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    El juicio a los líderes independentistas catalanes en Madrid

    Arranca el juicio a los líderes independentistas catalanes en Madrid

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    MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo inició el juicio a los doce líderes independentistas catalanes considerados responsables del proceso secesionista que dio lugar al referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

    "Vamos a explicar que la causa atenta contra la disidencia política", precisó al comienzo de la sesión el magistrado Andreu Van Den Eynde, defensor de varios de los acusados.

    Los doce acusados afrontan acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia como presuntos promotores y ejecutores del proceso independentista.

    El presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, afirmó que el juicio será "la prueba del algodón" para medir la calidad democrática de España.

    Está previsto que la vista oral se centre en los trámites de cuestiones previas y en la impugnación por parte de la defensa de varias pruebas presentadas por la Fiscalía.

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    Antes del comienzo de la vista, a pocos metros de la sede del Tribunal Supremo, varios líderes independentistas, entre ellos el presidente catalán, Quim Torra, encabezaron una acción de protesta contra el juicio junto a decenas de manifestantes.

    "A pesar de los días duros que vienen, no nos rendiremos", afirmó Torrent, presente entre los manifestantes.

    Al término de la concentración, los representantes institucionales de Cataluña accedieron al tribunal, donde tienen reservado un espacio para poder presenciar el juicio.

    Además de la concentración independentista, también se produjo una pequeña manifestación por parte de sectores de ultraderecha, que aglutinó a cerca de treinta personas.

    "Hemos venido a defender la unidad de España", cuenta a Sputnik Alfredo García, un manifestante llegado a Madrid en bus desde Barcelona.

    A su modo de ver, los doce acusados son "unos golpistas" y "un peligro para España" porque "llevan años adoctrinando a la gente en el independentismo a base de mentiras, al igual que hacen los yihadistas".

    En un sentido similar se expresa Antón Beltrán, que porta una pancarta verde del partido ultraderechista Vox mientras acusa a los políticos independentistas de ser "unos corruptos" y "unos ladrones" que "están enfrentando a la mitad de la sociedad con la otra mitad, con todos los riesgos que eso conlleva".

    Pese a la presencia de manifestantes, el inicio del juicio tuvo lugar sin incidentes relevantes, aunque los agentes de seguridad se vieron obligados a impedir el paso a tres jóvenes de ultraderecha que intentaron saltarse el cordón policial para entrar al edificio.

    Los acusados

    El gran ausente en el juicio será Carles Puigdemont, presidente del Gobierno catalán que convocó el referéndum, que huyó de España tras los sucesos de octubre de 2017.

    La ausencia de Puigdemont deja como mayor representante catalán en el banquillo de los acusados a Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno que convocó la consulta.

    Este dirigente independentista es el que afronta mayores peticiones de prisión: 25 años de cárcel por rebelión, agravada con malversación por parte de la Fiscalía y 12 años por sedición y malversación por parte de la Abogacía General del Estado.

    Otras figuras destacadas entre los acusados son Carme Forcadell (expresidenta del Parlamento de Cataluña) o Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes sociales que a través de plataformas como la Asamblea Social Catalana y Òmnium Cultural marcaron el pulso de la movilización callejera en favor del independentismo.

    ​Otros acusados destacados son Jordi Turrull (consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán), Raul Romeva (consejero de Exteriores), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior).

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    Todos ellos afrontan peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado que oscilan entre los 8 y los 17 años de prisión.

    Finalmente, constan como acusados Meritxell Borràs (consejera de Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa), para quienes se exige una pena menor, de hasta siete años de cárcel, ya que ninguno de ellos afronta cargos de rebelión o sedición, al considerarse que tuvieron un menor peso en el desarrollo del proceso independentista.

    Además, en la causa está personado el partido ultraderechista Vox, que ejerce como acusación particular, solicitando penas de hasta 74 años de cárcel para aquellas personas con mayores responsabilidades en el Gobierno catalán, al que definen como una "organización criminal".

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    De los 12 acusados, nueve se encuentran en prisión preventiva. Algunos de ellos, como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un periodo de tiempo superior a un año, lo que ha sido denunciado como un abuso por organizaciones como Amnistía Internacional.

    Los delitos

    Una de las claves del juicio se encuentra en la posible existencia de elementos de violencia en la estrategia independentista para consumar la ruptura con España, algo negado con vehemencia por parte de los acusados.

    Según el Código Penal de España, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Del mismo modo, el delito de sedición se aplica a aquellos que, sin estar comprendidos en un delito de rebelión, "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir la aplicación de las leyes".

    Los líderes independentistas dicen haber seguido en todo momento una estrategia basada en la movilización pacífica, intentando evitar cualquier tipo de acto violento. Sin embargo, el auto de procesamiento del Tribunal Supremo señala la existencia de posibles elementos violentos en algunos momentos clave del proceso independentista.

