"El 155 era más operativo y justo que el estado de excepción y de sitio", dijo Mariano Rajoy, que declaró como testigo en el juicio a los doce líderes independentistas catalanes.
El expresidente jugó un papel clave en la respuesta del Gobierno central ante estos actos, ya que él fue el encargado de invocar el artículo 155 de la Constitución para, con la autorización del Senado, intervenir la autonomía de las instituciones catalanas y cesar al Gobierno responsable del referéndum, presidido por el líder independentista Carles Puigdemont.
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En respuesta a las preguntas planteadas por las partes, Rajoy recordó que la activación del artículo 155 fue una decisión "excepcional" sin precedentes en la democracia española.
"La situación era tan excepcional que aplicamos por primera vez en la historia de la democracia española el artículo 155, que intervenimos las cuentas de la Generalitat y que presentamos una veintena de recursos ante el Tribunal Constitucional", explicó Rajoy.
De acuerdo con su relato, la vía del 155 resultaba más adecuada que la alternativa del estado de excepción porque permitía frenar la actuación del independentismo "sin afectar a derechos individuales".
"El estado de excepción o de sitio se estudió, pero no le dedicamos mucho tiempo", añadió.
Desde su llegada al Gobierno en 2011, Rajoy mantuvo seis reuniones con el presidente catalán Artur Mas y otras dos con su sucesor en el cargo desde el año 2015, Carles Puigdemont.
"Eran plenamente conscientes de que no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y saltarme la ley, por tanto, no hubo ningún acuerdo y ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum", relató.
Según recordó Rajoy, para convocar un referéndum de autodeterminación es necesario cambiar la Constitución con el voto favorable de las Cortes Generales y la posterior aprobación de "todo el pueblo español".
Por ello, prosiguió Rajoy, la consulta celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, no es merecedor del calificativo de referéndum, ya que no contó con las garantías legales para ser definido de esa manera.
"Se intentó convocar un referéndum, pero allí no hubo ningún referéndum", aseveró Rajoy, desacreditando la consulta y recordando que la Junta Electoral Central tampoco le otorgó la calificación de referéndum.
En su declaración, Rajoy admitió haber mantenido distintas conversaciones con destacadas personalidades políticas durante los momentos álgidos de la crisis catalana como por ejemplo el presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu.
Rajoy admitió que debatió con Urkullu durante la crisis pero, al igual que rechazó la calificación de referéndum, se negó a calificar la actuación del líder vasco como la de un "mediador".
"No ha habido ningún mediador de nada porque mis posiciones estaban claras y las de los otros también", afirmó Rajoy, quien subrayó que le gusta "dialogar y pactar" pero siempre cumpliendo las reglas del juego", algo que en su opinión no podía darse con el independentismo.
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Mariano Rajoy, lamentó las imágenes de violencia producidas durante el operativo policial contra el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero descargó toda la responsabilidad sobre el Gobierno catalán que convocó la consulta.
"Lamento muchísimo estas imágenes. No me gustan", dijo.
El expresidente del Gobierno pronunció estas palabras después de que abogados de la defensa le mostraran un vídeo en el que podía observarse a agentes antidisturbios golpeando con sus porras a ciudadanos plantados a las puertas de los centros de votación.
"Si no se hubiera llamado la gente a un referéndum ilegal y no se hubieran tomado decisiones llamando a saltarse la legalidad vigente no habríamos tenido que ver las lesiones que tuvieron algunas personas y algunos representantes de los cuerpos de seguridad del Estado", declaró.
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Rajoy, además de culpar al independentismo de los disturbios acontecidos ese día, recordó que fueron los responsables de los cuerpos policiales y no el Gobierno quienes diseñaron el operativo contra el referéndum.
Siete de esas personas recibieron un pronóstico grave, destacando el caso de una persona que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.
Por su parte, el Ministerio del Interior de España aseguró entonces que los sucesos del 1 de octubre dejaron contusionados a un total de 431 agentes de los cuales —según la prueba testifical de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ante el Supremo— 93 fueron atendidos por los servicios sanitarios.
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Pese a lamentar las imágenes de violencia, Rajoy afirmó que "la Policía y la Guardia Civil hicieron un servicio importante" y que también se produjeron "otras imágenes" en las que los agentes sufrieron agresiones.
En concreto, afirmó que "no le parece normal" que decenas de miles de manifestantes se agolparan el 20 de septiembre frente a un edificio donde se realizaban registros policiales para impedir el referéndum.
Del mismo modo, añadió que también se produjo un clima de "acoso" a policías y alcaldes que "defendían la ley".
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra doce líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Para el resto de los acusados, la mayoría de ellas exintegrantes del Gobierno catalán, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para los doce acusados.
