En un escrito de 63 páginas presentado ante el alto tribunal, los abogados de Puigdemont piden la retirada de esta orden por "haber sido dictada sin fundamento legal".
Ahora, la defensa del líder independentista pide la retirada de la OEDE —y de las órdenes de detención en territorio español— después de que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la inmunidad de los políticos catalanes elegidos como eurodiputados en los comicios comunitarios del pasado mes de mayo, circunstancia que se da en el caso de Puigdemont.
Puigdemont no pudo acreditarse como eurodiputado tras su elección porque la Junta Electoral Central de España le impuso la obligación de viajar a Madrid para jurar la Constitución como paso previo a obtener su acta en el Parlamento Europeo, algo que el líder catalán no hizo ya que habría sido detenido al pisar suelo español para responder por la causa que tiene pendiente en el Tribunal Supremo.
Es decir, las personas electas adquieren la condición de eurodiputado y las inmunidades asociadas al cargo de forma inmediata tras la proclamación de resultados, independientemente de que hayan completado o no su acreditación.
El fallo del TJUE especifica que si cualquier tribunal quiere perseguir a personas electas como eurodiputados antes se debe remitir un suplicatorio al Parlamento Europeo solicitando la retirada de su inmunidad, algo que el Tribunal Supremo no hizo antes de emitir la OEDE de octubre contra Puigdemont.
La Fiscalía presentó este 23 de diciembre un escrito en el que se solicita la suspensión temporal de la OEDE, pero con el único objetivo de enviar a la Eurocámara el suplicatorio pidiendo la retirada de la inmunidad de Puigdemont para posteriormente volver a activar la orden.
"La inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional", aseguró el Ministerio Público en su escrito.
Del mismo modo, el escrito pide el sobreseimiento de la causa en su contra al entender que los hechos por los que se le reclama —hechos por los que ya fueron condenados 13 líderes independentistas, 9 de ellos con importantes penas de prisión— no son constitutivos de delito.
