Estas organizaciones efectuaron una solicitud por carta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, departamento del que depende la junta que autoriza las exportaciones de armas, a raíz de unas informaciones publicadas por el medio Diario.es.
En uno de los artículos, este medio explica el caso de la empresa española ITP Aero, presidida por el exministro Josep Piqué, a la que vincula con componentes de aviones de caza utilizados en bombardeos en Yemen.
También detalla en distintos textos el mantenimiento de la aerolínea Iberia a aviones de Arabia Saudí en el aeropuerto de Barajas, la participación de aviones con origen en España en la intervención de Turquía en Siria, o la munición que se utilizó contra las protestas estudiantiles de 2018 en Nicaragua.
Estas relaciones comerciales, que se habrían producido en distintos gobiernos, podrían "vulnerar la legislación europea y española sobre exportaciones de material bélico que prohíbe a los Estados autorizar el envío de armamento a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos", sostiene el diario.
La Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso integrada por varios departamentos del Gobierno es la encargada de decidir a qué lugares se pueden enviar las armas españolas.
