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    La nueva ley persigue, entre otros, objetivos como la mejora de los resultados académicos y potenciar la capacidad inclusiva del sistema educativo. El estatus final de la asignatura de Religión y el intento de matizar el apoyo a la educación concertada para que asuma el compromiso constitucional de equidad, son motivos de fricción con la oposición.

    Las reformas educativas en España atienden a variopintas siglas o al nombre de los ministros de Educación que las promovieron, y se suceden cada pocos años. Así, el actual Gobierno español de coalición entre los partidos PSOE y Unidas Podemos, reunido en Consejo de Ministros el martes 3 de marzo, desplazará la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE o ley Wert, aprobada en 2013 por Gobierno del PP) y la sustituirá por la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE o ley Celaá), un cuerpo legal que modifica aspectos de la Ley Orgánica de Educación (LOE, aprobada a su vez en 2006 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero). Se trata de la octava ley educativa en España desde la recuperación de la democracia en los años setenta.

    Esta sucesión de acrónimos y fechas da una idea de la problemática en España generada históricamente a cuenta de la educación, un ámbito en el que suelen chocar no ya los enfoques de las distintas índoles políticas, sino también las cosmovisiones que del país tienen las familias, las distintas élites económicas e incluso la jerarquía eclesiástica, que financia muchos centros educativos privados. "Se trata de que nadie se quede atrás, que se trate con éxito a todos los talentos con éxito", ha declarado la titular del Ministerio de Educación de España, Isabel Celaá.

    Un modelo híbrido con centros públicos y privados concertados

    Uno de los puntos más polémicos a los que se enfrenta la nueva ley es la financiación de los colegios concertados y su gestión. Dotados de subvenciones públicas para paliar el déficit de centros públicos que arrastraba España a principios de los años ochenta, devinieron en una suerte de sector subsidiario de la enseñanza pública en España. Es decir, el Estado buscó garantizar la gratuidad de la enseñanza aun cuando no dispusiese de una red pública completa.

    En la práctica, centros privados pasaron a formar parte del sistema público de enseñanza, disfrutando de su financiación, aparte de la aportada, en muchos casos, por la Iglesia Católica. Más de tres décadas después de su implantación, el mapa educativo en España apenas tiene parangón en Europa; España es uno de los países de la UE con menos centros públicos y más centros concertados, sólo superada por Bélgica y Gran Bretaña (ya fuera de la UE). Y muchos de los problemas que afectan a la educación en España tienen especial plasmación en el ámbito de los centros concertados.

    Por ejemplo, suelen ser reticentes a la hora de acoger en sus aulas a alumnos de espectro social menos pudiente, también inmigrantes o refugiados. La nueva ley trata de gestionar mejor el reparto de alumnos de familias con pocos recursos económicos, que de otra manera son asumidos casi en su totalidad por los centros públicos, saturándolos. De hecho, en los centros públicos, hasta un tercio del alumnado es de un estrato socioeconómico humilde, mientras que en los colegios privados y concertados apenas alcanza el 7,5%. Para más inri, muchos centros concertados camuflan el coste de facto de sus matrículas consignándolo a actividades, gastos de material, comedor u otras partidas. Y eso que reciben subvención estatal. El pago de estas tasas extra confronta directamente con el espíritu del concierto, pues no todos se las pueden permitir. Esto da lugar a una segregación de facto, dado que la financiación pública posibilita así que alumnos pobres queden separados de los ricos. Por esta razón, la LOMLOE obligará a las comunidades autónomas a escolarizar a este tipo de alumnado "por motivos socioeconómicos".

    Y si el concierto educativo da problemas, ¿por qué se mantiene?

