"El Ministerio de Exteriores ha dado su visto bueno a la reapertura de tres de esas delegaciones, impugnadas por el Gobierno y posteriormente paralizadas por la justicia", avanzó el diario español El País.
Esta decisión llega meses después de que, en noviembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendiera cautelarmente la apertura de las tres sedes a petición del Ministerio de Exteriores, entonces dirigido por Josep Borrell.
Exteriores consideró entonces que las delegaciones del Gobierno del independentista Quim Torra se estaban empleando como "instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España".
Después de que la Generalitat reformulara los objetivos de estas sedes con el fin de renaudar su actividad, el Ministerio decide ahora avalar la reapertura de las delegaciones al no observar un riesgo en sus pretensiones.
Esta decisión se tomó recientemente, cuando la titular de Defensa, Margarita Robles, se encargaba de la Cancillería española de forma interina, y poco antes de la toma de posesión de Arancha González.
También se produce en un contexto político decisivo, en el que Pedro Sánchez arrancará un diálogo bilateral con el Gobierno de Cataluña que implica "dejar atrás la vía judicial" para hallar una solución al conflicto político en la comunidad autónoma.
Cataluña y España mantenían desde hace años un pulso por la operatividad de estas sedes, contra las que el Gobierno inició procesos judiciales con anterioridad por considerarlas lesivas para los intereses del Estado.
El Gobierno catalán cuenta con varias de estas instituciones que actúan como embajadas en varios países, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.
Atribuciones comerciales
La portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, justificó que Exteriores otorgue ahora el visto bueno a la apertura de las delegaciones tras haberlas recurrido en el pasado alegando que, en esta ocasión, el Gobierno catalán estableció restricciones a la actividad de sus oficinas de acuerdo con los límites marcados por Madrid.
En concreto, afirmó que el Gobierno catalán "incorporó los requerimientos" del Gobierno español a las normas de creación de las oficinas, quedando "perfectamente delimitado" que las delegaciones estarán dedicadas a las relaciones comerciales y que "en ningún momento son sustitutivas o alternativas a las embajadas españolas".
