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    El escándalo saltó la pasada Nochebuena. En el barrio de Camp Redó, en Palma de Mallorca, una menor tutelada de 13 años fue violada por un grupo de adolescentes de entre 15 y 17 años. Un caso que no solo conmocionó la opinión pública balear, sino que desveló más de una decena de caso de prostitución de menores en centros de acogida.

    La joven, trasladada a un centro de menores de la Península Ibérica, relató en su denuncia que acudió al piso de Camp Redó, donde se celebraba una fiesta, con una amiga. Allí, su compañera intimidó a la víctima para que mantuviera relaciones sexuales con un grupo de menores. La noche acabó con una agresión sexual, por la que fueron detenidos seis menores y un adulto de 19 años, este último ya en libertad tras declarar que se fue del inmueble nada más llegar.

    Según el atestado del caso, horas antes, la víctima y su amiga habían estado en un bar del barrio palmesano de Son Gotleu, donde les ofrecieron prostituirse. Ella se negó, sin embargo, sus palabras cayeron como una bomba sobre el archipiélago. Y es que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) desveló que tenía constancia de 16 casos de explotación sexual infantil, algunos antes de llegar a los centros de acogida, otros durante su estancia.

    ​Asunto que ya está investigando la Fiscalía de Baleares y que, además de los menores implicados, se salda, de momento, con la detención de dos personas que ofrecían niñas menores a hombres para mantener relaciones sexuales. A uno de ellos, además se le acusa de abusar sexualmente de otra menor.

    Un sector de la niñez extremadamente sensible que puede acabar incurriendo en esta clase de prácticas. "El niño o niña tutelado es altamente vulnerable dado que aquellos que deberían hacerse cargo de su atención y cuidados, es decir sus padres o cuidadores principales, no lo han hecho. Se daña la confianza básica del niño en sí mismo, en los demás y en el futuro. Con estas tres áreas afectadas, el menor es fácilmente manipulable por personas que fingen preocuparse por él o ella y que le dan un mínimo de atención o afecto. De esta forma, muchas veces acaba en actividades como la prostitución o el tráfico de drogas", aseguró Noemí Pereda, profesora de Victimología de la Universidad de Barcelona.

    La vulnerabilidad de los menores tutelados a causa de la ausencia de una figura familiar es algo que también remarca Joan Marc Tur, psicólogo y exdirector de la Oficina del Menor de Baleares. Las experiencias personales de cada uno de ellos, unidas a la influencia de la pornografía o las nuevas aplicaciones de contacto, forman un caldo de cultivo que puede desembocar en casos como el de Mallorca. El detonante serían las fugas de los menores de los propios centros y el escaso control de sus salidas y entradas:

    "En la memoria que presentamos la Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència en 2016 a los grupos del Parlament Balear, mencionamos la relación entre las fugas y la explotación infantil. Lo expusimos hace 4 años, aunque nadie hizo caso", comentó Tur.

    Pereda y Tur vuelven a coincidir en un aspecto: la falta de preparación del personal de los centros de acogida. La profesora de la Universidad de Barcelona explicó que "no están adecuadamente formados", principalmente por la ausencia de cursos sobre "victimización, efectos de la violencia en los niños y niñas o programas de prevención e intervención". Y es que, según argumentó, un menor maltratado o abandonado necesita un "nuevo vínculo" con un adulto que le permita volver a confiar en sí mismo, en los demás y en el futuro. Joan Marc Tur fue director de un centro de menores y sabe el complicado papel de los educadores y lo difícil que es encontrarlos: "Por lo general, nos encontramos con gente poco especializada, muy joven y que no aguanta más de un año en el trabajo. Hace falta un plan de estabilidad laboral y una mejora de los salarios para que puedan mantenerse en su puesto. Ellos ejercen de 'madre' o 'padre' de los menores, son su familia y si están poco tiempo, los menores no se pueden acostumbrar a ellos".

    Además de la falta de personal, el exdirector de la Oficina del Menor balear destacó la sobreocupación de los centros o la ausencia de lugares especializados para "adolescentes difíciles" como agravantes de la situación. "Hay muchos perfiles, pero, algunos, van asociados a problemas de conducta o dependencia de consumo de drogas. Se hace mucho más complicado controlar a estos menores, sobre todo cuando padecen una crisis", admitió Tur, que también cree que es necesario que los espacios donde están los niños sean más cálidos, más parecidos a "un hogar" que a un centro.

    Pereda es más escéptica con los centros y cree que solo las familias que estén preparadas para recibir un menor pueden fomentar su recuperación.

    "En los centros, ni hay tiempo, ni educadores suficientes, ni formación para ello. Solo pueden recuperarse en familias que estén preparadas para acoger y aceptar a un niño o niña altamente vulnerables. Si no se cuidan los vínculos y se sigue pensando en ellos como niños a quienes reformar, controlar su conducta, reeducar, estaremos cometiendo el mismo error que nos ha llevado hasta aquí. Esta situación sólo es prevenible si empezamos a aceptar y entender el trauma complejo que presentan estos niños y que sólo se repara desde el afecto y el vínculo".

    Juego político

    Esta denuncia por violación se ha convertido en el último rifirrafe en la política balear. "Creo que se ha convertido en un juego político. Solo hay reproches. Me parece, como mínimo, incómodo", admitió Tur.

    Y es que desde que transcendiera la declaración, la oposición ha utilizado el caso para atacar al gobierno del Consell de Mallorca, formado por PSOE, Podemos y Més Mallorca, y, en especial, a Javier de Juan, conseller insular de Derechos Sociales y presidente del IMAS, organización que gestiona los 30 centros de acogida de la isla. "Dimitiría ahora mismo si de eso dependiera el fin de estos casos", exclamó durante un pleno extraordinario del Consell de Mallorca, celebrado el 31 de enero.

    Críticas que lanzan también al Govern de les Illes Balears-gobernado por la misma coalición que el Consell de Mallorca-, a su presidenta, Francina Armengol, y a la consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, de la que piden su dimisión. Es más, la tensión llegó al Congreso de los Diputados, de la mano de las diputadas del PP, Margarita Prohens, y la de Vox, Mireia Borrás, quienes denunciaron la situación en el archipiélago.

    ​"La responsable de estas niñas es una Administración que debe determinar dónde han estado los errores y se niega a investigar y que usted protege porque es de izquierdas", contestó a Pablo Iglesias, Margarita Prohens. En relación a esto, la oposición consiguió que el Consell de Mallorca creara una comisión de investigación sobre la gestión política de menores, en la que se podrá pedir la comparecencia de todos los responsables institucionales relacionados con el asunto. Única opción del gobierno local mallorquín tras la renuncia de Jorge Carlos Fernández del Valle, experto designado para coordinar una comisión de expertos, opción inicialmente presentada por el Consell de Mallorca.

    Una dimisión propiciada por la vinculación de Fernández del Valle al organismo insular. Y es que entre 2008 y 2009 colaboró con este para crear el actual sistema de protección de menores. Aunque ya está cerrada, Joan Marc Tur cree que esta discusión comisión de expertos contra comisión de investigación es "estéril". "No hay que olvidar que el objetivo es proteger a los menores".

    Etiquetas:
    explotación sexual de menores, trata de personas, prostitución, violación, Mallorca, las Islas Baleares, menores
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