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    Comunidades autónomas asfixiadas económicamente: ¿sufrirá el Gobierno de España un efecto bumerán?

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    El ahogo económico que ha denunciado Cataluña por parte del Gobierno central ha puesto de relieve la necesidad de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas (CC. AA.), que no ha experimentado cambios desde el 2009. Los economistas subrayan que el reclamo del Govern es legítimo y añaden que el problema asfixia a todas las comunidades desde hace mucho tiempo.

    "Llevaremos al Gobierno a los tribunales por los adelantos de 2019, que son nuestros, de los ciudadanos de Catalunya y que están reteniendo de forma irregular a nuestro juicio", así ha anunciado la semana pasada el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía Pere Aragonès, invitando al resto de comunidades autónomas a sumarse a esta demanda.

    Según el gobierno catalán en total se trata de 1.317 millones de euros: 874 en entregas a cuenta no actualizadas y los otros 443 millones por el IVA, según la Consejería de Economía y Hacienda.

    Aparte de Cataluña, la Comunidad de Madrid calcula que le quedan pendientes de abonar por el Gobierno central unos 1.237 millones, Castilla y León reclama unos 440 millones; Canarias, unos 223 millones de entregas; Asturias habla sobre unos 200 millones pendientes, Cantabria, 135. Fuentes del Gobierno de Aragón apuntan que su déficit de las entregas es de 400 millones de euros. En total el Estado debe más de 6.000 millones de euros a las comunidades autónomas que reclaman al Estado que busque una fórmula que le permita pagarles.

    Apretarse el cinturón: ¿falta de un Gobierno o fallo del sistema?

    Según las leyes vigentes, las CC. AA. se financian de la cesta de los impuestos cedidos: 50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales que recauda la Agencia Tributaria y luego transfiere a las aomunidades autónomas.

    La cantidad a transferir a las CC. AA. aparece recogida en los presupuestos generales del Estado. Pero el plan de los Presupuestos Generales, ofrecido por el Ejecutivo socialista para el año 2019 fue rechazado por el Congreso el febrero pasado. Esto significa que los recursos deben ser transferidos así como fue contemplado en el presupuesto prorrogado del 2018.  

    "En esencia, el problema está en que más de la mitad de los recursos de las comunidades autónomas son recaudados por la Agencia Tributaria Estatal, que luego son transferidos", afirmó en la entrevista a Sputnik Santiago Lago-Peñas, el catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, experto para la Comisión Europea (H2020) y miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica.

    "Por tanto, el incremento de recaudación que se está produciendo en 2019 no está beneficiando las arcas autonómicas. Ellas contaban con ese dinero y ahora se ven abocadas a ajustar sus presupuestos a la baja en una cuantía muy elevada".

    "Al lado de lo anterior aparece un problema con la transferencia de recusos en el IVA, más complejo técnicamente, pero que tiene un origen similar: quien recauda es la Agencia Tributaria Estatal".

    El bloqueo político tiene una repercusión económica correspondiente y ya ha conllevado recortes y subidas de impuestos en las comunidades, afectando sectores esenciales de sanidad y educación y que llevará al incumplimineto del objetivo de déficit público comprometido.

    Un antiguo problema

    El primer modelo de financiación autonómica se implantó en 1980, tras la aprobación de la Constitución en 1978, y a lo largo del tiempo sufrió modificaciones.

    Los últimos cambios fueron aprobados en el 2009 que implicaron una nueva ley de financiación regional  (ley 22/2009, BOE, 2009a) y la reforma de la LOFCA (ley orgánica 3/2009, BOE 2009b). El objetivo era que las comunidades dependieran menos del Estado, lo cual se planeaba lograr a través de una mayor cesión de impuestos.

    Sin embargo, desde su introducción, los expertos expresaron una considerable incertidumbre sobre las implicaciones financieras de la nueva norma, que según diferentes opiniones, no funcionaba como podría haber parecido a primera vista.

    "El tema de la financiación en España es una cuestión que viene generando problemas desde hace muchos años", subraya el economista de Enfintech.com y profesor asociado de la Universidad de las Illes Balears (UIB) Pau A. Monserrat.

    "En España, entre otras reformas pendientes, figura la reforma del sistema fiscal que determina el importe que recibe cada CC. AA. en relación al total recaudado. El reparto de ingresos tributarios que genera cada comunidad autónoma [CC. AA.], la mayor parte recaudado directamente por el Estado, no llega después de forma justa y equilibrada a los ciudadanos de cada territorio que los genera, lo que implica que las CC. AA. que generan importantes recursos vía impuestos reciban mucho menos que otras".

    "Para medir la diferencia entre lo que reciben y aportan fiscalmente las CC. AA. se utilizan las balanzas fiscales, cuyos últimos datos disponibles son de 2014".

    "El actual sistema penaliza sin justificación económica a motores económicos como Catalunya, Illes Balears, Valencia e incluso Madrid [si bien este efecto queda mitigado por las ventajas de la capitalidad]", añade Monserrat.

    "Los ciudadanos de algunas de las CC. AA. que mejor desempeño económico han demostrado a lo largo de los años son castigados fiscalmente, recibiendo peor financiación pública per capita de sanidad o educación, entre otras partidas. Algo que no tiene explicación técnica y que en absoluto incentiva la buena marcha de la economía española en su conjunto".

    Los últimos intentos de hacer cambios fueron tomados en el 2017. En aquel entonces el Gobierno incluso formó la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica. Santiago Lago-Peñas ha formado parte de la dicha comisión y explica el porqué de no haber producido ningún cambio significativo en el modelo desde entonces:

    "La reforma del sistema de financiación autonómica es siempre difícil desde un punto de vista político porque hay regiones que salen mejor paradas que otras y esto genera polémica. Para que el proceso vaya adelante es importante un Gobierno central con un amplio respaldo en el congreso de los diputados".

    ¿Una solución judicial?

    Cataluña ha llamado a otras comunidades a sumarse a la reciente demanda judicial. Sin embargo, la mayoría ha descartado apoyarla en los tribunales.

    "Creo que la ruta judicial no es la mejor, —asegura Lago-Peñas— por dos razones. Primero, porque cualquier proceso judicial lleva mucho tiempo y necesitamos una solución en cuestión de semanas. Y segundo, porque el marco legal actual, leído literalmente, puede dar a la Administración central la razón".

    "Lo que necesitamos es una solución técnica articulada por el Gobierno en función del apoyo político explícito de las otras fuerzas políticas, para evitar que esto se convierta en un bumerán para el Gobierno central".

    Lago-Peñas baraja dos posibilidades en caso del otro bloqueo de la investidura y una repetición electoral en noviembre:

    "La primera consiste en revisar la distribución de los objetivos de déficit entre niveles de Gobierno, relajando el objetivo de las autonomías, y reduciendo el margen a la Administración central. La segunda es aprobar de forma urgente una modificación legislativa que permita el incremento de anticipos y la adaptación de las reglas de cesión del IVA".

    Según su opinión, la primera posibilidad es más sencilla, pero implica más deuda para las autonomías y, aparentemente, menos esfuerzo de consolidación fiscal en el escalón regional.
    "La segunda es más compleja políticamente, pero más coherente con la realidad económica y fiscal que observamos", concluye.

    ​A pesar de que algunos medios tacharon el reclamo catalán de 'jugada política', Lago-Peña no se pone de acuerdo, afirmando:

    "Es una muestra de cierta normalización en las preocupaciones y leitmotiv de la Generalitat. El gobierno catalán deja de hablar de independencia y pasa a hablar del funcionamiento del sistema vigente".

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