Según informó el Ministerio de Educación, el recurso del Gobierno pide "con carácter de urgencia" la adopción de medidas cautelares destinadas frenar la aplicación de la citada medida.
El pin parental es una especie de veto educativo por el cual Vox pretende que los padres puedan impedir que sus hijos participen en actividades donde se les informe sobre contenidos que a ellos no les parezcan adecuados.
Vox no forma parte de la administración autonómica en la Región de Murcia, pero el Gobierno conformado por los conservadores del Partido Popular y los liberales Ciudadanos se sostiene sobre su apoyo parlamentario, lo que da a los ultraderechistas poder para imponer parte de su agenda.
El presidente de Murcia (del conservador Partido Popular) asumió ya esta medida como propia y se negó a responder al requerimiento del Gobierno para su retirada.
"No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", afirmó este 18 de febrero.
El Gobierno central (integrado por los socialdemócratas del PSOE y los izquierdistas de Unidas Podemos) se opuso de forma rotunda al veto educativo desde el momento de su anuncio, argumentando que vulnera el derecho de los alumnos a recibir una educación en los términos recogidos por la Constitución.
Como es habitual en la ultraderecha española, Vox recurrió a múltiples bulos para defender la necesidad del veto educativo asegurando los niños son expuestos a contenido de carácter sexual en las escuelas.
Hermann Tertsch, eurodiputado de la formación, llegó a afirmar que el pin parental es una medida destinada a evitar que los niños "pretendan penetrar a sus hermanitos para liberarlos del heteropatriarcado".
Por su parte, la Ministra de Educación, Isabel Celaá, respondió afirmando que "una familia homófoba no tiene derecho a que sus hijos también lo sean", por lo que, a su modo de ver, el pin parental es "una censura intolerable en un país democrático".
Además del rechazo del Gobierno, la propuesta del pin parental también recibió un rechazo casi unánime por parte de la comunidad educativa.
Ahora el asunto se encuentra en manos de los tribunales tras la presentación del recurso por parte del Gobierno, una decisión que fue duramente criticada por los sectores de derecha, sobre todo después de que el Ejecutivo elaborase una nueva narrativa en torno al conflicto catalán en la que se aboga por huir de la judicialización de las contiendas políticas.
