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    MADRID (Sputnik) — La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont reclamó al Tribunal Supremo de España la desactivación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que actualmente pesa en su contra.

    En un escrito de 63 páginas presentado ante el alto tribunal, los abogados de Puigdemont piden la retirada de esta orden por "haber sido dictada sin fundamento legal".

    El pasado 14 de octubre el juez instructor Pablo Llarena dictó una OEDE contra Puigdemont, actualmente huido en Bélgica, para ser juzgado por delitos de sedición y malversación presuntamente cometidos en el marco del proceso independentista que llevó al referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

    Ahora, la defensa del líder independentista pide la retirada de la OEDE —y de las órdenes de detención en territorio español— después de que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la inmunidad de los políticos catalanes elegidos como eurodiputados en los comicios comunitarios del pasado mes de mayo, circunstancia que se da en el caso de Puigdemont.

    Puigdemont no pudo acreditarse como eurodiputado tras su elección porque la Junta Electoral Central de España le impuso la obligación de viajar a Madrid para jurar la Constitución como paso previo a obtener su acta en el Parlamento Europeo, algo que el líder catalán no hizo ya que habría sido detenido al pisar suelo español para responder por la causa que tiene pendiente en el Tribunal Supremo.

    Sin embargo, la citada sentencia del TJUE —relativa al caso de Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno de Puigdemont— establece que las personas electas en unos comicios europeos adquieren la condición de eurodiputados de forma inmediata desde la proclamación de los resultados.

    Es decir, las personas electas adquieren la condición de eurodiputado y las inmunidades asociadas al cargo de forma inmediata tras la proclamación de resultados, independientemente de que hayan completado o no su acreditación.

    El fallo del TJUE especifica que si cualquier tribunal quiere perseguir a personas electas como eurodiputados antes se debe remitir un suplicatorio al Parlamento Europeo solicitando la retirada de su inmunidad, algo que el Tribunal Supremo no hizo antes de emitir la OEDE de octubre contra Puigdemont.

    Tras la publicación del fallo del TJUE el juez Pablo Llarena pidió a las partes personadas en la causa de Puigdemont la presentación de alegaciones analizando cómo puede afectar la sentencia a su caso particular.

    La Fiscalía presentó este 23 de diciembre un escrito en el que se solicita la suspensión temporal de la OEDE, pero con el único objetivo de enviar a la Eurocámara el suplicatorio pidiendo la retirada de la inmunidad de Puigdemont para posteriormente volver a activar la orden.

    "La inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional", aseguró el Ministerio Público en su escrito.

    Por su parte, la defensa de Puigdemont presentó este 26 de diciembre su escrito, en el que además de pedir la retirada de las órdenes de detención, también se interesa la retirada de "cualesquiera otras medidas cautelares que subsistan" contra el expresidente catalán por "resultar incompatibles con las inmunidades inherentes" a su condición de eurodiputado.

    Del mismo modo, el escrito pide el sobreseimiento de la causa en su contra al entender que los hechos por los que se le reclama —hechos por los que ya fueron condenados 13 líderes independentistas, 9 de ellos con importantes penas de prisión— no son constitutivos de delito.

    Etiquetas:
    España, Cataluña, Tribunal Supremo en España, Carles Puigdemont
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