Borrell expresó "varias quejas y solicitudes", según confirmó a los medios, sobre este grupo de trabajo que destaca especialmente la prisión provisional que sufre el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes en 2017 de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente.
El Ejecutivo español señala las "posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades", aseguró Borrell en rueda de prensa, después de un encuentro con su homólogo libanés, Gebran Basil.
El Gobierno ya avanzó tras la publicación que el grupo de trabajo usó informaciones "incorrectas".
"Los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia. Además, consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española", apuntan desde el Ejecutivo español.
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Según el informe, las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 fueron convocadas "en favor del referéndum del 1 de octubre" y no concentraciones destinadas "a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales".
Además, "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial", apuntan desde el Ejecutivo.
Entre otras cuestiones, también "dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".
Después de la publicación, Madrid solicitó que se refuerce "el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante los intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".
Varios líderes independentistas catalanes se encuentran en prisión preventiva desde 2017 mientras se desarrolla en el Tribunal Supremo el juicio para dilucidar la posible comisión de diversos delitos, entre ellos el de rebelión, por parte de las personas que encabezaron el proceso independentista catalán que llevó al referéndum de 2017.
