El juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes del independentismo catalán, acordó en dos autos "mantener las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, así como solicitar al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad como eurodiputados de ambos".
De esta manera, Puigdemont y Comín, actualmente huidos de la justicia española en Bélgica, pudieron acreditarse como eurodiputados pese a no cumplir el trámite previo de jurar la Constitución en Madrid, donde con toda probabilidad habrían sido detenidos.
El fallo del TJUE incidió en que cualquier tribunal nacional que quiera llevar ante la justicia a un eurodiputado antes debe enviar un suplicatorio al Parlamento Europeo para solicitar la supresión de su inmunidad.
Esto dejó en un punto muerto las órdenes de detención europeas que se estaban cursando en un tribunal de primera instancia de Bélgica para intentar llevar a Puigdemont y Comín a España para ser juzgados por delitos de sedición, malversación y desobediencia por su papel en el proceso independentista que llevó al referéndum unilateral de 2017 en Cataluña.
En su petición, el juez español argumenta que la inmunidad de los eurodiputados tiene por objetivo proteger el normal funcionamiento de la institución ante posibles maniobras políticas, algo que a su modo de ver es ajeno al caso porque los hechos imputados a los políticos independentistas "son muy anteriores a su elección", que se produjo en mayo de este año.
Además, señala que esos hechos "no guardan relación alguna con su actividad en la Eurocámara".
Los autos emitidos por el juez Llarena desestiman los recursos de ambos políticos pidiendo la revocación de las órdenes búsqueda en su contra y, además, señalan de forma específica que si estas personas pisan suelo español "su detención e ingreso en prisión no requerirá suplicatorio".