    Muy sencillo: al Estado le sale más barato este sistema híbrido, pues con una inversión pública del 17,7% en Educación, la concertada escolariza al 29% de los alumnos. Entre otras, las causas radican en las condiciones laborales de los profesores, que son peores; trabajan más horas y con menos salario con ratios de alumnos por clase superiores. Además, los colegios concertados no cubren las zonas rurales, donde el servicio público es más caro. Por otro lado, la escuela concertada goza de exenciones fiscales: no paga IVA (unos 1.500 millones de euros anuales). Y los colegios que son religiosos tampoco pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un tipo de centros que escolariza a casi el 70% del alumnado de la escuela concertada.

    Con la nueva ley, las autoridades educativas tratan impedir que la enseñanza concertada se convierta en una suerte de gueto exclusivo de alumnos de familias acaudaladas. Tal y como se desprende del estudio que Manuel Muñiz Pérez, profesor de la Universidad de Oviedo, realiza junto con Roberto Fernández Llera, el argumento fundamental de los padres para optar dentro de su libertad de elección por estos centros "no es una mayor calidad educativa", sino las características socioeconómicas del grueso de su alumnado. Es decir, estos centros estarían amparando cierta segregación social, "que de seguir permitiéndose, aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo", precisamente uno de los objetivos del Ministerio de Educación con la nueva ley. Y, hablando de segregación, muchos de los centros concertados separan a sus alumnos por sexos, medida que avaló en su día el Tribunal Constitucional pese a valorar que puede generar estereotipos machistas.

    "Y es que la educación pública aloja a la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales, el 80% de los inmigrantes y todo el alumnado de los centros rurales", comenta Muñiz Pérez.

    Según cifras ministeriales, en el curso 2019/2020 en España hay 19.184 centros públicos y 9.632 privados o concertados. El gasto total en educación en 2017 ascendió a 49.463 millones de euros, de los que 6.179,4 millones (el 12,5% del gasto total, últimos datos consolidados) financiaron a los centros concertados. La nueva ley prevé que las admnistraciones intervengan en el reparto de alumnos en los centros atendiendo a las necesidades educativas y específicas, sin contemplar pagos adicionales. Los centros concertados y la oposición política aducen que estas medidas pasarían por encima de la libertad de las familias de elegir el centro deseado.

    La Constitución y las palabras de la ministra

    En su punto 3, el artículo 27 de la Constitución española dice así:

    "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

    Es decir, el Estado tiene la obligación de ofrecer un colegio público y gratuito a cada alumno y los padres a elegir el que quieran. Pero la interpretación es libre, porque, tal y como afirma Muñiz Pérez, "A partir de ahí, que se entienda que el sector público tiene la obligación de pagar el colegio que cada uno quiera, es completamente incierto". Y esto es precisamente a lo que se agarró en 2019 la ministra Isabel Celaá cuando declaró:

    "De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza".

    De resultas, y más de un año después de estas palabras, los partidos opositores PP, Vox y C's argumentan que es el Estado quien coarta la libertad de elección del centro educativo. Pero la tan cacareada libertad de enseñanza o el derecho de los padres para que sus hijos reciban una formación acorde con sus propias convicciones religiosas y morales amparada por el artículo 27, no pueden ocultar que la cuestión principal es su financiación: ¿la educación religiosa tiene que pagarse con dinero público? O, por el contrario, ¿ese dinero tiene antes que garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación de buena calidad a quienes disponen de menos recursos? En los próximos días, el debate en torno a estas cuestiones seguirá en liza, evidenciando también el interés por parte de las distintas élites económicas, políticas y eclesiásticas de controlar la educación.

    La asignatura de Religión

    Y es que para la jerarquía católica española, el estatus al que depara la nueva ley a la asignatura de Religión es inconcebible. En concreto, esta seguirá siendo una asignatura de obligada oferta en los centros educativos públicos de enseñanza infantil, primaria y secundaria, pero su carácter será optativo y no computará de cara al expediente y nota media en las pruebas de acceso a la universidad o para la recepción de becas.

