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    La denominada ley 'sí es sí' a favor de las libertades sexuales elimina la distinción entre agresión y abuso sexual.

    El Gobierno ha aprobado el martes 3 de marzo en el Consejo de Ministros un antreproyecto de ley contra las violencias sexuales con el objetivo de cambiar el paradigma de los delitos de agresiones sexuales. Esta ley, que fue propuesta por Unidas Podemos antes de obtener la vicepresidencia primera del Congreso, castigará entre uno y cuatro años de cárcel los delitos contra la libertad sexual de las personas sin su consentimiento expreso, y que podrán llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes.

    El propósito de la ley es la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales, que afectan a las mujeres de manera desproporcionada, como manifestación de la discriminación, las situaciones de desigualdad y las relaciones de poder de género. Según la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta ley supone un "cambio de paradigma y de mentalidad" al plantearse como "integral".

    ​Conlleva una modificación del Código Penal con la creación de nuevos delitos y, sobre todo, acaba con la distinción entre abuso y violación al convertir en el eje central del proyecto la figura del consentimiento, como reclama el Convenio de Estambul, para que quede claro que "solo sí es sí". Una llamada que ya se ha convertido en el nombre por el que es conocida la ley.

    La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia es el aspecto más conocido de la ley, pero esta legislación aspira a ser integral e incluye un enfoque amplio contra la violencia sexual.

    Tal y como prometió Montero, la aprobación de este proyecto llegará antes del 8-M para dotarlo de un mayor simbolismo, lo cual produjo reticencias entre los ministros del PSOE que veían la necesidad de pulir algunos detalles del texto que afectaban a los juzgados especializados, para garantizar que no invadía competencias de las comunidades autónomas y que tenía en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

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