Widgets Magazine
En directo
    Policía Nacional española en Cataluña (archivo)

    Responsable de Interior niega órdenes a la Policía catalana para permitir el referéndum

    © Sputnik / Alexey Vitvitsky
    España
    URL corto
    0 11

    MADRID (Sputnik) — El consejero de Interior del Gobierno catalán que convocó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, Joaquim Forn, negó haber dado órdenes a los mandos policiales para permitir la celebración de la consulta.

    "No se les pidió que dejaran de hacer sus funciones para adherirse a una decisión política", dijo Forn a las preguntas de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, donde está siendo juzgado por rebelión y otros delitos junto a otros once líderes independentistas.

    En su turno de preguntas, la Fiscalía recordó que los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica) tenían órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para incautar material electoral e impedir la celebración del referéndum.

    De acuerdo con el relato de Forn, tanto él como el entonces presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, transmitieron a los mandos policiales su "respeto" hacia sus "obligaciones" respecto a las órdenes de la Fiscalía y el TSJC.

    Además: El juicio a los líderes independentistas desatará "una tormenta en Cataluña"

    En consecuencia, afirma Forn, el Gobierno catalán no pidió a los agentes llevar a cabo ningún tipo de actuación, ya sea por activa o por pasiva, para favorecer la consulta.

    A su modo de ver, el hecho de que los Mossos no fueran capaces de impedir la votación, pese al apoyo recibido por la Policía Nacional y la Guardia Civil, no se debe a que el Gobierno catalán le diese órdenes en ese sentido, sino a que los tres cuerpos no disponían de efectivos suficientes para hacerlo.

    La instrucción del TSJC establecía la obligación de instaurar una vigilancia permanente en los centros de votación, precintarlos, y establecer un perímetro de 100 metros en el edificio para que no se constituyeran las mesas electorales.

    "Ni con la suma de todos los efectivos disponibles hubiese sido posible. Eran necesarios unos 40.000 efectivos y contaban con unos 7.000", aseguró Forn.

    Niega la violencia

    En su interrogatorio, Forn también rechazó los relatos de las acusaciones sobre la existencia de una estrategia violenta para forzar la independencia de Cataluña.

    Uno de los hechos utilizado como prueba  por las acusaciones para afirmar que el proceso independentista fue violento, tiene que ver con las protestas ocurridas el 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de Economía del Gobierno catalán, donde la Guardia Civil realizaba registros judiciales como parte de una operación para impedir el referéndum.

    Frente a ese edificio, convocados por plataformas civiles como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, se concentraron 60.000 manifestantes, que según las acusaciones dificultaron la actuación de la comisión judicial, hasta el punto de que una funcionaria tuvo que abandonar el lugar por la azotea, al considerar que su seguridad no estaba garantizada.

    "Construyen unos relatos que son un poco peliculeros. No salió subiendo por los tejados, no, sino saltando un muro de un metro y medio que conectaba la Consejería con el edificio colindante", respondió Forn.

    Según la exposición del Fiscal, en esa manifestación fueron vandalizados hasta siete coches de policía, algunos de ellos con armas en su interior.

    Forn eludió cualquier responsabilidad en cuanto a una posible sustracción de armas porque, según explicó, los coches vandalizados eran de la Guardia Civil, y no de los Mossos d'Esquadra, el cuerpo del que era responsable políticamente.

    En cuanto al referéndum del 1 de octubre y a los enfrentamientos que se produjeron entre votantes y agentes, el responsable de Interior eludió cualquier responsabilidad, afirmando que éstos se debieron a una mala actuación policial por parte de los cuerpos estatales.

    Tema relacionado: El independentismo catalán se sienta en el banquillo: así es el juicio del 'procés'

    Forn negó que desde su departamento se tuviera conocimiento previo de la posibilidad de enfrentamientos violentos.

    La acusación presenta como prueba un informe policial remitido a Forn, en el que se le advierte sobre la posibilidad de distintos escenarios de riesgo ante la previsión de concentraciones masivas.

    Según el relato del líder independentista, ese tipo de informes se realizan de forma rutinaria ante la previsión de cualquier concentración masiva, incluso con motivo de partidos de fútbol, por lo que decidió no darle importancia, entendiendo que no dibujaba un escenario de "violencia generalizada".

    Joaquim Forn es uno de los acusados claves en la causa, ya que su papel como responsable de Interior es vital a la hora de dilucidar el posible uso de los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica) para fines independentistas, así como cuestiones relativas a los escenarios de seguridad en las fechas claves del proceso, algo clave para evaluar la posible existencia de escenarios de violencia que justifiquen una condena por rebelión o sedición.

    El exconsejero de Interior afronta una petición de 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por parte de la Fiscalía, que le considera culpable de delitos de rebelión y malversación.

    También: España sin Presupuestos para 2019: No es no, Pedro Sánchez

    Por su parte, la Abogacía del Estado le acusa de sedición y malversación, delitos por los que pide 11 años y seis meses de prisión, acompañados de una pena similar de inhabilitación.

    Finalmente, Forn afronta una petición de 74 años de prisión por parte de la acusación particular, formulada por el partido ultraderechista Vox, que le considera culpable de rebelión, malversación e integración en organización criminal.

    Etiquetas:
    referéndum, Los Mossos d'Esquadra, Joaquim Forn, España, Cataluña
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía FacebookComentar vía Sputnik