"El Tribunal de Cuentas nos pide una fianza de 4,1 millones de euros [más de 4,5 millones de dólares] a los que hicimos posible el referéndum del 1 de octubre. Tenemos 15 días para evitar que nos embarguen nuestros bienes. Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos", expuso en un mensaje de Twitter el expresidente catalán residente en Bélgica.
El Tribunal de Cuentas ens demana una fiança de 4,1 milions d’euros als qui vam fer possible el Referèndum de l’1Oct. Tenim 15 dies per evitar que ens embarguin els nostres béns.
— Carles Puigdemont (@KRLS) January 28, 2020
Si vas votar l’1 d’Octubre, et necessitem. https://t.co/pzvcHQfGRN
La iniciativa del líder independentista llega para hacer frente a la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas español, que calculó en unos 4.146.274,97 euros por los gastos ilegales de dinero público perpetrados en el referéndum del 1-0 en el 2007.
Se anticipó también que se le solicitará una cantidad no precisada aún por los gastos relativos al despliegue e incremento de las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el exterior. Se trata de las llamadas 'embajadas' catalanas instauradas en países de la Unión Europea y Estados Unidos.
La cifra total de multas podría sumar más de 20 millones de euros, según estiman los abogados de los denunciantes, Manuel Zunón y Manuel Miró, citados por el diario El Mundo.
La suma deberá ser abonada en 15 días a partir del 28 de enero o, de lo contrario, se procederá a un embargo de sus bienes.
Por este motivo, Puigdemont solicitó a los simpatizantes del independentismo que participen en la recaudación de la Caja de Solidaridad que desde 2018 gestionan varias entidades vinculadas al proceso catalán.
Esta Caja, a la que los líderes independentistas recurrieron con anterioridad, permite hacer frente "a los gastos jurídicos o las responsabilidades económicas que reciben personas físicas como consecuencia de actuaciones enmarcadas en el proceso hacia la independencia".
Según sus promotores, a lo largo de 2019 el dinero aportado a la Caja costeó los procesos judiciales de 217 personas entre fianzas, multas y equipos de defensa.
El Tribunal ya había forzado al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, a realizar una petición similar para cubrir los cinco millones de euros que le reclamó la institución por la consulta del 9-N en el 2014.
