"La Audiencia condena a los siguientes acusados, como autores de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, agravado por su especial gravedad: José Antonio Griñán, a la pena de 6 años y 2 días de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días", señala el fallo.
"Manuel Chaves González, condenado a la pena de 9 años de inhabilitación especial, con la consiguiente privación definitiva de todo cargo público de carácter electivo o de designación, en cualquier Administración Publica, que tenga el penado, y la incapacidad para obtenerlos durante el tiempo de la condena. Imponiéndole el pago de 1/37 partes de las costas procesales causadas, excluidas las de las acusaciones populares", señala el escrito.
A la misma pena está también condenada la exministra socialista Magdalena Álvarez, "9 años de inhabilitación especial, con la consiguiente privación definitiva de todo cargo público de carácter electivo o de designación, en cualquier Administración Publica".
La sentencia del caso se hizo pública este 19 de noviembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, aunque pasó casi un año desde el final del juicio.
De los 21 procesados, solo dos resultaron absueltos de todos los delitos y la mayor parte de condenados a penas de prisión son exconsejeros de la Junta de Andalucía, entre ellos José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación), Antonio Fernández (Empleo) y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), con penas de entre seis y siete años de cárcel.
Manuel Chaves, de 74 años, fue presidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 2000 y 2012.
José Antonio Griñán, de 73 años, fue presidente del PSOE entre 2009 y 2013 y ministro de Sanidad y Consumo, entre 1992 y 1993 y ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1992 y 1996, durante la legislatura de Felipe González.
Griñán también fue presidente de Andalucía entre el 2009 y el 2013, cargo del que dimitió en agosto de 2013, cuando ya se le empezaba a relacionar con la causa de los ERES.
Este es el caso de corrupción más grande en el que está inmerso el partido socialista, con decenas de imputados en Andalucía.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla no es firme y puede ser recurrida al Tribunal Supremo.
