Destaca la información gubernamental que en la jornada del 15 de octubre fueron detenidas 29 personas en la provincia de Barcelona, 14 en Tarragona y ocho en Lleida.
El fallo del alto tribunal incluye condenas que van hasta los 13 años de cárcel por delitos de sedición, malversación y desobediencia.
Según datos del Sistema de Emergencias Médicas, en la jornada del martes un total de 74 personas necesitaron atención tras los enfrentamientos con la policía.
Si bien durante la jornada del 14 de octubre el epicentro de la protesta fue el aeropuerto de Barcelona, el 15 de octubre los enfrentamientos se focalizaron en los centros urbanos, con concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno español en Cataluña, produciéndose múltiples episodios de quema de material urbano.
En total, las autoridades contabilizaron 157 hogueras solo en Barcelona, lo que provocará cortes de tráfico a lo largo de este 16 de octubre para limpiar los destrozos.
El Gobierno de España emitió un comunicado de urgencia en la noche del 15 de octubre lamentando los episodios de "violencia generalizada".
En ese sentido, Madrid afirmó que "su objetivo es y será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña, y lo hará si es preciso siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad".
Reunión de emergencia
Por su parte, el presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, mantendrá este 16 de octubre una reunión de urgencia con destacados miembros de su gabinete para analizar la situación tras los altercados.
Según informa el diario catalán La Vanguardia, Quim Torra convocó "una reunión con el vicepresidente Pere Aragonès; la consejera de Presidencia, Meritxell Budó; y el consejero de Interior, Miquel Buch".
Tanto Budó como Buch fueron objetos de duras críticas en las últimas horas incluso dentro de los sectores independentistas.
Del mismo modo, Budó hizo unas polémicas declaraciones en las que, además de animar a la población a protestar, defendió las intervenciones de los Mossos d'Esquadra contra los manifestantes afirmando que las cargas tienen el objetivo de proteger a los activistas.
Está previsto que tras la reunión comparezca Buch ante los medios para hacer una declaración institucional.
El Gobierno de España emitió un comunicado de urgencia en la noche del 15 de octubre lamentando los episodios de "violencia generalizada" ocurridos desde el 14 de octubre en Cataluña.
En ese sentido, Madrid afirmó que "su objetivo es y será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña, y lo hará si es preciso siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó por el momento la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o una nueva intervención de las instituciones catalanas a través del artículo 155 de la Constitución, aunque insistió en que el Gobierno trabajará para garantizar la convivencia.
