"Esperemos que estas medidas no tengan que utilizarse, porque solo entrarían en aplicación si el Reino Unido decidiese salir de la Unión Europea por la ventana", dijo en rueda de prensa el canciller español, Josep Borrell.
Según explicó el ministro, el decreto tiene "el objetivo fundamental de preservar los intereses y los derechos de los ciudadanos", sobre todo en cuestiones relativas a la libre circulación.
El decreto asiste a los ciudadanos británicos en España otorgándoles, entre otras cosas, acceso a la asistencia sanitaria o reconocimiento a sus cualificaciones profesionales y académicas.
Del mismo modo, el decreto regula las actividades económicas para garantizar la continuidad de los servicios financieros y aborda cuestiones relativas al mantenimiento de los flujos comerciales.
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"Los británicos que decidieron venir a España antes de la retirada seguirán como antes", aseguró Borrell.
Estas medidas son aprobadas por España de forma unilateral, dando una protección especial a los cerca de 300.000 británicos residentes en el país.
Por su parte, Londres también aprobará un paquete de medidas similar, para dar protección a los ciudadanos españoles en el Reino Unido.
Al abordar la situación de forma unilateral pero coordinada, los dos Estados se ahorran tener que elaborar un tratado internacional al respecto, lo que hubiera llevado una serie de trámites que habrían alargado el proceso.
