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    El 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 2020 (55)
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    El caso de La Manada o el #MeToo han cambiado la forma de pensar en España. Cada 8 de marzo, el país vive una oleada de protestas en las que se exige la igualdad entre mujeres y hombres o el fin de la violencia de género. Y, con vistas a esta fecha, el Ministerio de Igualdad se prepara para lanzar su primer gran proyecto: la Ley de Libertad Sexual.

    La intención de la ministra Irene Montero es que esta sea aprobada antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y parece ser que entrará en plazos. Una reforma del Código Penal bien recibida por los colectivos feministas, sobre todo por uno de sus puntos principales: la desaparición del término abuso.

    De esta forma, el proyecto propone la unificación de todos los delitos de violencia sexual en un solo de agresión sexual con agravantes. Así, la violencia e intimidación dejan de ser la vara de medir de estos delitos, antes requisitos necesarios para determinar si un hecho se juzgaba como abuso o agresión. Romper esta dicotomía es "positivo" para la experta en Feminismo Jurídico de la Universidad de Granada, Tasia Aránguez, consultada por la agencia Sputnik.

    ​Ahora será el consentimiento, el que marque la existencia del delito. De ahí, que a esta nueva ley también se la conozca popularmente como 'solo sí es sí'. Un determinante reconocido en el Convenio de Estambul, que España firmó hace seis años, y que se pretende aplicar en 2020.

    "Antes se presuponía que el consentimiento estaba dado, incluso en circunstancias en las que no se puede dar, y solo la violencia convertía un acto en delito. Pasamos del 'no es no' al 'solo sí es sí'. Al cambiar la una por la otra, será mucho más fácil de probar la comisión de estos delitos", argumentó Aránguez.

    Sin embargo, no todos los cambios están siendo vistos con buenos ojos. La reducción de las penas para violadores y acosadores, en comparación con lo que establece el Código Penal, es uno de ellos. Aunque existen agravantes como anular la voluntad mediante fármacos o las agresiones en grupo, con la reforma, la agresión sin penetración oscila entre el año y los cuatro años de pena, mientras que con penetración iría de los cuatro a los diez. Actualmente, la horquilla comprende del año a los cinco en el primer caso y de los seis a los 12 en el segundo. En el caso del abuso, se va de uno a tres años sin penetración y de cuatro a diez con penetración. 

    Para Aránguez, existe una falta de concreción en este asunto. Entiende que se reduzcan para aligerar la Justicia y que sea "más eficaz". Pero no que lo hagan por motivos legislativos o como una atribución al movimiento feminista. "Si un femicidio implica entre 10 y 15 años de prisión, una violación no puede estar a la par. Pero, eso no justifica una reducción de la pena. Tampoco que Irene Montero diga que el feminismo no es 'punitivista'. El feminismo no es la hermanita de la caridad. Hay que dar un motivo", explicó la profesora de la universidad andaluza.

    Tampoco considera del todo adecuadas las nuevas denominaciones de la ley. Por ejemplo, los anteriormente llamados delitos contra la libertad sexual o la indemnidad sexual, se convertirán en delitos contra la libertad sexual únicamente.

    "Hay que mantener la idemnidad también. No solo hay que proteger que las personas tengan sexo libremente, porque entonces nos olvidamos de las que no son libres de decidir, como las mujeres que son drogadas. La sexualidad no tiene que ir tanto en relación con la libertad, sino con que respeten la indemnidad sexual de cada una y que un hombre no venga y me viole o violente", aseveró Aránguez.

    Proceso judicial especializado

    Más allá de la definición del delito, esta ley equipara a las víctimas de agresiones con las que de violencia de género. De esta manera, las primeras tendrán acceso a recursos y derechos que existen para las segundas, a los que también podrán acceder las mujeres migrantes afectadas, independientemente de su situación legal. Además, tendrán a su disposición una nueva batería de medidas de prevención y atención en todos los ámbitos. Y para ello hay que empezar por el principio.

    Y es que la ley prevé que las víctimas no hará falta que denuncien o tengan una sentencia para ser reconocidas oficialmente. Se podrán servir de los informes de otros entes como Inspección de Trabajo o los Servicios Sociales y así acceder a ayudas económicas o laborales, entre otras, dependiendo del daño físico, mental o social o la pérdida de oportunidades.

    Además, sus casos serán resueltos por juzgados especializados en violencia de género, que ampliarán sus competencias, al igual que los equipos de la Policía y forenses adscritos a estos.

    "No es lo mismo que el juicio lo lleve una persona con idea a una que no tiene ninguna, ya que puede ser que incurra en preguntas estereotípicas contra las víctimas, como '¿qué ropa llevabas?'. Al menos, se reducirán estos juicios", comentó la experta en Feminismo Jurídico.

    En relación a esto, la Ley de Libertad sexual fija un conjunto de medias para la protección de la víctima durante todo el proceso judicial. Por ejemplo, evitar el contacto visual con el agresor o que se eviten preguntas que tengan que ver con su vida íntima y no que el hecho.

    Más prevención y procesos de recuperación de las víctimas

    A su vez, el proyecto del Ministerio de Igualdad creará una red de centros de atención integral, que ofrecen atención telefónica y asesoramiento presencial 24 horas, actualmente escasos o inexistentes en algunas comunidades autónomas. Espacios en los que se fomentará la recuperación de las víctimas durante el tiempo que necesiten mediante la ayuda psicológica y el asesoramiento, siempre con el objetivo de buscar la plena autonomía de las víctimas.

    Junto a esto, el proyecto incide en la prevención y la sensibilización en violencias sexuales. De esta forma, el sistema educativo deberá incluir contenidos sobre educación sexual en igualdad y diversidad afectivo sexual e idear protocolos para prevenir y detectar violencias. Además, las instituciones tendrán que poner en marcha campañas para combatir los estereotipos de género y las falsas creencias sobre las víctimas.

    Cambios en el Código Penal, prevención, ayudas… completan la Ley de Libertad Sexual. Una propuesta en la que, sin embargo, todavía existen flecos que recortar. Por ejemplo, determinar si el acoso callejero se penará o no. Puntos que revisar en la que es la primera gran avanzadilla del Ministerio de Igualdad y, por ende, de Irene Montero. Y, sobre todo, de las miles de víctimas al año que padecen este mal.

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    El 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 2020 (55)
    Etiquetas:
    España, ley, Irene Montero, violencia sexual, delitos, violación
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