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    Exvicepresidenta de España durante el juicio del procés: "La declaración de independencia fue vinculante"

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    MADRID (Sputnik) — La exvicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ante el Tribunal Supremo que las instituciones catalanas fueron intervenidas porque desde Madrid se entendió que la declaración de independencia adoptada por el Parlamento catalán en octubre de 2017 no tenía carácter simbólico.

    "Se había declarado unilateralmente la independencia de Cataluña. Había una vulneración grave del orden constitucional", dijo Santamaría, que declaró como testigo.

    El 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña, de mayoría independentista, adoptó dos resoluciones en base a los resultados del referéndum celebrado el día 1 de ese mismo mes, una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

    "Nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación y de acuerdo con el mandato recibido del pueblo de Cataluña, constituimos la República de Cataluña como estado independiente y soberano", rezaba la primera resolución, dando un carácter formal a una declaración que ya había sido votada fuera del ámbito parlamentario por los diputados independentistas.

    Sin embargo, estas consideraciones estaban incluidas en la exposición de motivos y no en la parte dispositiva de la resolución, lo que fue utilizado por el independentismo para defender que la declaración fue un gesto político sin efectos prácticos.

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    La segunda de esas resoluciones instaba al Gobierno catalán a poner en marcha un proceso constituyente al amparo de las leyes de ruptura que fueron aprobadas previamente, también consideradas ilegales por el Tribunal Constitucional.

    En su exposición de los hechos de aquellos días, Santamaría recordó que el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hizo un requerimiento al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, para aclarar si se había declarado la independencia.

    Desde Madrid se consideró que la respuesta de Puigdemont no fue lo suficientemente aclaratoria, por lo que se decidió, con la autorización previa del Senado, activar el artículo 155 de la constitución para destituir al Gobierno catalán e intervenir sus instituciones.

    "¿Ustedes creyeron que era una declaración meramente simbólica?", preguntó este 27 de febrero el fiscal del Tribunal del Supremo, Javier Zaragoza, a la exvicepresidenta del Gobierno.

    La exmandataria española respondió rotunda: "No, por eso aplicamos el 155"

    "Todo gobierno tiene que cumplir las leyes y hacerlas cumplir y cumplir la Constitución", insistió.

    Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra 12 líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

    Entre los acusados destacan figuras como Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación.

    Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.

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    Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.

    Etiquetas:
    política interna, integridad territorial, independencia, Cataluña, España
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