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    Presos independentistas Josep Rull, Jordi Sànchez and Jordi Turull

    La defensa de líderes independentistas insiste en que no hubo un alzamiento en Cataluña

    © REUTERS / Susana Vera
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    MADRID (Sputnik) — Las defensas de los líderes independentistas catalanes sometidos a juicio en el Tribunal Supremo iniciaron la exposición de sus informes finales.

    Se centraron en rebatir a la Fiscalía argumentando que el proceso soberanista de Cataluña fue pacífico y que los sucesos de otoño de 2017 no pueden ser calificados como un alzamiento, aunque sí asumieron que la convocatoria del referéndum pudo suponer un acto de desobediencia.

    "No fueron alzamientos; fueron protestas", dijo el abogado Jordi Pina, representante de tres de los 12 líderes independentistas que se encuentran acusados por la posible comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

    A lo largo de este martes varios representantes de las defensas expusieron sus informes finales en lo que se espera que sea la penúltima sesión del juicio, aunque cabe la posibilidad se alargue alguna jornada más si no hay tiempo para que todos los letrados y los acusados terminen de tomar la palabra este miércoles.

    La exposición de estos informes llega después de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se reiteraran en sus acusaciones, pidiendo condenas por rebelión y sedición respectivamente para la mayor parte de los acusados.

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    Entre los acusados destacan figuras como Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por un delito de rebelión. Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.

    Según los argumentos de la Fiscalía, los acusados son responsables de impulsar el proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, que fue celebrado pese a la prohibición explícita del Tribunal Constitucional y que desencadenó sucesos posteriores como la adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.

    Para justificar las acusaciones de rebelión y sedición, la parte acusatoria argumenta que las grandes movilizaciones del independentismo tuvieron un carácter violento.

    Uno de los puntos clave para justificar esa línea argumental se sitúa en el referéndum del 1 de octubre, fecha en la que los ciudadanos impidieron el acceso a los centros de votación a los agentes que tenían órdenes judiciales para detener la consulta, lo que generó enfrentamientos.

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    Otro punto clave es la manifestacione del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de Economía del Gobierno catalán, donde se estaban llevando a cabo una serie de registros policiales para detener los preparativos del referéndum.

    Frente a ese edificio gubernamental se concentraron alrededor de 40.000 personas que según la Fiscalía participaron en una manifestación "tumultuaria" en la que varios coches de policía fueron vandalizados.

    A lo largo de este 11 de junio las defensas intentaron contrarrestar todos estos argumentos, que constituyen los pilares de la acusación por rebelión, la más grave de las formuladas.

    El abogado Xavier Melero, representante de dos de los acusados, recordó que en la manifestación del 20 de septiembre "no hubo detenidos ni heridos" e incluso señaló que dentro de los coches vandalizados había una serie de armas que los manifestantes no sustrajeron.

    El hecho de que la Fiscalía defina los hechos como una rebelión sin armas centró buena parte de las intervenciones de las defensas.

    "La rebelión necesita armas. Tejero [el militar que protagonizó el intento de golpe militar en España el 23 de febrero de 1981] tenía carros de combate y 200 hombres armados para hacer claudicar al Estado", señaló Melero.

    En cuanto a los disturbios del 1 de octubre, las defensas achacaron los diferentes enfrentamientos entre algunos votantes y agentes a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que fue resumido por Melero afirmando que "el operativo del 1-O fue un fracaso".

    Otro de los pilares del relato de las defensas fue enmarcar la declaración de independencia adoptada por el Parlamento de Cataluña de 27 de septiembre de 2017 en un marco meramente simbólico recordando que no llegó a ser implementada, por lo que sus efectos fueron políticos y no jurídicos, impidiendo que se produjera una quiebra de la legalidad española.

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    "Si acabas de proclamar la independencia, debería haber asaltos y desorden, pero el 28 de octubre fuimos todos a trabajar tranquilamente", dijo Pina, antes de añadir que las autoridades catalanes ni siquiera llegaron a "arriar la bandera" en los principales edificios institucionales, que siguieron respondiendo a la legalidad española.

    Los letrados también negaron la comisión de delitos de malversación y afirmaron que la Fiscalía no consiguió acreditar el presunto uso de fondos públicos para financiar la consulta.

    El único punto en el que los letrados admitieron una actitud reprochable por parte de sus representados fue en el relativo a las acusaciones por desobediencia, ya que el referéndum fue convocado desoyendo las prohibiciones del Tribunal Constitucional.

    "Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión. La sedición tiene que ser violenta y tiene que implicar un alzamiento violento de algún tipo", dijo el letrado Van den Eynde antes de apostillar que "la desobediencia es la discusión real de este juicio".

    Tras las exposiciones de los letrados de este martes, más representantes de la defensa tomarán la palabra ante el Tribunal este miércoles, en el que se espera que el juicio quede visto para sentencia con las intervenciones finales de los acusados, que podrán tomar la palabra durante 15 minutos cada uno.

    Etiquetas:
    Cataluña, independentistas
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