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    MADRID (Sputnik) — Un Juzgado de la ciudad española de Ceuta ordenó el procesamiento de 16 agentes de la Guardia Civil por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio a los 15 migrantes que murieron ahogados en 2014 en El Tarajal después de emplear material antidisturbios contra ellos.

    "Es claro que en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados, los cuales podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión", reza un auto emitido por la jueza instructora del caso.

    La decisión de la jueza hace que continúen las diligencias previas y pone en marcha los trámites de preparación del juicio oral contra los agentes.

    El caso se remonta al 6 de febrero de 2014, cuando un grupo de inmigrantes subsaharianos intentó pasar a nado al enclave norafricano de Ceuta desde territorio marroquí.

    Según la relación de hechos expuesta por la jueza instructora, los agentes de la Guardia Civil dispararon pelotas de goma y botes de humo a los migrantes mientras estos se hallaban en el mar, lo que les obligó a intentar volver a Marruecos a nado.

    "No todos consiguieron volver a nado y se ahogaron 15 personas, resultando otras lesionadas", señala el auto.

    La jueza considera que la actuación desplegada por los agentes de la Guardia Civil "pudo contribuir a la muerte por ahogamiento" y además cree que se produjo una "falta de proporcionalidad en la actuación".

    El auto de la jueza explica que existen indicios, aunque no pruebas, de que los investigados pudieron incurrir en un delito de homicidio imprudente.

    "Lo cierto es que dichos indicios, que no prejuzgan la culpabilidad de los agentes, se dan en el presente caso", señala la jueza, dispuesta a seguir adelante con la acusación por homicidio.

    En su auto, la jueza instructora recuerda que los agentes tienen la obligación de defender las fronteras, pero subraya que ello no es óbice para permitir actuaciones desproporcionadas o que se niegue el auxilio a personas en peligro.

    "No se puede pretender que los agentes no ejerzan su obligación de defender las fronteras o que no eviten comisión de delitos como los que se cometen contra los derechos de los ciudadanos extranjeros", añade.

    La decisión de la jueza de seguir adelante con el proceso judicial fue aplaudida por las asociaciones de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

    Por ejemplo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) dijo acoger la noticia "con satisfacción".

    "Las víctimas merecen justicia y este juicio puede ser una luz en medio de este proceso tan largo, que no podrá devolverle la vida a 15 personas pero sí le podrá dar una reparación a sus familias", destacó Paloma Favieres, portavoz de la entidad.

    CEAR fue una de las entidades, junto a la Coordinadora de Barrios y el Observatorio DESC, que presentó recursos hasta en dos ocasiones para impedir el archivo de la causa.

    La entidad dice ahora que afronta el juicio con "confianza en la justicia" y bajo la esperanza de que "de una vez por todas" se ponga fin a la "impunidad" de una actuación que costó la vida a 15 personas.

    Etiquetas:
    delitos, procesamiento, Ceuta, migrantes, muertes, migración, España, Marruecos
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