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    España inaugura un nuevo curso judicial marcado por la sentencia del 'procés'

    © Sputnik / Elena Shersternina
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    MADRID (Sputnik) — Los máximos representantes del Poder Judicial en España celebraron el acto solemne de apertura del curso judicial 2019-2020, que estará marcado por la histórica sentencia del 'procés', la causa en la que fueron enjuiciados doce líderes independentistas catalanes por su responsabilidad en el referéndum unilateral de 2017.

    El acto de inauguración del curso judicial se celebró precisamente en el salón de plenos del Tribunal Supremo, el mismo lugar en el que se desarrollaron las sesiones del juicio del procés entre los pasados meses de febrero y junio.

    A lo largo de la ceremonia, presidida por el rey Felipe VI, diversos representantes del Poder Judicial pronunciaron discursos centrados en subrayar que el respeto a las leyes es condición necesaria para el desarrollo de la democracia.

    "Creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma", dijo la Fiscal General del Estado, María José Segarra.

    Estas palabras aluden directamente a las declaraciones del actual presidente del Gobierno autonómico de Cataluña, Quim Torra, que el 5 de septiembre manifestó su intención de "no aceptar" una sentencia condenatoria.

    Los doce líderes políticos y sociales enjuiciados en la causa del procés afrontan penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión por su participación en el proceso que llevó al citado referéndum, celebrado de forma unilateral e ignorando la prohibición explícita del Tribunal Constitucional de España.

    Entre las personas enjuiciadas destacan figuras como Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente del Gobierno catalán; o Carme Forcadell, que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento de Cataluña.

    Aunque por el momento no hay ninguna fecha oficial, está previsto que el Tribunal Supremo emita la sentencia en la primera quincena de octubre.

    En caso de emitir la sentencia los primeros quince días del mes, el alto tribunal evitará que los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart —encarcelados desde el 16 de octubre de 2016— cumplan dos años en prisión preventiva, el tiempo máximo que un acusado suele pasar en la cárcel en España antes de la resolución de su caso.

    Antes incluso de la emisión de la sentencia del procés, el nuevo curso judicial afrontará una importante cita en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde Quim Torra será juzgado los días 25 y 26 de septiembre por un presunto delito de desobediencia por negarse a retirar simbología independentista de edificios públicos en periodo preelectoral.

    En caso de ser encontrado culpable, Quim Torra podría ser castigado con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que la causa pone en riesgo su actual posición de presidente de la Generalitat de Cataluña.

    Más allá de Cataluña

    El curso judicial arranca con las decisiones sobre Cataluña marcadas en rojo en el calendario, pero en los próximos meses la administración de justicia también tendrá que pronunciarse con otros asuntos de gran relevancia para la política española, como la exhumación del dictador Francisco Franco.

    El Gobierno de España que preside el socialdemócrata Pedro Sánchez lleva más de un año envuelto en un proceso para intentar exhumar al dictador Francisco Franco, que está enterrado con honores en el complejo monumental del Valle de los Caídos, al norte de Madrid.

    En el marco de ese proceso, el Gobierno fijó el 10 de junio como fecha para proceder a la exhumación, pero estos trabajos fueron suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo tras admitir a trámite un recurso de los familiares de Franco contra el traslado.

    Dicho recurso afirma que la decisión de exhumar a Franco es "radicalmente inconstitucional" y, entre otras cosas, afirma que el traslado del cuerpo vulnera los derechos de la familia o que las obras necesarias para mover los restos mortales incumplen leyes urbanísticas.

    Valle de los Caídos, España
    © REUTERS / Sergio Perez
    Este mismo 9 de septiembre se conoció que la Abogacía del Estado presentó un escrito en el que se opone al recurso, afirmando que la exhumación es ajustada a la ley y no vulnera los derechos de la familia.

    Por el momento se desconoce en qué fecha tiene previsto pronunciarse el Tribunal Supremo sobre el fondo de la cuestión, lo que abre la posibilidad de que España acuda a una repetición electoral antes de tener una decisión al respecto, lo que sobre el papel hace posible la llegada de un nuevo Ejecutivo contrario a la exhumación antes de que esta llegue producirse.

    Además de estas cuestiones, el calendario judicial español también está pendiente del desarrollo de múltiples casos de corrupción (Lezo, Púnica, Gürtel…) en torno al Partido Popular o del caso de los ERE, en el que dos expresidentes del PSOE se enfrentan a penas de entre seis y diez años de cárcel.

    En los últimos años la actuación de la justicia contra la corrupción fue un factor determinante en la política española, hasta el punto de que una sentencia contra el Partido Popular en el marco de la trama Gürtel se convirtió en el pilar sobre el que se construyó la moción de censura que le costó el puesto como presidente del Gobierno al conservador Mariano Rajoy en el verano de 2018.

    En la inauguración del curso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, destacó la importancia de la lucha contra la corrupción porque este tipo de delincuencia es "especialmente grave" ya que "mina la confianza de la sociedad en las instituciones".

    Parálisis política

    El acto de inauguración del curso judicial, además de constatar la importancia de la inminente sentencia del procés, fue un recordatorio de que España afronta esa situación con un Gobierno en funciones.

    En su discurso Carlos Lesmes recordó que su presidencia al frente del órgano de gobierno del poder judicial ya acumula nueve meses en situación de interinidad porque la parálisis política hizo que las Cortes Generales no renovaran a las personas al frente de la institución.

    "Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y si se prolonga puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces", lamentó Lesmes, que aprovechó la ocasión para instar a "todos los poderes públicos" a cumplir con su "obligación" de "preservar las instituciones".

    Etiquetas:
    exhumación, Francisco Franco, independentistas, España, Cataluña
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