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    La Fiscalía pide imputar por organización criminal a 28 personas por el referéndum catalán

    CC BY-SA 2.0 / Jordi Domènech i Arnau / Arc de Triomf
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    MADRID (Sputnik) — La Fiscalía de Barcelona solicitó imputar por un delito de organización criminal a un total de 28 personas que presuntamente participaron en los preparativos para la convocatoria del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 (1-O).

    Según un escrito de la Fiscalía, todas estas personas se integraban dentro de un organigrama para, desde sus distintas posiciones, "contribuir de manera decisiva a la consecución de la celebración del referéndum".

    El escrito de la Fiscalía se dirige contra varios altos cargos de la administración catalana, contra empresarios que aportaron material para la consulta e incluso contra la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

    De esta manera, según el Ministerio Público, entre los integrantes de esa supuesta organización criminal se encontrarían los directores de la televisión y la radio pública de Cataluña, a los que les atribuye dar difusión de la convocatoria, que había sido declarada ilegal por la justicia española.

    Con este movimiento de la Fiscalía, las autoridades judiciales piden por primera vez que los organizadores del 1-O sean considerados como una organización criminal.

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    Además, el escrito también atribuye delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos a las personas encargadas de organizar la consulta.

    Según el Ministerio Público, una organización criminal es "cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas" para realizar actividades delictivas.

    A su modo de ver, esta descripción coincide con la actividad de los procesados de cara al 1-O, porque trabajaron de "forma concertada" para "perseguir la secesión de Cataluña".

    La petición para imputar a estas se produce en el marco de la causa que instruye un juzgado de Barcelona para investigar el 1-O, una causa en la que están procesadas 30 personas.

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    Esta causa está diferenciada del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo desde febrero para juzgar por posibles delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia a integrantes del Gobierno catalán, miembros del Parlamento catalán y líderes sociales que lideraron el proceso independentista.

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    imputación, España, Cataluña, referéndum
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