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    Cuatro figuras relevantes de los Mossos d’Esquadra serán juzgadas a partir del 20 de enero en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid. Se les acusa de no haber tomado medidas lo suficientemente contundentes para parar el referéndum independentista catalán, o incluso de ayudar indirectamente a quienes lo organizaron.

    Josep Lluís Trapero

    Es probablemente la principal figura en torno a las que gira la acusación de la Fiscalía dirigida a la Audiencia Nacional. Trapero ostentaba el cargo más prominente de los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica de Cataluña, hasta su destitución en 2017.

    Se le acusa de haber mostrado una actitud pasiva en sus obligaciones de cara al Estado al facilitar la celebración del referéndum ilegal que tuvo lugar en Cataluña el 1 de octubre de 2017, y también de haber ayudado a los políticos independentistas, a los que "informaba de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando". Trapero desmiente estas acusaciones:

    "Les dijimos [a los líderes secesionistas] que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar la legalidad y la Constitución. Que no acompañábamos su proyecto independentista"

    No obstante, estas declaraciones contrastan con unos correos que el mayor intercambió con el exdirector general de los Mossos, Pere Soler, en los que, según la fiscalía, Trapero afirmaba que "el día 1 de octubre de 2017 debe celebrarse el referéndum de autodeterminación de Cataluña".

    Pere Soler

    El citado exdirector general de la Policía autonómica es precisamente otro de los acusados. Se le acusa de haber ideado junto a Trapero y el antiguo consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, "los pasos a seguir los días previos" al 1-O de manera que esta finalmente se pudiera realizar o, dicho de otra forma, de diseñar "un plan de actuación [policial] deliberadamente ineficaz".

    Además, la fiscalía sostiene que Soler ayudó activamente a las "personas implicadas en la organización del referéndum", entre los que se encuentra Francesc Sutrias Grau, detenido por utilizar presuntamente dinero público para la adquisición de material para el referéndum ilegal.

    César Puig

    El exsecretario general de Interior de la Generalitat también se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional. En este caso se le acusa de "alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo".

    El material intervenido consiste en unos correos electrónicos enviados al Gobierno de Cataluña que avisaban de que el servicio postal catalán había intervenido sobres que "contenían cartas con nombres y apellidos dirigidos a ciudadanos catalanes que habían sido designados para formar parte de las mesas electorales que serían constituidas el 1-O".

    Teresa Laplana

    La intendente de los Mossos completa la lista de acusados. Se argumenta que, intencionadamente, "desestimó facilitar la ayuda que le había sido requerida por la Guardia Civil" durante un operativo de seguridad realizado el 20 de septiembre de ese año en la Consejería de Economía y Hacienda.

    "Negó reiterada e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba, guiada del propósito último que alentaba sus acciones, que no era otro que frustrar la actuación de la comisión judicial", declaró la Fiscalía General del Estado.

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    Los Mossos d'Esquadra, Audiencia Nacional de España, juicio, independencia, España, Cataluña
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