En respuesta a las preguntas de las partes, Santamaría afirmó que hubo "actuaciones violentas" en distintas ocasiones a lo largo del proceso independentista.
Según el relato de las acusaciones, las más de 60.000 personas que se reunieron frente al edificio impidieron a los agentes y a los funcionarios judiciales llevar a cabo los registros con normalidad por el carácter "tumultuario" e "intimidatorio" de la protesta, lo que es utilizado para justificar las acusaciones por rebelión y sedición.
"Lo vimos todos por televisión. Cuando una comisión judicial tiene el encargo de llevar a cabo un registro, va a una dependencia pública y se le impide salir yo lo considero violencia", dijo la política conservadora.
Del mismo modo, la exvicepresidenta responsabilizó al Gobierno catalán de los disturbios del 1 de octubre, asegurando que el independentismo usó a la ciudadanía como "murallas humanas" frente a los cuerpos de seguridad que tenían órdenes judiciales de detener la consulta.
Según datos el Gobierno catalán, un total de 1.066 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios tras las cargas policiales durante el referéndum.
Siete de esas personas recibieron un pronóstico grave, destacando el caso de una persona que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.
Por su parte, el Ministerio del Interior de España aseguró entonces que los sucesos del 1 de octubre dejaron contusionados a un total de 431 agentes.
Sin embargo, según el relato ofrecido por Santamaría ante el tribunal, fueron 93 los agentes heridos.
Preguntada por las imágenes sobre distintas agresiones desproporcionadas por parte de algunos agentes hacia los votantes a lo largo del operativo, Santamaría lamentó que "en estas actuaciones siempre se producen imágenes que no nos gustaría ver", pero defendió que las fuerzas del orden actuaron "con total profesionalidad".
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A ese respecto, Santamaría valoró que la actuación evitó "consecuencias más graves" por la "irresponsabilidad de la Generalitat de seguir adelante con el referéndum".
"Las imágenes del 1-O no son agradables, pero si no se hubiera hecho un llamamiento a murallas humanas, no habrían pasado", insistió, volcando toda la responsabilidad de los disturbios hacia el Gobierno catalán.
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra 12 líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.