    Además, los alumnos no quedarán obligados a cursar una materia alternativa en caso de no escogerla, de modo que quien no opte por Religión, tendrá tiempo libre. A su vez, Educación en Valores Cívicos y Éticos, la asignatura espejo que hasta ahora se ofrecía para todos aquellos alumnos que decidían no elegir Religión, será de obligado rendimiento. De tal manera, el estudio de la fe cristiana católica y su historia, queda relegado al ámbito de la opción personal.

    La controversia con los repetidores

    Otro de los puntos controvertidos de la LOMLOE es la situación en la que quedan los alumnos que suspenden más de dos asignaturas y repiten curso. En España este porcentaje afecta casi al 30% del alumnado de 15 años de edad (la media en la UE es del 13%). La LOMLOE se propone revertir el dato, permitiendo que se pueda repetir curso sólo al final de cada etapa en Primaria (segundo, cuarto y sexto).

    Con carácter excepcional, se podrá pasar de curso con más de dos asignaturas suspendidas en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) si el profesorado estimase que no fuera obstáculo para rendir con éxito el siguiente curso. Y se podrá conceder el título de Bachillerato con una asignatura suspensa también de manera excepcional. El anuncio de esta medida en 2019 produjo expectación, pues muchos interpretaron que desde el Ministerio de Educación se alentaba a pasar de curso aun con un mal expediente.

    En el caso de los centros concertados, el número de repetidores es mucho menor que en los públicos, que asumen casi íntegramente la integración de alumnos de familias con pocos recursos. Estadísticamente hablando, estos niños tienen hasta 5,5 veces más de probabilidades de repetir curso que los de clases pudientes. 

    Mismo título y más contenidos decididos por el Estado

    Otro aspecto que desaparece con la nueva ley son los llamados itinerarios en función de las capacidades académicas. Hasta ahora, los alumnos que no conseguían superar 1º o 2º de ESO (Educación Secundaria Obligatoria, entre los 12 y 16 años de edad) eran derivados a la Formación Profesional Básica. La nueva ley elimina esta vía y recupera la diversificación curricular (ya contemplada en la LOE de 2006), por la que se modificaba el currículo desde 3º de ESO para que esos alumnos pudieran también obtener el título de educación secundaria.

    Como en la LOE, el Gobierno central volverá a decidir sobre el 55% de los contenidos de las materias en las autonomías con lengua cooficial y sobre el 65% en aquellas comunidades con sólo el castellano como lengua oficial. El modelo todavía vigente auspicia grandes diferencias entre los contenidos en cada territorio autonómo. En principio se busca una mayor colaboración entre el poder central y el autonómico. 

    La batalla de las lenguas

    No termina de quedar claro en la nueva ley la cuestión de la lengua en la enseñanza en aquellas comunidades donde haya dos idiomas cooficiales. Supuestamente se proporcionará una "regulación acorde" a lo que falló el Tribunal Constitucional de España en 2018 sobre Cataluña, cuando quedaron anulados algunos aspectos de la LOMCE en los que se regulaba el derecho a recibir las clases en castellano. El nuevo texto únicamente alude a la garantía del derecho a que se imparta enseñanza en castellano y las demás lenguas allá donde sean cooficiales.

    Este aspecto es espinoso y obra que los partidos opositores PP, Vox y C's estén en permanente enfrentados al Gobierno. Para ellos, la ley no soluciona una situación que, en su opinión, imposibilita que se pueda estudiar en castellano en Cataluña, región donde estiman que esta lengua se halla "perseguida" a nivel escolar. Por contra, tanto el Gobierno central como el autonómico catalán entienden que la actual coyuntura es precisamente la que posibilita que los alumnos sean bilingües en castellano y catalán. En Cataluña, la enseñanza en Infantil, Primaria y Secundaria se imparte en catalán, a excepción de la asignatura de Lengua Española. En la Universidad, profesores y alumnos pueden elegir la lengua vehicular de las clases.

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    Isabel Celaá, Podemos, PSOE, Gobierno de España, Consejo de Ministros de España, colegios, enseñanza, ley, reforma educativa
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