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    En concreto, el auto se refiere a lo ocurrido el 20 de septiembre de 2017, frente a la sede de Economía del Gobierno catalán, donde la Guardia Civil realizaba registros judiciales como parte de una operación para impedir el referéndum.

    Frente a ese edificio, convocados por plataformas civiles como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, se concentraron 60.000 manifestantes. Según el juez instructor, esos manifestantes destrozaron dos coches patrulla e impidieron el normal desarrollo del trabajo policial, lo que puede dar lugar a la comisión de delitos de rebelión —o al menos de sedición—  por parte de los convocantes.

    Además, la acusación de rebelión se basa en el análisis de los hechos del día 1 de octubre, haciendo un especial hincapié en recodar que, aquel día, miles de ciudadanos mostraron resistencia frente a agentes que tenían la orden de impedir la votación.

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    Según el auto de procesamiento, el independentismo "decidió utilizar el poderío de la masa" para "hacer frente a una actuación policial" conociendo "el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos".

    "Es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza", argumenta el auto, para terminar de justificar el procesamiento por rebelión.

    En cuanto a los delitos de malversación y desobediencia, estos se circunscriben en el supuesto uso de fondos públicos para convocar el referéndum y en la negativa de las autoridades gubernamentales a acatar las órdenes judiciales contrarias a la consulta.

    Los ausentes

    Una de las claves del juicio, sobre todo a nivel político, se encuentra en sus ausencias. Además de Carles Puigdemont, no se sentarán en el banquillo de los acusados otras seis personas que fueron procesadas pero que decidieron huir de España para evitar su enjuiciamiento.

    Estas personas son Toni Comín (exconsejero de Sanidad del Gobierno catalán), Meritxell Serret (Agricultura), Lluis Puig (Cultura), Clara Ponsatí (Enseñanza), Marta Rovira (secretaria general de ERC) y la diputada Anna Gabriel (del partido anticapitalista e independentista CUP).

    Tras su huida, el Tribunal Supremo emitió órdenes de captura contra todos ellos, pero los tribunales de Bélgica, Escocia, Suiza y Alemania rechazaron su entrega a Madrid en los términos propuestos por la justicia española.

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    Especialmente relevante es el caso de Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica tras los sucesos de octubre de 2017, país presuntamente más favorable para rechazar su extradición, pero que finalmente fue detenido en marzo de 2018 en Alemania tras realizar una visita a Finlandia.

    En concreto, Puigdemont fue detenido en el estado de Schleswig-Holstein, donde finalmente un tribunal acordó su entrega a España para ser juzgado por malversación, pero no por delitos de rebelión, al entender que no hubo violencia en el proceso político encabezado por el líder independentista.

    Una vez rechazado el envío para ser juzgado por rebelión, el Tribunal Supremo se negó a recibir al líder independentista para juzgarlo solo por malversación, por lo que Puigdemont quedó en libertad.

    El rechazo de varios tribunales europeos a la extradición de los líderes independentistas es uno de los puntos clave en los argumentos de la defensa, que denuncia un supuesto clima de persecución política al movimiento independentista.

    "Seis diputados o exdiputados han tenido que marchar al exilio y los tribunales internacionales denegaron su extradición porque las acusaciones no tienen fundamento", subrayó el pasado 7 de febrero el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en una declaración institucional relativa al juicio.

    Las denuncias sobre la falta de garantías suficientes en el juicio por parte del independentismo fueron una constante en los últimos meses, hasta el punto de que el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se vio obligado hace unas fechas a defender ante el Consejo de Europa que España es una "democracia plena" pese a lo que definió como "relatos falsos".

    Cómo será el juicio

    El juicio comenzará este 12 de febrero a las 10.00 (hora local) y se celebrará únicamente del 12 a 14 de febrero bajo un tribunal compuesto por siete magistrados.

    El presidente de ese tribunal será Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

    Por el momento resulta difícil calcular hasta cuándo se prolongará el juicio, aunque algunos medios locales avanzan que desde el Tribunal Supremo se maneja una previsión no menor a los tres meses de duración.

    A lo largo del juicio, gran parte del foco mediático se centrará sobre los testigos, ya que ante el tribunal desfilarán algunas de las figuras políticas más relevantes en la historia reciente de España.

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    Entre otros, están llamados como testigos el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el presidente catalán anterior a Carles Puigdemont, el también independentista Artur Mas.

    Pese a las reiteradas peticiones de la defensa, no habrá observadores internacionales para vigilar el proceso in situ.

    En su lugar, el Tribunal Supremo habilitó un sistema de retransmisión online para permitir que cualquier persona pueda seguir el transcurso del juicio de forma íntegra desde cualquier lugar.

    Esto, unido a la presencia de 600 periodistas de 170 medios nacionales e internacionales, hará que el juicio, que a buen seguro marcará el devenir político en los próximos años para España y Cataluña, sea retransmitido minuto a minuto por los medios de comunicación de medio mundo.

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