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    MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España aprobó un paquete de medidas para intentar paliar la crisis de rentabilidad del sector agrícola y ganadero, que en las últimas semanas protagonizó protestas a lo largo de todo el país para denunciar su situación.

    En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión semanal del Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmó que este paquete de medidas supone "una respuesta directa a muchas de las reivindicaciones fundamentales puestas en marcha por los agricultores en las últimas semanas".

    El análisis de la situación hecho por el Gobierno incide en que la crisis del sector agroalimentario se debe fundamentalmente a cuatro factores: la volatilidad de los precios, las crisis comerciales, el aumento de los costes de producción y la reciente concurrencia de fenómenos climáticos extremos como el paso del huracán Gloria por la península Ibérica o los episodios de gota fría.

    Estas cuestiones, señaló Planas, generan "un particular perjuicio para el primer eslabón de la cadena alimentaria", que se encuentra "en una situación desfavorable respecto a industria, distribución y consumidores".

    Según datos ofrecidos por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en algunos casos los agricultores se ven obligados a vender su producto por cantidades más de un 500% por debajo de su precio final.

    Es el caso por ejemplo de las patatas, cuyo precio medio en origen se sitúa en los 0,17 euros el kilo, pero por las que luego el consumidor paga de media 1,25 euros por kilo, un 635% más.

    Estas espectaculares diferencias también se producen los precios de la naranja, por las que los productores reciben 0,25 euros en origen, mientras que el supermercado las vende a 1,60 cada kilo, lo que supone un aumento del 532%.

    Para contener esa hemorragia, el paquete de medidas aprobado por el Gobierno establece que, a partir de ahora, los agricultores tendrán poder para imponer a sus clientes unos precios en origen que nunca sean menores a los costes de producción.

    Otro de los problemas denunciados por los agricultores es la llamada "venta a pérdidas", una práctica por la que las cadenas de distribución venden algunos productos por debajo de sus costes de producción para atraer clientes, algo que deriva en una posterior devaluación del producto.

    Las medidas anunciadas por el Gobierno incluyen también la prohibición de esta práctica.

    "Prohibimos la destrucción de valor en cada elemento de la cadena (…) Un bien no se podrá vender por debajo de lo que ha costado producirlo", explicó Luis Planas, que además anunció la limitación de "promociones comerciales de carácter engañoso dirigido al público".

    No obstante, el ministro señaló que esta prohibición tendrá excepciones referentes al último eslabón de la cadena, la venta al consumidor, sobre todo cuando se trate de productos perecederos, lo que busca "evitar el despilfarro alimentario".

    El paquete de medidas incluye también limitaciones a "las promociones comerciales de carácter engañoso" y relaja los requisitos para que los trabajadores del campo accedan a subsidios en los periodos de menor actividad.

    Mientras el Gobierno aprobaba estas medidas, los trabajadores del campo continuaron su campaña de movilizaciones, que este 25 de febrero estuvo focalizada en Sevilla, donde miles de tractores colapsaron cuatro de las cinco principales autovías de la provincia.

    "Los agricultores han dicho basta ya, no podemos soportarlo más, y por eso hemos decidido tirarnos a la calle y no estamos dispuestos a retirarnos hasta que no se nos ofrezca una solución", señaló en declaraciones a los medios de comunicación Vicente Revert, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Sevilla.

    Las reformas aprobadas por el Gobierno son sólo una respuesta de urgencia para la situación del campo español, que también se juega su futuro en el ámbito europeo, donde España intenta dar la batalla para que los próximos presupuestos comunitarios no incluyan recortes en la Política Agraria Común (PAC), unas ayudas que suponen el 30% de las rentas medias de los agricultores y ganaderos del país.

    Etiquetas:
    ganaderos, agricultura, crisis, España
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