decreto es relativo; sólo el 3% de las familias andaluzas no logra matricular a sus hijos en los centros elegidos como primera opción, según datos de la propia Consejería de Educación.

    El avance de la escuela concertada

    Los sindicatos advierten que la medida supone una vía libre para que este tipo de enseñanza le siga comiendo terreno a la pública. En los diez últimos años, con la crisis económica de por medio, los índices de natalidad han caído en Andalucía (de 100.293 nacimientos en 2008 a 71.02 en 2018), pero el número de alumnos en las aulas de los centros concertados ha crecido: suman 1.996 plazas más frente a las 326 de la escuela pública.

    Aun con estos datos, se quejan las organizaciones convocantes de la huelga, los ratios de alumnos por clase no se han reducido. Y, en general, los índices de inversión pública en enseñanza y resultados académicos de Andalucía se hallan a la cola de España (un 21,6% de abandono escolar temprano y un gasto público por alumno al año de 4.735 euros frente a los 8.973 del País Vasco en 2015, último ejercicio disponible). A todo esto, hasta el 38% de los niños andaluces se encuentran en riesgo de exclusión social, según datos de Red de Lucha Contra la Pobreza.

    En opinión de Ainhoa Murcia, "es la propia existencia de la escuela concertada la que revela el efecto negativo del decreto. De no existir, el decreto no tendría ningún efecto", afirma, explicando que para acabar con los guetos se necesitan recursos para atender las necesidades especiales y de integración de los alumnos.

    Un consejero de Educación especialista en baloncesto

    Se da la circunstancia de que el actual consejero de Educación de la Junta de Andalucía, responsable de dar forma al decreto de escolarización y darlo a conocer, es una persona ajena al sector educativo y proviene del deportivo. Se trata de un reputado entrenador de baloncesto (exseleccionador del equipo nacional de España y exsegundo entrenador del de Lituania). Javier Imbroda tuvo dificultades el 2 de marzo para explicar en rueda de prensa a los medios la naturaleza y funcionamiento del decreto, a menudo apoyándose en la ayuda de uno de sus colaboradores, a la sazón el director general de Educación de la Junta.

    "Imbroda puede saber mucho de baloncesto, pero tiene un escaso conocimiento de cómo funciona la escuela pública y no comprende cuáles son sus necesidades. Aparte, sus intereses son otros, como sus empresas privadas, que aprovechan para seguir fomentando conciertos", señala Ainhoa Murcia.

    "Se juntan su desconocimiento del funcionamiento de la escuela pública y del decreto, con sus intereses personales. La rueda de prensa fue muy caótica, de hablar sólo el consejero, no habríamos entendido nada de lo que significa", afirma esta sindicalista, quien remata:

    "Es lamentable, que quien tiene proteger a la escuela pública, la esté destruyendo y, además, no entienda el decreto que él mismo plantea"
    Las cifras de la enseñanza en Andalucía

    El alumnado escolarizado no universitario en esta región es de 1.813.006 alumnos (es la comunidad con mayor alumnado del país).

    De esta cifra, el 73,8% está en la escuela pública, el 20,7% en la concertada y el 5,5% en centros privados. En comparación, en 2008 la pública acogía el 86% en Andalucía, mientras que la media en España corresponde actualmente a estos datos: 67,2% pública, 25,5% concertada y 7,3% privada. 

    Etiquetas:
    escolarización, financiación, Junta de Andalucía, Andalucía, escuela, enseñanza, huelga
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