La historia se remonta a 2016 cuando Bruselas se quejó de que Madrid no cumplía a tiempo la transposición al ordenamiento jurídico nacional de las nuevas normas europeas.
Madrid, por su parte, insistía que la multa era "desproporcionada" y que la Comisión Europea "valoró erróneamente el coeficiente de gravedad" y, en particular, las consecuencias de no haber transpuesto la directiva. A su juicio, ya existían en el ordenamiento jurídico nacional determinadas medidas que regulaban algunos aspectos de dicha normativa europea.
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Finalmente, la Comisión Europea comunicó al Tribunal de Justicia que España ha trasladado correctamente la directiva europea a la legislación española y, en consecuencia, ha notificado su desistimiento formal del caso. El Ejecutivo comunitario formalizó este procedimiento el pasado 16 de junio, el día que entró en vigor la nueva ley hipotecaria.
