"La legislatura tiene fecha de caducidad. La exhumación no creemos que se pueda hacer antes de las elecciones del 28 de abril", lamenta en declaraciones a Sputnik Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Desde las asociaciones "no entienden" como "un poder Ejecutivo no hizo nada de oficio, ejecutando la exhumación".
El presidente de la ARMH recuerda que en Navarra, el 26 de noviembre de 2016, en el segundo monumento más grande que hay en España a los franquistas, el alcalde de Pamplona sacó los restos de los generales franquistas Emilio Mola y José Sanjurjo, algo que provocó la querella de la familia de Sanjurjo, pero finalmente el juez archivó el caso.
Ante esta situación, piden al Ejecutivo que sea "resolutivo" porque es "un deber democrático".
Desde la asociación, no proponen ningún sitio para trasladar los restos, tan solo piden "que no se pague con dinero público" y que se evite "un lugar de peregrinaje fascista".
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Asimismo, Emilio Silva confirmó que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez hasta el momento no ha sido capaz de cumplir su promesa de exhumar al dictador español Francisco Franco, una situación que está siendo muy criticada por las asociaciones de memoria histórica.
El presidente de la asociación, una de las más importantes en España en memoria histórica, considera que es "muy triste" comprobar cómo alguien en nombre del Gobierno "está sentándose a negociar con la familia del dictador".
Hace dos semanas, el Gobierno de España dio por culminados los procedimientos administrativos para la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el mausoleo donde fue enterrado tras su fallecimiento en 1975, y otorgó a sus familiares un plazo de 15 días para elegir el nuevo lugar de reposo de sus restos.
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Sin embargo, las asociaciones consideran que el Ejecutivo "se está dejando influenciar por las críticas de la derecha y de la propia familia" cuando debería "hacer efectiva la orden desde el poder Ejecutivo, sin tantos formalismos".
