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    España es uno de los países que más incumple la normativa europea. Entre las infracciones destacan las sanciones ambientales, que sitúan al país entre uno de los 28 que menos reduce la contaminación atmosférica.

    Según confirman diversas fuentes, en 2015 España era el segundo país europeo con más multas y sanciones en su contra por parte de Bruselas. En 2017, encabezaba la lista de países más penalizados por incumplir normativas comunitarias, con 54 millones de euros en multas y 96 procesos abiertos y el año pasado, la Comisión Europea abrió 13 nuevos procedimientos a España por el incumplimiento de los valores máximos de dióxido de nitrógeno. A continuación, exponemos las cuestiones más sonadas:

    Caso Delcy

    Recientemente, España ha sido acusado por incumplir las órdenes europeas tras la reunión secreta que mantuvieron hace unas semanas el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos con la mandataria venezolana Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea con la congelación de sus activos en suelo europeo y la prohibición de viajar dentro del espacio Schengen.

    Aunque el ministro español se defendió de las acusaciones asegurando que trató de "recordarle la prohibición de Europa y salvaguardar las relaciones internacionales", recientemente un Juzgado de Madrid acaba de requerir a AENA, el gestor público de los aeropuertos españoles, que conserve las imágenes de ese encuentro pues se han encontrado indicios de delito.

    Justicia contra Junqueras 

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció a España porque según el organismo europeo, Junqueras adquirió la inmunidad el mismo día en que fue elegido por el pueblo.

    La sentencia del TJUE señaló que el Tribunal Supremo español debería haber reconocido la inmunidad de Oriol Junqueras desde el momento en que fue elegido eurodiputado. La elección se produjo el 26 de mayo de 2019, mientras Junqueras, en prisión provisional, estaba siendo juzgado en el Tribunal Supremo. Partiendo de esa base, el TJUE concluye que "esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas". 

    Es decir, que el Supremo debería haber dejado salir de prisión a Junqueras para hacer estos trámites.

    No obstante, el catedrático Jean Monnet de Derecho Europeo Carlos Moreira, sostiene que para ser eurodiputado se deben dar una serie de requisitos y que por eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó total libertad al Tribunal Supremo español porque "si concurrían circunstancias como el hecho de que ser imputado y condenado previamente por unos hechos delictivos, automáticamente no puede suspenderse esa condena por el mero hecho de ser proclamado eurodiputado. Por eso sigue en la cárcel".

    Además, el experto hace referencia a Puigdemont para explicar el contraste entre éste y Junqueras pues "Puigdemont no había sido condenado y por eso pudo acceder a su acta independientemente de que ahora esté en el extranjero y no pise suelo español".

    Protección de datos

    Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) en mayo de 2018, parece que a España le ha costado adaptarse a las normas comunitarias. La Comisión ha demandado a España por tardar más de un año en adoptarse a esta medida y según diferentes estimaciones, la sanción asciende a 8,7 millones de euros, pero podría ser incluso mayor puesto que podría ir incrementándose unos 21.321 euros por cada día de incumplimiento.

    Medio ambiente

    Durante un largo período, España ha liderado el ranking de multas ambientales tanto por el tratado de sus aguas y depuradoras como por la calidad del aire:

    1. Aguas residuales: Recientemente España ha pagado la mayor multa de su historia a la UE por la falta de depuradoras. La cifra asciende a 32,7 millones de euros. Pero, además, dado que la sanción se impuso por una condena en 2018 y que las deficiencias siguen sin haberse resuelto, el montante de la multa sigue creciendo y podría hacerlo hasta el 2023.
    2. Contaminación atmosférica: Madrid y Barcelona llevan desde 2010 incumpliendo los límites de partículas de dióxido de nitrógeno. El incumplimiento podría ser sancionable, con multas que pueden ascender a 1.600 millones de euros. Aunque ningún país de la Unión Europea se ha enfrentado a una multa por la mala calidad del aire, la Comisión Europea denunció ante la justicia europea otros países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría y Rumanía por incumplir la normativa europea de calidad del aire, al considerar que las medidas que habían planteado estos países para paliar el problema en sus ciudades no eran "creíbles, eficaces ni oportunas".
    3. Vertederos: España tiene un problema con la gestión de los vertederos ilegales. En 2016 y posteriormente en 2017, el Tribunal de Justicia de la UE arremetió contra España por no haber clausurado 61 vertederos ilegales en seis comunidades de España. Esta sanción va ligada con otra noticia de actualidad, y es la del desprendimiento de residuos del vertedero de Zaldívar (Bizkaia), donde después de dos semanas, se siguen buscando a los dos trabajadores desaparecidos por el desprendimiento.
    Otras sanciones

    En diciembre de 2019, la Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que condenara a España por su "Modelo 720" —que permite a los contribuyentes declarar sus bienes y derechos en el extranjero—, para luchar contra la elusión y el fraude fiscal. Asimismo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado recientemente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) va a hacer pública una sentencia muy dura contra España por permitir el despido por baja médica.

    No obstante, a pesar de que España tiene varios frentes abiertos contra la Unión Europea, según explica Moreira, España no es uno de los países que más incumple las sanciones europeas. "Hay que distinguir entre los discursos que puede tener España para poder hacer frente a las sanciones de la Unión Europea y el motivo de esas sanciones".

    "En primer lugar, para pagar una sanción, España solo está obligada en el supuesto de que haya una condena firme del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, es decir, el hecho de que la Comisión Europea incoe un procedimiento de incumplimiento y en su caso de sanción en ningún caso justifica que España tenga que pagar esa sanción. Hay que diferenciar entre expedientes que abre la Comisión y luego sanciones firmes del Tribunal de Luxemburgo. Las que de verdad vinculan al reino de España son las sentencias del Tribunal de Luxemburgo", añade.

    "Es importante distinguir entre las sanciones que son firmes porque las ha sentenciado el Tribunal de Luxemburgo y las sanciones de la Comisión que son en el fondo un procedimiento administrativo".
    ¿Quién se hará cargo del pago?

    De acuerdo con Moreira, el desembolso del dinero puede venir de diferentes vías, pues depende de quién sea el causante del hecho objetivo que se imputa: "Aunque el responsable ante la Unión es el Estado, subsidiariamente el Estado puede ir contra el organismo responsable ya sea de carácter autonómico o local", y añade, "en España hemos estado mucho tiempo con gobiernos en funciones y en una difícil situación económica".

    "El Gobierno central tiene unas competencias muy relativas. Las comunidades y los ayuntamientos tienen sus propias competencias y al ser un Estado descentralizado, no se puede garantizar desde el gobierno de la nación que haya un cumplimiento uniforme en todo el territorio nacional. Hay un problema de descentralización de administraciones", concluye.

    Etiquetas:
    sanciones, medio ambiente, Tribunal Supremo español, TJUE, Europa, España
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